Prisa asume que la factura del ERE superará los 95 millones previstos

El Grupo Prisa tendrá que rascarse el bolsillo de verdad para financiar los 2.500 despidos que contempla su plan de reestructuración. Y es que la compañía ya asume que los entre 80 y 95 millones que había reservado para abonar las indemnizaciones de sus trabajadores no serán suficientes. “Cuando uno abre la puerta a este tipo de salidas, no sabe qué puede pasar. Puedes evitar que se marchen algunos que no te interesa que se vayan, pero no puedes frenar la salida de todos. Y ya han levantado la mano personas caras, con una medida de 46 o 47 años y muchos años trabajados en la casa”, aseguran a El Confidencial fuentes próximas a la empresa.

El responsable financiero de Prisa, Fernando Abril-Martorell, aseguraba la pasada semana que será en el segundo trimestre del año, a la vista de las condiciones concretas pactadas, cuando se podrá hacer una estimación del “impacto en el grupo” del plan. No obstante, sí dejó claro que supondrá “un esfuerzo y una inversión importante”. El consejero delegado, Juan Luis Cebrián, ha hecho públicas diferentes estimaciones sobre el coste del ajuste. En noviembre, durante una conference call, lo cifró en 95 millones. Más recientemente, en marzo y también con analistas, limitaba el gasto a 80 millones. No obstante, fuentes internas del grupo confirman que la dirección ya se maneja por encima de esos escenarios.

Las líneas maestras diseñadas por la compañía, incluidas en el denominado Plan de Eficiencia Operativa, fijan la rescisión del contrato de 2.514 empleados entre 2011 y 2012. El grueso de las bajas se producirá este año, con la salida de 1.240 profesionales de la división audiovisual y otros 505 de la de radio. En total, Prisa prevé desprenderse -vía bajas incentivadas, prejubilaciones o externalizaciones- de un 18% de su fuerza laboral. La compañía estima que la reducción de la plantilla permitirá mejorar los ratios de productividad de la compañía en un 25% y tendrá un efecto positivo en la cuenta de resultados en torno a 50 millones.

Sindicatos y empresa alcanzaban hace apenas días un preacuerdo marco que establecía la hoja de ruta para la reducción de la plantilla. Un documento del que decidió desligarse el Comité de Empresa de El País, pero que al menos marca los parámetros mínimos que regirán las salidas en las diferentes empresas del grupo. Por ejemplo, se contempla una indemnización de 45 días por año de servicio hasta un tope de 42 mensualidades. El documento también establece que las salidas se cubrirán “acudiendo previamente a los procesos de voluntariedad” y pone en marcha estudios para el cálculo de las condiciones de prejubilación de los trabajadores que deseen causar baja.

No se venderán activos

Abril-Martorell aprovechó su presencia en el foro Medcap, organizado la semana pasada por Bolsas y Mercados (BME), para sugerir que el grupo no se plantea la venta de activos, pese a que su deuda financiera aún supera los 3.200 millones. “En el negocio audiovisual, hay que estar muy seguros antes de vender porque, luego, son activos muy difíciles de recuperar”, deslizó. Asimismo, abogó por asentar la nueva estructura capital, en la que la familia Polanco ha perdido la mayoría con la entrada de los hedge funds y firmas de inversión de Liberty. “Ya se ha hecho un esfuerzo tremendo. El grupo ha repagado a la banca 1.500 millones de euros”, dijo, en alusión al proceso de desinversiones de los últimos meses. A buen entendedor…

Una reflexión que no debería ser incompatible con reducir la deuda, una de las claves para el futuro del grupo. Abril-Martorell se puso un objetivo: rebajar el agujero de la compañía a 3,5 veces ebitda -en lugar de las actuales 5,7-. Un ajuste que tendrá que venir por la “evolución operativa del grupo y los planes de eficiencia” en marcha. En esta línea, Abril-Martorell aseguró que quedan “muchas decisiones de gestión que tomar”. Entre ellas, ajustar la estructura de costes fijos; adaptar el portfolio de real estate; acometer el outsourcing administrativo; acelerar la migración digital; mejorar el enfoque comercial, y explorar cómo explotar los derechos y contenidos.

Y es que la situación del grupo está lejos de estar saneada. Según las cuentas de 2010, los vencimientos a corto plazo de la sociedad se elevan a 411,1 millones de euros, mientras que tiene responder a largo plazo por 2.931,1 millones. Tarea de largo aliento para un Consejo en el que los accionistas otrora incluidos en Liberty no son meros espectadores, pese a declarar en su momento que serían inversores pasivos y no interferían en las decisiones estratégicas del grupo. “Nicolas Berggruen y Martin Franklin atienden las sesiones del Consejo y participan en el Consejo. Es un Consejo bastante activo, participa todo el mundo. Y ellos lo hacen con normalidad, como otros consejeros”, aseguró Abril-Martorell.