Caso Gala León: imputado el presidente del TAD por sustituir a Escañuela

Consecuencias judiciales del ‘caso Gala León’. Enrique Arnaldo Alcubilla, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), tendrá que declarar como imputado el próximo 18 de noviembre por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental tras una querella criminal admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid y a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La denuncia fue presentada el pasado 21 de agosto por José Luis Escañuela, expresidente de la Real Federación Española de Tenis, tras ser suspendido de su cargo el 19 de junio por resolución del tribunal que preside Cubillo. “Esta decisión no obedece a motivos reales y legítimos. Persigue finalidades injustas y arbitrarias y encubre una decisión política, previamente adoptada contra mi representado para retirarle definitivamente del ejercicio de su cargo federativo que dimana de decisión democrática de su asamblea general. Y todo ello es inadmisible en Derecho”, argumenta la querella.

Según el relato del demandante, el expresidente de la federación sufrió “distintas manifestaciones de indudable hostilidad hacia él, realizadas por diversos poderes públicos deportivos, dirigidas en un principio a obtener la revocación de aquella decisión y después, ante la firmeza de mi representado, a privarle del ejercicio de las funciones de su cargo de presidente federativo, y, finalmente, provocar su sustitución al frente de la Real Federación Española de Tenis”.

Todo se empezó a precipitar a partir de enero, cuando Escañuela se acoge a un permiso de paternidad de 16 semanas y deja el cargo a Fernando Fernández-Ladreda como presidente en funciones. Según el Tribunal Administrativo del Deporte, Escañuela no se hizo cargo de determinadas notificaciones que le habían sido dirigidas a la sede en Barcelona de la federación mientras él residía en Sevilla, a pesar de que había constancia del tribunal y del Consejo Superior de Deportes de disfrutar del permiso de paternidad. El tribunal le abrió un expediente disciplinario el 7 de marzo.

Suspensión cautelar desde el 'Twitter' del TAD

Escañuela cuenta que el 24 de junio el organismo federativo celebró una rueda de prensa, convocada para refrendar a la capitana del equipo español de Copa Davis y aclarar diversas cuestiones relativas a la celebración de la competición como ciertas críticas a las autoridades deportivas. El expresidente critica que desde la cuenta de 'Twitter' del Tribunal Administrativo del Deporte, cuyos componentes son nombrados directamente por el Consejo Superior de Deportes, se lanzó un mensaje que anunciaba –con identificación con nombres y apellidos– “el acuerdo de su suspensión cautelar en sus funciones federativas arguyendo la inmediatez de su adopción”.

En la querella se cuenta “la gravedad y el carácter manifiestamente agresivo de tal comportamiento”, a su juicio, “impropio de un órgano de la administración que por imperativo constitucional debe ser servir con objetividad los intereses generales”. “El Tribunal del Deporte nunca, hasta ese momento, había utilizado su cuenta oficial de twitter para anunciar acuerdos adoptados en un expediente sancionador. La remisión de este mensaje se produjo durante y en el preciso momento en que se estaba celebrando la rueda de prensa, persiguiendo manifiestamente dañar la imagen pública de mi mandante, reventando su intervención, y difundiendo de manera ilícita datos reservados de un expediente que debía mantenerse en secreto”.

Supuesta infracción por desobediencia

También añade la querella: “La difusión de ese mensaje incumplía las normas de privacidad establecidas en el Estatuto del propio Tribunal Administrativo del Deporte, que limita la publicidad de sus resoluciones e impone la utilización de iniciales que anonimicen a los afectados por sus resoluciones. Tal acto de comunicación pública se llevó a cabo antes de haberse notificado personalmente a mi mandante, que obviamente no pudo contestar (por manifiesta ausencia de conocimiento de lo sucedido) a las preguntas que al efecto le efectuaron los periodistas presentes en esa rueda de prensa”.

La acusación de presunta prevaricación se fundamenta, según el relato de Escañuela, “en una supuesta infracción por desobediencia a las órdenes del Consejo Superior de Deportes que sencillamente no existe como infracción sancionable en el ordenamiento jurídico deportivo”. Asimismo, supuesto se infringía “gravemente” el procedimiento administrativo sancionador “porque las medidas cautelares sólo podía adoptarlos el instructor del expediente, una vez recibidas las alegaciones del expedientado; pero si actuaba de ese modo hacía imposible el cese de la capitana Gala León, antes de la celebración de la Eliminatoria que había de disputarse en Rusia pocos días después, como finalmente ocurrió”.

El presunto delito de falsedad se fundamenta, según la querella, se fundamenta en que el domicilio a efectos de notificaciones –que es un apartado de correos de Sevilla–, “se indica por primera vez al Tribunal Administrativo del Deporte, en el escrito de alegaciones que que ‘no consta’. Este tribunal notificó personalmente el acuerdo en dicho apartado de correos que ignoraba. De no tener las alegaciones, jamás hubiera podido notificar”.

Y concluye: “Es concluyente el acta notarial donde el funcionario del TAD Eugenio Casillas, confirma la recepción de las alegaciones con anterioridad a la resolución que niega su existencia. Y el 23 de junio, el CSD al que se adscribe el TAD emitió un comunicado de prensa en el que con dicho anuncio de visita de funcionarios no se contenía la menor indicación de esa medida cautelar, que supuestamente ya había sido adoptada desde cuatro días antes cuando en la conversación entre el secretario general señor Forn y los funcionarios del citado Tribunal Administrativo del Deporte. El mismo día 22 de junio, éstos reconocen que sí se había presentado el escrito de alegaciones. También se impedía dictar el acuerdo sancionador, al menos en esa fecha) y desde luego no comunican que se hubiere dictado ninguna medida cautelar, ni ninguna resolución sancionadora”.