Canal 9 cierra con 58,5 millones de deuda a proveedores y otros 20 en programas

“Está muy bien anunciar que se baja la persiana, pero liquidar la cadena no va a ser nada fácil. Desde luego, es imposible a corto plazo. Hay contratos firmados que, en algunos casos, pueden incluirpenalizaciones de hastael 100%”, explican fuentes próximas a Canal 9 un día después de que la Generalitat Valenciana anunciara el cierre de la televisión pública. La reflexión, en todo caso, tiene números. No en vano y según las últimas cuentas presentadas por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), la sociedad tiene obligaciones en abono de derechos para los próximos años por 20,45 millones de euros, además de 58,5 millones pendientes de pago con proveedores.

“A 31 de diciembre existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones deportivas por importe de 4.406.320 euros. Asimismo, existen compromisos firmes de compras de derechos de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe de 16.053.225,55 euros”, expone el informe de gestión incluido en las cuentas correspondientes al año 2012. Fuentes del sector explican que el proceso de liquidación podría perfectamente prolongarse durante dos o tres años, sin contar con las dificultades para vender los activos y cumplir con la totalidad de los pagos pendientes.

De hecho, las cuentas constatan un agujero con acreedores comerciales y otras cuentas a pagar por importe de 64,59 millones de euros, cifra de la cual 58,57 millones debían abonarse a proveedores a corto plazo, esto es, en el transcurso de los siguientes doce meses. Esto supone un montante considerable si se tiene en cuenta que la firma admitía haber utilizado ya el mecanismo de financiación para el pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para realizar abonos por 113,87 millones. Una cuantía que da la medida de la dimensión del problema. La propia compañía –en permanente quiebra técnica y siemprea la espera de la subvención pública para cuadrar sus guarismos– admitía soportar “tensiones significativas de tesorería”.

Como ya publicó El Confidencial, RTVV rebasó en 651 días el plazo legal a la hora de efectuar sus pagos, la friolera de un año y diez meses. En el ejercicio anterior, la demora se limitó a apenas 458 días, esto es, 15 meses, un empeoramiento significativo.Es más, de los 135,06 millones que la sociedad pagó a sus acreedores el año pasado, hasta 131,7 (un 97,51%) se abonaron fuera del umbral máximo que marca la ley. En conjunto, la firma perdió 134,7 millones en 2012, en línea con los 136,84 que ya se había dejado el año anterior. La sociedad, que apenas facturó 9,1 millones de euros, desembolsó 73,99 en salarios, la mayor partida que sufraga, un modelo insostenible.

Vértice pierde el botín

El cierre de la cadena también supone un jarro de agua fría para las productoras que trabajan habitualmente con la cadena y, especialmente, para Tres60 –escisión del Grupo Vértice 360–, que recientemente se hacía con el grueso de la licitación lanzada por Canal 9 para las externalización de sus contenidos. Eso sí, al menos RTVVtuvo la precaución de cubrirse para evitar futuras penalizaciones. “Se tuvo la visiónde incluir una cláusula en la que se dejaba claro que si el ERE declaraba nulo, la empresa adjudicataria sólo recibiría una compensación por los gastos incurridos con un límite de dos mensualidades”, explican fuentes próximas a la cadena.

En todo caso, la decisión de la Generalitat deja a las productoras en una situación delicada, en tanto ven en riesgo uno de sus principales nichos de negocio, véase la salida a concurso de las programaciones en las principales televisiones públicas. Con Telemadrid en el horizonte. “Es el peor día para el sector audiovisual en los últimos cinco años”, se aseguraba ayer desde una de las principales, aun advirtiendo de que “no hablamos de vasos comunicantes” y que lo sucedidoen la Comunidad Valenciana no encontrará réplica en otras autonomías. Y remachaban: “Entre políticos y sindicatos se han ocupado de cargarse la empresa. Ahora todo el mundo el pierde. Hasta las 700 familias de los trabajadores que se quedaban”.