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El súper favorito de la Generalitat: Bon Preu gana la guerra del comercio
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EL VIERNES SE APRUEBA LA NUEVA LEY DEL COMERCIO

El súper favorito de la Generalitat: Bon Preu gana la guerra del comercio

Este viernes, el consejo de ministros tiene previsto aprobar la esperada Ley del Comercio. Un nuevo marco regulatorio para liberalizar la implantación de establecimientos y negocios

Foto: El súper favorito de la Generalitat: Bon Preu gana la guerra del comercio
El súper favorito de la Generalitat: Bon Preu gana la guerra del comercio

Este viernes, el consejo de ministros tiene previsto aprobar la esperada Ley del Comercio. Un nuevo marco regulatorio para liberalizar la implantación de establecimientos y negocios que probablemente quedará en agua de borrajas. Hoy miércoles, en la reunión que los subsecretarios de Estado mantengan con la vicepresidenta del Gobierno, se darán los últimos retoques al borrador final que debería adaptar la Directiva de Servicios Europea al territorio nacional.

 

No será así. En buena parte, por la presión ejercida desde dos comunidades autónomas, Cataluña y Baleares, impulsoras de una política local restrictiva, que han logrado que la nueva Ley de Comercio no reúna una paquete de mínimos obligatorios para todo el territorio. De esta manera, serán las autonomías las que legislen en sus respectivos territorios la concesión de permiso a un operador para su implantación, cualquiera que sea su formato.

En este contexto, los operadores locales parten con una posición de ventaja respecto a las grandes firmas de distribución, con gigantes como Mediamarkt o Carrefour, o cualquiera de las cadenas de supermercados de ámbito nacional. El histórico posicionamiento de la Generalitat en favor del pequeño comercio, antes con CiU y ahora con el tripartito PSC-ERC-ICV, ha permitido la consolidación de varios distribuidores, donde el más destacado fue Caprabo.

Ahora, el nuevo operador emergente en Cataluña tiene un nombre comercial directo y sencillo, Bon Preu, y además en catalán. Las negociaciones mantenidas entre Industria y la Consejería de Comercio, controlada por ERC, quedaron bloqueadas. Desde el sector, algunos agentes atribuyen este resultado a la ascendente en la Generalitat de Joan Font, el director general y fundador de Bon Preu, uno de los empresarios comprometidos públicamente con el ideario catalanista.

Las claves de Bon Preu

Aunque echó a rodar en 1974, Bon Preu ha conseguido avanzar en su consolidación dentro de Cataluña como marca de distribución en los últimos años. De hecho, una reciente operación, la compra de los establecimientos de la cadena francesa Intermaché en España, confirmada la semana pasada, le ha permitido convertirse en el segundo grupo distribuidor catalán, por delante de la cadena de supermercados Condis y por detrás de Miquel Alimentació.

Al cierre de 2008, el grupo de distribución fundado por los hermanos Font facturó cerca de 500 millones, una cifra que cuadruplica los registros de hace sólo 10 años. En la actualidad, el grupo familiar de Les Masies de Voltregà (Osona) cuenta con una red de 115 establecimientos, a los que sumará 53 locales de Intermaché, la mayoría en Cataluña, y una bolsa de 1.200 trabajadores. Un salto cuantitativo por el que Bon Preu puede llegar a facturar 200 millones más.

El activismo catalanista de Font no es ningún secreto. Desde su grupo empresarial, que aglutina las cabeceras Bon Preu (supermercados), Orangután (tiendas descuento), Esclat (hipermercados) y Esclatoil (gasolineras), ha impulsado el uso del etiquetado en catalán, además de participar, por ejemplo, en iniciativas impulsadas desde la Generalitat como la entrada en Spanair, en este caso a través de FemCat, la fundación de empresarios catalanes donde es patrono.

Este viernes, el consejo de ministros tiene previsto aprobar la esperada Ley del Comercio. Un nuevo marco regulatorio para liberalizar la implantación de establecimientos y negocios que probablemente quedará en agua de borrajas. Hoy miércoles, en la reunión que los subsecretarios de Estado mantengan con la vicepresidenta del Gobierno, se darán los últimos retoques al borrador final que debería adaptar la Directiva de Servicios Europea al territorio nacional.

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