El propietario del Murcia, imputado por prevaricación, blanqueo y delito fiscal

Imputado, sin fianza y sin medidas cautelares. Así ha salido del Palacio de Justicia el propietario del Real Murcia, Jesús Samper, implicado en la operación Umbra. Los casos de corrupción urbanística que salpican a rostros conocidos levantan gran expectación mediática, y este no iba a ser una excepción. A su salida, numerosos periodistas esperaban la reacción de Samper tras su declaración de algo más de dos horas en el juzgado número 8 de Murcia, pero no quiso pronunciarse. El empresario, también presidente del grupo Santa Mónica Sports -dueño de los derechos audiovisuales de la Federación Española de Fútbol Española y Argentina- está imputado por inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal.

 

La Guardia Civil investiga supuestas irregularidades y trato de favor de algunas promotoras. Comenzó por registrar las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, los despachos y domicilios de Samper en Murcia y Madrid y la sede de su empresa Sport Management & Project SL. Varias promotoras se habrían beneficiado de seis convenios urbanísticos impulsados entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo en la zona norte de la ciudad, incluido el complejo de la Nueva Condomina, promovido por el propio Jesús Samper.

Esta diligencia se enmarca en un procedimiento judicial por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la fiscalía.

Para su defensa, Samper cuenta con profesionales expertos en la materia. Encabeza el séquito su hermano Juan Antonio Samper y le acompañan Ignacio Ayala Gómez y Abraham Castro Moreno, ambos abogados del despacho madrileño Horacio Oliva. El bufete es uno de los más reputados en derecho penal, tanto es así que se encarga de la defensa de los principales casos de corrupción investigados en España. Actualmente defiende a Fernando del Valle, principal imputado en el caso Ballena Blanca, al ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, imputado en la operación Astapa y a seis letrados implicados en el caso Malaya.

Altos cargos implicados

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, también declararon el empresario Francisco Arqués y los empresarios de la compañía Inveralrahu S.L., Alfonso Ramírez Huguet, y Juan Torres Fontes Suárez. Los tres, aunque  imputados por blanqueo de capitales en la operación, quedaron en libertad por orden del juez. Además, se encuentran imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.

La operación Umbra también ha salpicado a otros cargos importantes. Han sido detenidos el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, éste último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, quienes la pasada semana hicieron efectivas sus fianzas para eludir la prisión.