La Generalitat se 'comerá' este año otro agujero de 250 millones por la Ciudad de las Artes

Un pozo sin fondo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, complejo diseñado en época de bonanza por Santiago Calatrava y que se ha convertido en emblema de la ciudad, tendrá que asumir este año unos gastos de 284,37 millones de euros, la mayor parte de los cuales se explican por la deuda pendiente con la banca. Unas obligaciones que ni de lejos logrará satisfacer con los ingresos que genera en su día a día. No en vano, la sociedad que gestiona su operativa (CAC, S.A.) apenas alcanzó una cifra de negocio de 38,66 millones en 2011, tras años de cuantiosas pérdidas. La Generalitat tendrá que asumir una factura que podría rondar los 250 millones.

Los Presupuestos de la Comunidad Valencia para 2013, publicados ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desglosan esa estimación de gasto. Del montante total, 6,69 millones de euros se destinarán a cubrir los gastos de personal; 26,97 millones a la compra de bienes y a sufragar los gastos de mantenimiento de un ambicioso enclave que acoge edificios como el Palau de les Arts, el Museo de la Ciencia o el Oceanogràfic, entre otros; 30,1 millones adicionales servirán para cubrir gastos financieros, y apenas 6,01 pertenecen al Capítulos VI, que recoge las inversiones reales. La parte del león del gasto, hasta 214,58 millones, se los lleva la rúbrica de ‘operaciones financieras’.

De hecho, según recoge el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad, correspondiente al año 2011, las deudas de CAC S.A. con entidades de crédito a largo plazo a 31 de diciembre de ese año alcanzaban los 417,45 millones de euros, mientras que las obligaciones a corto se situaban en 230,91 millones. “Todas estas operaciones se encuentran garantizadas o avaladas por la Generalitat, con la excepción del préstamo suscrito en 2009 por 24.000.000 euros", subraya el supervisor al referirse a las transacciones a largo plazo y tras proporcionar una extensa relación de bancos ante los que la sociedad debe responder con vencimientos que, en algunos casos, llegan hasta el ejercicio 2025.

De los compromisos a corto, destaca una deuda de 78,51 millones generada por “el saldo dispuesto de nueve pólizas de crédito suscritas con entidades financieras”, tramitadas a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Además, otros 81,92 millones correspondían a tres créditos concertados con el citado Instituto “para las actividades generales de la sociedad". Igualmente, ésta afrontaba otros pasivos financieros a doce meses vista por importe de 124,55 millones de euros, cantidad que incluía ampliaciones de capital no desembolsadas en su totalidad y pagos pendientes a proveedores por valor de 50,27 millones.

No sin la Generalitat

Desde luego, la evolución del negocio no permite afrontar con garantías esos pagos. De hecho, la empresa ha perdido 116,8 millones sólo entre 2010 y 2011. Según consta en las cuentas de hace dos años, el saldo negativo generado en los ejercicios anteriores ya se elevaba hasta los 324,84 millones de euros. No en vano, entre los objetivos estratégicos que contempla la empresa están “la generación de valor según el plan” y “mejorar el ebitda [beneficio bruto operativo]”. En este escenario, la propia firma admite “la existencia de un fondo de maniobra negativo”, lo que revela tensiones de caja que situarían a la empresa en peligro de la suspensión de pagos si no gozara del apoyo del Gobierno regional.

En este sentido, se recuerda el convenio de colaboración suscrito el 30 de marzo de 1999 con la Generalitat, “en virtud del cual esta última se compromete a financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A. no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad” y a “realizar las actuaciones necesarias para ampliar el capital social (…) con el objetivo de mantener el equilibrio patrimonial”. De hecho, la sociedad admite que el Ejecutivo ya tuvo que ampliar capital en 73,64 millones de euros en 2010 para incrementar el patrimonio de la sociedad y cumplir con la normativa contable.

Las estreches en la empresa pública gestora del complejo y en la propia comunidad culminaban a la vuelta del pasado verano en un ajuste de plantilla que suponía la salida de 141 profesionales -incluidas bajas voluntarias-, en torno al 40% de esta. “El Consejo de Administración, el 11 de junio de 2012, ha aprobado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) con el fin de adaptar los recursos a la situación real en que se encuentra la sociedad (…) El referido ERE se llevó a cabo en septiembre de 2012, habiendo cuantificado la sociedad las obligaciones que se derivan del mismo en 1.857.435 euros”, zanja el informe publicado por el Tribunal de Comptes.