La presunción de inocencia y el secreto a la intimidad en los últimos casos de doping

En los últimos días han saltado dos casos de dopaje. El primero de ellos es el de Pentinel 'Penti', sobre el que se ha obviado que fue candidato en las elecciones municipales por el PSOE en Sevilla, concretamente en el municipio de San Juan de Aznalfarache, que es regido por Fernando Zamora, alcalde socialista de dicha localidad.

El segundo caso es el del jugador del Granada Dani Benítez. Su positivo por cocaína ha relegado a un segundo plano el hecho de que el conocimiento público del mismo llegó a través de la prensa y después por los propios interesados, incluido el jugador y el club. Así lo manifestaron los dirigentes del Granada, inmediatamente después de que se publicara la noticia, algo que apenas ha trascendido.

Hace unos meses, con ocasión de la implicación en amaños de partidos del español Guillermo Olaso, tenista condenado a cinco años de suspensión y al abono de 25.000 dólares, ya se denunció públicamente por varias entidades que uno de los presupuestos para relacionar la acción contra el dopaje o contra las apuestas ilegales, era el secreto e intimidad de los expedientes, en tutela de la presunción de inocencia.

En el caso de Olaso, fue Miguel Cardenal el que confirmó públicamente el expediente abierto, pero defendiendo a Javier Tebas, abogado del tenista sancionado, presentando al presidente de la Liga de Fútbol Profesional como adalid de la transparencia, revelando de paso la existencia del expediente.

Alejandro Blanco ya se posicionó en este sentido en unas declaraciones públicas sobre el asunto de Marta Domínguez, donde parece que a pesar de la insistencia de Ana Muñoz, el denominado pasaporte biológico podría resultar insuficiente como carga probatoria. Blanco señaló que se conculcaba la presunción de inocencia en los deportistas.

En todos estos casos, habría que preguntarse quién desveló y "filtró" los expedientes. La respuesta a esta pregunta, sin duda alguna, pondría en evidencia a quienes presumen de respetar el Estado de Derecho.