Repsol provisiona 1.000 millones de euros para hacer frente a las causas judiciales pendientes

El grupo Repsol sufre un serio quebradero de cabeza con las constantes denuncias y sanciones que le imponen en gran parte de los cerca de 30 países, de cuatro continentes, en los que opera, lo que le ha obligado a sumar provisiones en su balance para cubrirlas que, según fuentes jurídicas de la compañía, pueden superar ya este año los 1.000 millones de euros. Esta cantidad se reparte casi a partes iguales entre las denuncias de carácter fiscal, para las cuales tenía a comienzos de este año reservados en balance 520 millones, y las restantes, que se refieren en su mayor parte a reclamaciones por daños medioambientales y multas por operar supuestamente a través de cárteles.

 

La propia compañía reconoce que el endurecimiento de los marcos regulatorios durante los últimos ejercicios en prácticamente todos los países en los que opera, y la inseguridad jurídica en Latinoamérica han multiplicado, sobre todo por la aportación de la argentina YPF, el número de contingencias judiciales a las que se enfrenta. Un hecho que le está generando más incertidumbre de la deseada. De hecho, las explicaciones sobre las normas legales que afectan a su negocio ocupan doce páginas al inicio de su última memoria.

En el ámbito medioambiental, a pesar de las mejoras tecnológicas, las actividades de prospección y extracción, cada vez más complejas y en lugares sensibles (grandes profundidades oceánicas y selvas protegidas, entre otros), han elevado el riesgo de contaminación. A esto hay que añadir que Repsol comienza  a ser una petrolera veterana, lo que le supone una penalización en las provisiones que hasta ahora dedicaba al desmantelamiento de unidades, que ya superan los 800 millones de euros en su balance.

La penalización en los resultados no es baladí. Repsol tuvo que dotar el año pasado 133 millones de euros con cargo a la cuenta de resultados para cubrir contingencias medioambientales, lo que supone casi el 50% más que el año anterior. Los pagos por sanciones no recurridas (que son las menos), indemnizaciones y otras causas llegaron a los 69 millones, con un aumento anual del 11%.

 

Prácticas anticompetitivas

España y Europa no son una excepción a esta tendencia. En materia de prácticas que atentan a la libre competencia, el grupo ha sido duramente sancionado en pasados ejercicios por su participación activa en cárteles como el de asfalto y de látex sintético.

En los últimos meses, el Consejo de Ministros le ha multado por incumplir las normas de vertidos en su refinería de Puertollano, en dos ocasiones con cerca de un millón de euros e indemnizaciones por el daño generado. Todo ello está originando una mayor movilización de las organizaciones ciudadanas, en especial de las ecologistas, para protestar contra las malas prácticas de la compañía.

Competencia también le impuso este año una multa muy grave, de 5 millones, por fijar precios, en connivencia con Cepsa y BP, en algunas gasolineras independientes. En este caso, las federaciones de transportistas han pedido a los ciudadanos paganos del abuso que se personen en las demandas judiciales.  La sanción está recurrida, una práctica sistemática del grupo para ganar tiempo.