Italia pide a Calatrava un millón de euros por su puente en Venecia

El arquitecto español Santiago Calatrava y otros tres ingenieros se verán las caras con la justicia italiana el próximo noviembre. La razón, el "daño" que han hecho al erario público transalpino, según su Tribunal de Cuentas, con su famoso puente sobre el Gran Canal de Venecia. Y la intención, que lo reparen. La justicia italiana le reclama a Calatrava 1.078.000 euros y más de 1.700.000 a cada uno de los responsables "únicos" de la dirección de los trabajos, Roberto Scibilia y Roberto Casarin. 

Tras diez años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, ha concluido así que se produjo un crecimiento exponencial de los costes del puente durante su construcción, que pasaron de los 4 a los 11 millones de euros, que ha calificado como un "desconsiderado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestados".

No es la única crítica económica que hace el fiscal. El año pasado aseguró que "en el futuro, [el puente] supondrá un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la administración, dado que sufre de una patología crónica caracterizada por la necesidad de una vigilancia constante y de un recurso continuo a intervenciones en modo alguno relacionadas con el mantenimiento de rutina". Scarano calificó todas las actuaciones en torno a la polémica obra, empezando por la planificación y la licitación, como un “asombroso y vergonzoso conjunto de errores".

La construcción del conocido como Puente de la Constitución, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía, ha estado envuelta en la polémica desde los inicios del proyecto y sus costes fueron uno de los asuntos más controvertidos. 

La obra acabó cambiando de presupuesto oficial hasta en cinco ocasiones y el último, por tanto el definitivo, ascendió a los 11,7 milones de euros. Sus problemas técnicos dieron la puntilla. "Se podría afirmar —anunció Scarano en marzo de 2012— que el cuarto puente sobre el Canal Grande de Venecia constituye un daño duradero".

Un rosario de polémicas

No es ni mucho menos la primera polémica de Santiago Calatrava. Su Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia tendrá que asumir este año unos gastos de 284 millones de euros, la mayor parte de los cuales se explican por la deuda pendiente con la banca. Sin embargo, la sociedad que gestiona su operativa apenas alcanzó una cifra de negocio de 38,66 millones en 2011 y en 2013 será la Generalitat quien tendrá que asumir una factura que podría rondar los 250 millones. 

En Bilbao fue el propio arquitecto valenciano quien denunció, en este caso a su Ayuntamiento, por colocar una pasarela sobre el puente Zubi-Zuri. Calatrava estimó que esa pasarela vulneraba su derecho a la propiedad intelectual, ya que afectó a la integridad de la obra, por lo que exigió al Ayuntamiento que la retirara y que, además, le indemnizara con 250.000 euros, o bien planteó que no se retirara y que se le abonara una indemnización de al menos tres millones de euros. La Justicia le dio la razón, pero no a sus proporcionadas pretensiones económicas, y condenó al Ayuntamiento y a las dos empresas constructoras a que abonasen la cantidad casi simbólica de 10.000 euros cada una. 

La polémica arreció aun más cuando el Ayuntamiento de Bilbao se gastó 60.000 euros en desplegar un felpudo antideslizante sobre el suelo de esa misma instalación, ya que una gran cantidad de viandantes y vecinos habían denunciado que era demasiado resbaladiza en los días de lluvia. La cantidad es similar a la que invirtió Murcia también en 2012 para solucionar un problema similar sobre la pasarela que diseñó Calatrava sobre el río Segura. 

En 2011 la Justicia estimó íntegramente una demanda interpuesta por la compañía de seguros Allianz contra Calatrava y su equipo por el derrumbe del alero del Palacio de Congresos de Oviedo ocurrido el 9 de agosto de 2006. El fallo condenó al equipo de Calatrava a pagar conjunta y solidariamente a la demandante la cantidad de 3.510.000 euros.