El PP cuestiona la legalidad de la adquisición de CCM

El Partido Popular pone en duda que la adquisición de Caja Castilla-La Mancha por parte de Cajastur pueda llevarse a cabo "sin modificaciones legislativas" y llevará esta cuestión a la próxima sesión de control al Gobierno de los Diputados del próximo miércoles.

El diputado 'popular' por Guadalajara Ramón Aguirre planteará esta pregunta a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, en el primer pleno de control en la Cámara Baja en tres semanas, tras el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Lo hará además en un momento en el que la Comisión Europea está examinando si las ayudas públicas concedidas hasta ahora por España a CCM para garantizar su supervivencia, así como los fondos para facilitar su absorción por parte de Cajastur, respetan la legislación comunitaria.

"La Comisión está analizando todavía el estatus del apoyo financiero recibido por Caja Castilla la Mancha y su compatibilidad con el Tratado", explicó hace unos días a Europa Press el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

Por su parte, Salgado resaltó esta semana que España ha informado a Bruselas incluso de las operaciones realizadas con el fondo de garantía de depósitos, sin participación de fondos públicos, como en el rescate de CCM. Asimismo, anunció que "en los próximos días" el Gobierno comunicará a Bruselas los "detalles" de la adquisición de CCM por parte de Cajastur.

Hasta ahora, el Banco de España ha concedido a CCM una línea de liquidez por un importe máximo de 9.000 millones de euros. Además, la entidad recibió 1.300 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas. Tras su adquisición por Cajastur, será la entidad asturiana la que se quede con las ayudas del Fondo de Garantías.

La Comisión ha avisado al Gobierno español de que deberá pedirle autorización caso por caso para las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se concedan para facilitar la reestructuración de bancos y cajas de ahorros. Sólo así estas ayudas gozarán de "seguridad jurídica" y se evitará el riesgo de que el Ejecutivo comunitario reclame posteriormente su devolución por considerarlas ilegales.

La exigencia de notificaciones caso por caso se aleja de la práctica que había seguido hasta ahora el Ejecutivo comunitario, que consistía en examinar y aprobar solamente los planes de ayuda al sector bancario, y dejar su aplicación individual en manos de las autoridades españolas. Es lo que ocurrió con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el plan de avales del Estado a las nuevas emisiones de deuda, cuyas operaciones individuales no han debido comunicarse a Bruselas.

En este caso, la Comisión exige aprobar cada caso individual porque considera que las condiciones que establece el FROB son "tan amplias y generales" que dejan mucho "margen de maniobra a las autoridades españoles a la hora de dar ayudas a bancos individuales".