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Consejeros de RTVE maniobran para intentar quedarse otros tres años en el cargo
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EN ENERO SE TIENEN QUE IR SEIS DE LOS DOCE ACTUALES

Consejeros de RTVE maniobran para intentar quedarse otros tres años en el cargo

Cualquier excusa es buena para no soltar el sillón. El Consejo de RTVE elevó una consulta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para interesarse

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Consejeros de RTVE maniobran para intentar quedarse otros tres años en el cargo

Cualquier excusa es buena para no soltar el sillón. El Consejo de RTVE elevó una consulta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para interesarse por si, aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley de financiación de la Corporación, los seis consejeros que deben abandonar el cargo en enero de 2010 podían continuar en el mismo durante tres años más. Se trata de una vieja preocupación de algunos miembros del Consejo. Según ha podido saber El Confidencial, la misma inquietud fue trasladada meses atrás a la Abogacía del Estado. La respuesta fue la misma: no hay lugar a la prórroga, ya que la ley 17/2006 que regula la radio y la televisión estatal no contempla esa posibilidad.

El fondo de la preocupación es político y enlaza con la compleja renovación del Consejo de RTVE, que podría bloquearse como ha sucedido con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o con la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Y es que el nombramiento de los consejeros debe aprobarse por dos tercios del Congreso. “Primero, PSOE y PP tienen que ponerse de acuerdo. Pero es que en 2006 entró un consejero de ERC, cuando éste era el cuarto partido por escaños. Con la nueva legislatura cambió el reparto de fuerzas y a su consejero le toca renovar. Puede entrar uno del PNV u otro del PSOE en función de los acuerdos. En suma, que no va ser fácil la renovación y es muy posible que los consejeros estén algún tiempo en funciones”, explican fuentes conocedoras del proceso.

Si la situación se enquista, la Corporación podría seguir el camino de la CNE y la CMT, que viven situaciones difícilmente sostenibles. De hecho, en el supervisor energético cinco consejeros tienen mandato en vigor y cuatro están en funciones desde nada menos que el 28 de junio de 2008. Más de un año de incertidumbre.

En el caso de las telecomunicaciones, la renovación del regulador afecta incluso al presidente del organismo, Reinaldo Rodríguez, además de otros cuatro consejeros. Aquí el mandato vencía en diciembre de 2008. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha ido alargando los plazos. Primero habló de abril, luego lo dejó para después de los Presupuestos, se busca ahora que la cosa no pasé de otoño. Por si no eran pocos problemas, el caso de RTVE podría enquistarse en enero.

ERC es el más perjudicado

Los seis consejeros que se van son Francesc Bellmunt (ERC), Josep Manuel Silva (CiU), Mari Cruz Llamazares (PSOE), Jesús Andreu (PP), Manuel Esteve (PP) y Santos Miguel Ruesga (UGT). Y el principal problema es para ERC, que en la anterior legislatura, cuando se produjeron las designaciones, tenía ocho escaños en el Congreso, lo que le convertía en la cuarta fuerza política y en socio de referencia del Gobierno Zapatero. En 2008, sin embargo, se quedó en tres escaños y con un peso residual. De hecho, durante la tramitación de la ley de financiación la formación ya anticipaba la posibilidad de perder el sillón en el Consejo y movió ficha, como demuestran las enmiendas que planteó en Congreso y Senado.

En una presentada por Entesa Catalana de Progrés en la Cámara Alta se pedía una adición a la Ley 17/2006 para que “los miembros que deban cesar en virtud de la disposición transitoria cuarta de esa misma ley, excepcionalmente puedan ser objeto de una nueva elección para un nuevo mandato en base a la necesidad de su experiencia para afrontar el desarrollo” de la nueva ley de financiación. El que menos quebraderos de cabeza afronta es el representante de UGT a quien, según fuentes de la casa, “le sustituirá sin más otro representante del sindicato”. Y es que el artículo 11 de la norma establece que “dos de los miembros del Consejo a elegir por el Congreso lo serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación RTVE y sus sociedades”.

La citada Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, recoge en su artículo 12 que el mandato de los doce consejeros “será de seis años contados desde su nombramiento” y “no será renovable”. Asimismo, deja claro que “el Consejo de Administración se renovará parcialmente por mitades, cada tres años, por cuotas iguales en razón del origen de su propuesta”. Para la rotación inicial, la disposición transitoria cuarta precisa que “en la primera sesión del Consejo se determinará por sorteo qué consejeros cesarán transcurrido el plazo de tres años desde su nombramiento”.

En todo caso, enero es una fecha clave para la Corporación, porque en esa fecha entrará en vigor con toda su crudeza la Ley 8/2009, de financiación de RTVE, que elimina del todo la publicidad en la televisión pública. Y es precisamente en ese mes cuando deben llevarse a cabo los cambios en el Consejo de Administración. Además, como recuerda el Modelo de Transición aprobado el pasado 30 de septiembre por los consejeros de la Corporación, la entrada en vigor de la norma “tiene evidentes e importantes repercusiones sobre la gestión y la programación porque coincide con proceso de adaptación a la nueva realidad que es ya la TDT”.

Cualquier excusa es buena para no soltar el sillón. El Consejo de RTVE elevó una consulta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para interesarse por si, aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley de financiación de la Corporación, los seis consejeros que deben abandonar el cargo en enero de 2010 podían continuar en el mismo durante tres años más. Se trata de una vieja preocupación de algunos miembros del Consejo. Según ha podido saber El Confidencial, la misma inquietud fue trasladada meses atrás a la Abogacía del Estado. La respuesta fue la misma: no hay lugar a la prórroga, ya que la ley 17/2006 que regula la radio y la televisión estatal no contempla esa posibilidad.

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