Destruir la historia para construir viviendas, la costumbre española que no cesa
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LA DIFÍCIL DEFENSA DEL LEGADO ARQUEOLÓGICO

Destruir la historia para construir viviendas, la costumbre española que no cesa

Yacimientos milenarios enterrados bajo toneladas de hormigón. Cada año, aparecen restos arqueológicos en obras que, en muchas ocasiones, son destruidos en pos de la urbanización

placeholder Foto: Parcela del yacimiento de Baria (Almería) sobre la que hay proyectados 24 chalés. (Unidos por Baria)
Parcela del yacimiento de Baria (Almería) sobre la que hay proyectados 24 chalés. (Unidos por Baria)

Hay varias formas de borrar del mapa unas ruinas milenarias cuando se trata de construir un bloque de viviendas encima. Se puede, simplemente, mirar hacia otro lado cuando las excavadoras encuentran los primeros objetos antiguos y paredes romanas, fenicias o griegas. Se tapa todo bajo los cimientos y se acabó. También se puede minimizar el hallazgo. Las constructoras están obligadas por ley a reportar cualquier yacimiento que surja en unas obras, pero nadie las controla, solo se les exige una declaración responsable. Así que lo habitual es dedicar un presupuesto mínimo a rescatar ese patrimonio y cumplir con el trámite. Según los arqueólogos, en España se pierde cada año una ingente cantidad de historia antigua.

Huelva, por ejemplo, está a punto de perder para siempre la necrópolis tartésica más importante de la Península, y posiblemente del mundo, con unos 3.000 años de antigüedad. El cementerio se ubica bajo el cabezo de La Joya, uno de los cerros que dominan la ciudad de Huelva. Durante años, las piezas halladas en el lugar han sido expuestas en museos de medio mundo, incluido el Metropolitan de Nueva York. Pero el Ayuntamiento de Huelva tiene otros planes para la necrópolis. Quiere construir en el cabezo tres edificios de viviendas de 12 plantas y un cuarto edificio de 15 plantas. Los edificios tendrán un aparcamiento subterráneo de tres niveles. El cabezo y la necrópolis quedarán reducidos a 9.852m2, menos de la mitad de la superficie actual.

La ciudad de Huelva fue creciendo a lo largo del siglo XX alrededor de los cabezos, que son formaciones geológicas hechas de sedimentos marinos, y quedaron como espacios verdes en el centro de la ciudad. "A finales de los años noventa, el ayuntamiento vio que eran espacio urbanos vacíos fantásticos para sacarles partido. En 2004, se aprobó el plan especial para La Joya, sin que la sociedad se enterase. La crisis económica lo paró todo y se reactivó en 2016. Es un enclave de incalculable valor histórico y patrimonial. Cuando vimos el crimen que están planeando, hicimos todo lo posible para pararlo”, explica Alicia de Navascués, arquitecta y portavoz de la plataforma ciudadana Huelva te mira.

La plataforma ha alcanzado un hito: presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Huelva ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha sido admitido a trámite. Esto obliga al consistorio a explicar en los tribunales por qué hay que arrasar una necrópolis única para desarrollar viviendas. No obstante, el ayuntamiento tiene las cartas ganadoras. Ya el mismo TSJA sentenció a favor del proyecto de 2004 debido a que, de forma incomprensible, la consejería de Cultura no informó en contra a tiempo y con precisión. En noviembre de 2020, el ayuntamiento aprobó una nueva ordenación del entorno, que incumple las condiciones impuestas esta vez sí a tiempo por Cultura. El plan de las cuatro torres está hoy recurrido.

"No podemos pretender que se pongan en valor todos los yacimientos, pero hay cosas que no se deberían hacer"

“Hay más sensibilidad hacia el patrimonio arqueológico que hace 30 o 40 años, pero se siguen priorizando las cuestiones urbanísticas y las grandes infraestructuras. Como mucho, el patrimonio se documenta y se conserva una mínima parte”, explica Carlos Caballero, portavoz de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA). “No podemos pretender que se pongan en valor todos los yacimientos en el transcurso de unas obras, pero sí hay cosas que no se deberían hacer. La Joya es un ejemplo de ello. También la destrucción de una villa romana encontrada en Granada, o anteriormente la excavación del paseo de la Independencia de Zaragoza para hacer un 'parking' subterráneo, donde se encontró un arrabal islámico que ni se musealizó; o en Madrid, con la destrucción de las cocheras de Cuatro Caminos, que es patrimonio industrial. Hay muchísimos ejemplos. Cada cierto tiempo, surgen nuevos episodios”.

