La Policía confirma el presunto desvío de dinero público en el taekwondo español

La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) ostenta un récord nada meritorio: es probablemente la entidad más dividida del siempre convulso y fragmentado deporte nacional. A su directiva le han abierto expedientes en el Tribunal Administrativo del Deporte por faltas varias en la última década hasta cinco secretarios de Estado para el Deporte: Miguel Cardenal, José Ramón Lete, María José Rienda, Irene Lozano y José Manuel Franco. Los expedientes fueron en su mayoría desestimados, y Castellanos ganó de nuevo las elecciones a la federación esta pasada primavera. Sin embargo, el documento reciente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) al que ha tenido acceso este periódico parece confirmar las denuncias de sus opositores: la RFET sería un organismo experto (presuntamente, dado que el juez no se ha pronunciado aún) en camuflar facturas, arañar subvenciones públicas y asegurar a sus máximos responsables holgados sobresueldos irregulares en B (presuntos).

Castellanos ya fue retenido varias horas por la Policía Nacional en 2016 para ser interrogado por un caso de presuntos delitos de blanqueo y malversación, aún en fase de instrucción, cuyas conclusiones de la UDEF acaban de conocerse por fin (y constituyen precisamente la base de este artículo). El alicantino se ha defendido repetidamente estos años de las acusaciones de fraude y corrupción, proclamando su inocencia; esta primavera, en conversación con este periódico, insistió en que jamás se había demostrado nada más allá de “errores administrativos” tras varios años de investigaciones. Y acusó al sector opositor, que lidera el valenciano Eugenio Granjo, de actuar por enemistad personal.

El último informe de la UDEF (200 páginas), emitido este verano después de varios retrasos, deja no obstante poco lugar a la duda. Los hechos analizados comienzan en 2009; los principales investigados son el propio Castellanos, Miguel Pérez Otín (ex Tesorero) y José María Pujadas (Secretario General, aunque cobró durante años como presunto técnico deportivo). Las “conductas desarrolladas susceptibles de ser delictivas” son de dos tipos: con fondos de origen público y con recursos propios de la Federación. (La Federación, se recuerda, es una entidad privada de utilidad pública sin ánimo de lucro que se financia principalmente a través de dinero público recibido de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes (CSD)).

Maquillaje institucionalizado

El informe policial confirma un descontrol presuntamente doloso en las cuentas y en la gestión de la federación, que incumpliría sistemáticamente la necesidad de justificar las ayudas públicas por programas y áreas, construyendo un laberinto de facturas que ha requerido años de investigación en una unidad policial sobrecargada de trabajo. “Ha habido una práctica generalizada”, concluye la UDEF, “de adecuar los documentos justificativos presentados ante el CSD al presupuesto inicial otorgado, con independencia de que los gastos incurridos durante la actuación concreta sean inferiores a los aprobados. Para ello, han empleado ante el CSD facturas y otros documentos de valor justificativo que no se adaptan a la realidad de la actividad financiada”.

El informe incluye numerosos emails entre los investigados, en los que queda claro cómo la gerente, Alicia Sancho Carbonell, advertía a Pérez Otín de los riesgos asociados a esta conducta y mostraba reticencias a colaborar con estas prácticas: “He visto muchas cuentas justificativas donde el realizado que has puesto no es el gastado”, le escribe en uno de marzo de 2016.

Las corruptelas –investigadas como posibles delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de firmas, falsedad documental y administración desleal– incluyen varios casos de facturas emitidas por Viajes Ecuador a la RFET por desplazamientos, justificados en actuaciones específicas, que incluyen gastos que no se corresponderían con las competiciones que subvenciona el CSD. (Generalmente, según la UDEF, Pérez Otín indicaba a la agencia de viajes con posterioridad qué concepto indicar en la factura, donde no se desglosaban los distintos cargos).

Extensa tipología de presuntos fraudes

En el informe policial se detallan casos de viajes facturados dos veces (el primero es el Campeonato del Mundo Júnior de 2010, en Tijuana, México); hay viajes facturados a un Open en Croacia que en realidad son a París o a Egipto; duplicidad de documentos justificativos a distintos organismos que financian actuaciones organizadas por la RFET (para cobrar dos veces); pagos justificados y nunca materializados que después les sufraga el CSD; una extensa tipología de fraudes con dietas para establecer presuntos sueldos paralelos; indemnizaciones irregulares a Pérez Otín y dos hijos suyos, entre otras personas; una psicóloga de la Federación que en realidad no ejercía, pero era la secretaria del presidente… Un larguísimo listado de irregularidades descritos por la UDEF, cuyo principal elemento lo constituyen facturas injustificadas, y cuyo montante total –aún sin determinarse exactamente– sería de cientos de miles de euros.

La Federación, en algunos casos, no sólo ‘inventaba’ presuntamente facturas a nombre de proveedores para después cobrar esas entidades; los peritos policiales ratifican también la existencia de firmas en esas facturas que no corresponden a esos proveedores (lo que, según abogados consultados, podría constituir un delito adicional).

También hay casos de gastos que nunca fueron asumidos por la Federación, pero que se justificaron ante el CSD, “resultando que quien ha incurrido en los mismos son federaciones territoriales, clubes o los propios deportistas”. Un ejemplo: los ‘stage’ de verano, tras los cuales “la RFET presenta ante el CSD una justificación documental de gastos falsa, donde acreditaba asumir el gasto de una relación extensa de deportistas, cuando la realidad es que en la mayoría de los casos se sufraga por medios ajenos a ésta, todo ello con el fin de recibir la subvención concedida por el CSD”.

De espaldas a la Asamblea

En cuanto a los fondos propios de la Federación (no provenientes del CSD), la UDEF ha detectado indemnizaciones individuales irregulares que, de forma recurrente, desembocaban en un sobresueldo adicional todos los meses para el Presidente, el Secretario General (500-600 euros) y el Tesorero, entre otras personas. Estas retribuciones paralelas no fueron aprobadas por la Asamblea General, a quien según la UDEF se las ocultaron deliberadamente, según se desprende de conversaciones telefónicas ‘pinchadas’ por los agentes). “Una asidua práctica”, reza el informe, “consistente en la confección de documentos de justificación de indemnizaciones de carácter individual por desplazamiento y manutención (principalmente dietas de manutención completas sin pernoctar y kilometraje) cuyas circunstancias no se ajustan a la legalidad”. (La casuística es tan amplia que desborda los límites de este artículo: estar en la oficina y decir que estás en el extranjero, fechas solapadas, un despacho en Barcelona que no existe, etc, etc).

El abogado de la acusación, José Antonio López-Mujeriego, da por “muy probable” que la jueza dicte auto de transformación y se inicie la fase de juicio oral penal en 2022. Por ahora, se ha ampliado el plazo de instrucción hasta enero, para que el fiscal Anticorrupción presente sus alegaciones.

Jesús Castellanos fue consultado sobre el informe para recoger sus opiniones. Afirma poseer "un informe de carácter pericial emitido en interés de la Real Federación Española de Taekwondo por un perito economista del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, de fecha 16 de diciembre de 2020, que contradice el informe de la UDEF".