Foto: Acceso a la estación de Gran Vía, en Madrid, cerrada desde agosto de 2018. (D.B.)

Una ley muy discutible

La Ley de Patrimonio es hasta cierto punto perversa. Obliga a la empresa constructora a sufragar el coste de gestionar un yacimiento arqueológico que aparece en la obra. Sobre el papel, la ley pretende sensibilizar y hacer ver que el patrimonio es de todos. Pero el efecto es el contrario. Para una constructora, encontrar restos arqueológicos es su peor pesadilla. Primero, porque tendrá que dedicar un extra de presupuesto a documentar y conservar el yacimiento. Y segundo, porque le obliga a parar la obra sin saber cuándo la podrá reanudar. Resultado: la tentación de correr un tupido velo ante el hallazgo de unas monedas, unas cerámicas o unas paredes es muy elevada.

Lo cuenta Caballero: “Se deja al criterio de las constructoras identificar los restos y ponerlos en conocimiento de la Administración. Es habitual que ante la incertidumbre de en qué van a consistir los restos arqueológicos, ya que nunca sabemos qué encontraremos bajo el suelo, se minimice el coste de la intervención. Porque si empiezan a aparecer restos, todo son problemas, hay que ampliar el presupuesto y se ralentiza la obra. Por eso la constructora, que está obligada a contratar a un equipo arqueológico, elige la empresa que le ofrece el presupuesto más bajo para cumplir el trámite”.

placeholder Restos de la ciudad de Medina Azahara, en Córdoba. (EFE)
Restos de la ciudad de Medina Azahara, en Córdoba. (EFE)

En un mundo ideal, habría un arqueólogo de la Administración en cada obra sensible, como aquellas que se ejecutan sobre terrenos que son Bien de Interés Cultural (BIC). Pero hay muy pocos técnicos públicos y están desbordados. Los ritmos de la burocracia sencillamente no son compatibles con los ritmos de la construcción. Afortunadamente, no se destruyen joyas arqueológicas cada día. “Impedir una obra por la aparición de restos ocurre en un 1% de los casos. En la mayoría de ocasiones, solamente es necesario integrar estos restos arqueológicos en el proyecto final”, afirma el portavoz de PEPA.

Impedir una obra por la aparición de restos ocurre en un 1% de los casos. En la mayoría de ocasiones, solamente es necesario integrarlos"

Pero la frontera entre los restos dignos de conservación y los que no es difusa. “Todo es interpretable y la ley admite visiones distintas. Se toman decisiones en función del criterio de cada técnico de la Administración”, cuenta Caballero. “Los arqueólogos contradados por la constructora mandan su informe a la Administración pertinente y son sus técnicos los que lo valoran. Si encontramos una villa romana, lo normal es integrarla en la obra final; si son restos de la Edad del Bronce, excavamos y seguramente se podrá construir… Pero no hay un manual claro, hay muchos factores que dependen de los funcionarios públicos. Esa arbitrariedad genera cierta indefensión”.

Córdoba, el peor crimen

Nadie espera sin embargo que se repitan los atentados patrimoniales del siglo XX. El caso más paradigmático es el de Cercadilla, en Córdoba, cuyo crimen cumple justo ahora 30 años. El Gobierno de Felipe González necesitaba unir Madrid con Sevilla con el primer tren AVE antes de la Expo'92, y Córdoba debía ser el enlace principal.

Se proyectó la estación en Cercadilla y ni el alcalde, Herminio Trigo (IU), ni la Junta de Andalucía hicieron nada para salvar lo que había en esos terrenos: un fabuloso palacio construido por el emperador Maximiliano Hercúleo en el siglo III, que llegó a ser catalogado como “único en el mundo” y de un tamaño mayor al Foro Trajano de Roma. La estación se comió gran parte del complejo y los restos quedaron junto a los muros de la actual estación del AVE.

Lo de Cercadilla duele por la magnitud única de la pérdida. Pero lo que ocurre en Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería) ofende por lo grueso de la operación. Se han proyectado 24 chalés de alto nivel sobre parte del yacimiento más importante de la provincia de Almería, de época fenicia, cartaginesa y romana. Se sitúa junto a la playa en un enclave privilegiado. Esa parte del yacimiento, que había sido previamente excavado, fue excluida de la zona arqueológica por una negligencia. Aparte, se edificarán otros 400 metros de los que no se sabe nada y podrían atesorar algunas claves del pasado de la región.

"La sociedad no ve la importancia del patrimonio y se conforma con el turismo de sol y playa"

“La sociedad no ve la importancia del patrimonio y se conforma con el turismo de sol y playa. Luego todos nos quejamos de que solo hay turistas en verano y Semana Santa y el resto del año los negocios van mal. Si ponemos en valor el patrimonio, activaremos la economía en muchos lugares, porque es algo que la sociedad demanda, empezando por las visitas de los colegios”, afirma Juan Grima, presidente de la agrupación Unidos por Baria, que lleva 18 años luchando por impedir la destrucción del poblado, que fue uno de los puertos más importantes en la ruta occidental del Mediterráneo desde el siglo VII a.C.

De nuevo, el problema aquí reside en la desidia de la Administración. Es el guion de siempre: aparece un patrimonio importante, la Administración no se da por enterada, surge un movimiento ciudadano que quiere defenderlo y al final todo llega demasiado tarde a los tribunales. Lo cuenta Grima: “En 2003, ya empezamos con esta guerra. Aparecieron a las siete de la mañana camiones con máquinas y se llevaron un tercio del yacimiento. Llamé a la Dirección General de Cultura de la Junta de Andalucía y se paró. Se acordó hacer un parque arqueológico, pero llegó la crisis y todo se paró hasta ahora. El propietario quiere hacer los chalés gracias a una sentencia del TSJA de 2014 confirmada por el Tribunal Supremo. En lugar de compensar al propietario y proteger todo el yacimiento, la Junta de Andalucía no se pronunció sobre esa parcela y se quedó sin protección. Legalmente, el propietario tiene vía libre para construir”.

A petición de Unidos por Baria, el partido Adelante Andalucía presentó en febrero una proposición no de ley (PNL) para paralizar las obras y proteger todo el yacimiento de Villaricos. El Parlamento andaluz la aprobó sin votos en contra. Ahora depende del Gobierno andaluz encontrar la fórmula de proteger el yacimiento sin vulnerar lo dictado por el Tribunal Supremo.

La lista de yacimientos amenazados por la fiebre urbanística es grande: un macrohotel sobre los restos de un foro romano que está justo proyectándose en el casco histórico de Toledo, la destrucción y posterior urbanización de un yacimiento fundamental de la cultura cartaginesa en Cartagena, donde presuntamente se levantaba el palacio de Asdrúbal, la increíble destrucción del segundo mayor yacimiento neolítico de España… Los casos son sonados y se suceden a lo largo y ancho de la Península.

Foto: Entrada a la cueva de Chaves, en el parque natural de la Sierra de Guara.

El 'lastre' de la arqueología

“Todos estos problemas generan la idea de que la arqueología es un lastre porque retrasa los proyectos urbanísticos. Lo hemos visto en Madrid con los tres años que ha tardado la estación de metro de Gran Vía en ser reabierta. Pero cualquier obra en la que se encuentre un yacimiento de entidad suficiente para musealizar debería ser algo que diera valor a la obra, porque la arqueología no tiene sentido si no tiene retorno en la sociedad”, indica el portavoz de PEPA. “En este país, es muy fácil construir en el medio natural, ahí está el ejemplo del Algarrobico, o encima del patrimonio histórico, pero es muy difícil quitar algo de en medio al cabo de los años. El remedio pasa por un cambio de mentalidad de la sociedad, pero eso no se logra en dos días”.

Una forma de cambiar esa mentalidad es señalar casos de éxito. Es justamente el ejemplo de la Geoda de Pulpí, en Almería, una formación geológica única consistente en enormes cristales de selenita, variedad del yeso. Es la segunda geoda más grande del mundo y comenzó a ser explotada por el Imperio romano. De hecho, la selenita era conocida como ‘lapis’ por los romanos, que la llamaban el cristal de Hispania, un mineral muy preciado para engalanar edificios públicos y templos.

Desde su inauguración en agosto de 2019 como parque geológico, la Geoda de Pulpí ha recibido unas 50.000 visitas, a pesar de los meses cerrada por la pandemia. En dos años, ha triplicado en ingresos los 500.000 euros que costó habilitarla para el público, y se ha convertido en un polo económico para la zona durante los 12 meses, dando empleo a 30 personas. Ese es el futuro que los defensores del patrimonio histórico quieren para los yacimientos, en lugar de ser enterrados bajo toneladas de hormigón.

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