El 5% para el cine español de las televisiones privadas atasca la Ley Audiovisual

“Sólo quedan flecos”, aseguran fuentes próximas las negociaciones, que apuntan que la Ley General Audiovisual, la tan demandada hoja de ruta para el sector, podría aprobarse en Consejo de Ministros de forma inminente, incluso este mismo viernes. Sin embargo, el principal fleco que falta por cerrar no es baladí y ya ha retrasado la aprobación de norma en las últimas semanas: cadenas privadas y productores de cine no llegan a un acuerdo sobre el futuro del 5% que las televisiones deben destinar de sus ingresos brutos para financiar películas europeas. Y ambas partes juegan sus cartas lo más fuerte que pueden. Los productores no quieren que se toque. Las cadenas abogan porque, dentro de ese dinero que destinan al cine, al menos puedan financiarse también series de ficción.

 

“Todo está en ebullición”, apuntan estas fuentes. Y es que el Gobierno, que tiene la última palabra, ha aguantado hasta última hora para buscar un consenso harto difícil. No en vano para las cadenas privadas éste es un tema capital y no están dispuestas a ceder a pesar de haber arrancado recientemente al Ejecutivo la eliminación de la publicidad en TVE, su eterna gran reivindicación. “Son insaciables, hasta De la Vega se da cuenta”, aseguran estas fuentes. En un primer borrador de la Ley Audiovisual, ese 5% se mantenía y se fijaba una cuota del 60% para la producción de películas. Con el restante 40% se podrían financiar series, documentales y dibujos animados.

Un planteamiento que inquieta a los productores, que se han visto relegados en la negociación, según explican a El Confidencial fuentes próximas a la misma. “La proximidad de De la Vega a las televisiones privadas es un motivo de preocupación para el cine, que por otra parte todavía no ha tenido acceso a un documento más o menos final. Dos cosas parecen claras. La primera es que estamos ante una ley descafeinada, debido a que muchas cuestiones ya se han regulado en paralelo. Y la segunda es que hay un gran temor en los productores a que se esté fraguando algo entre Vicepresidencia y Uteca y que se vayan a enterar por el BOE. Podría ser que de ese 5% hasta un 2% pudiera dedicarse a la producción de series, lo que desvirtuaría la inversión. En cualquier caso, todo está todavía por definir”, aseguran estas fuentes bajo condición del anonimato.

No obstante, también desde una de las cadenas privadas se muestra cierto escepticismo respecto a la posibilidad de que pueda haber modificaciones sustanciales de ese 5%. “En el Consejo de Ministros está Ángeles González-Sinde. No es cosa fácil”, recuerdan con cierto sarcasmo. Las dudas vienen igualmente por otro lado. Fuentes del sector cuestionan que el Ejecutivo pueda aprobar la Ley General Audiovisual sin antes dar luz verde a la TDT de pago. De hecho, muchos daban por hecho que la petición de La Sexta y la luz verde a Gol TV, el canal de pago de Jaume Roures para comercializar los derechos del fútbol, iba a ratificarse el pasado viernes. Algunos hasta han visto la mano de Prisa en el retraso.

 

Un “impuesto revolucionario”

La Directiva sobre la Televisión Transfronteriza recogía en 1989 la necesidad de promover la producción de obras audiovisuales europeas. En España fue la Ley de Promoción de la Producción Audiovisual, modificada por la Ley 22/1999, la que introdujo la obligación para los operadores de televisión de dedicar un porcentaje de sus ingresos para financiar largometrajes y películas para televisiones europeas. Durante la tramitación de la polémica Ley del Cine, con la ministra Carmen Calvo a la cabeza, se planteó incluso subir esa tasa al 6%. Desde las televisiones se ha considerado desde el principio un “impuesto revolucionario”, especialmente gravoso ahora con el adelgazamiento de sus beneficios. Calculan que en los últimos nueve años han realizado una inversión de 1.116 millones de euros.

La aprobación de Ley General Audiovisual debería poner fin a unos meses de parches sin una hoja de ruta clara en el sector audiovisual. La montaña rusa arrancó el 20 de febrero, cuando el Gobierno aprobaba un real decreto por el cual eliminaba las restricciones para las fusiones entre cadenas. Lo que parecía un plan Lara ha terminado convirtiéndose en un plan Roures-Cebrián. La medida dejó claro que la tramitación de la Ley Audiovisual iba a ir más lenta de lo previsto. Una percepción que se hizo patente cuando el 9 de abril el Ministerio de Industria abría la puertas a la aprobación de la TDT de pago y cuando el Ejecutivo decidía tramitar en paralelo la nueva financiación para TVE, que actualmente debaten los grupos parlamentarios y que ayer amplió hasta el día 20 su plazo de enmiendas.

La propia vicepresidenta primera daba por hecho este retraso. No en vano aseguró a los directores generales de las televisiones autonómicas, con los que almorzó en Moncloa a finales de abril, que el Ejecutivo no contaba con tener aprobada la Ley General Audiovisual hasta el primer semestre de 2010, coincidiendo con la Presidencia española de la UE. Ya entonces era un clamor la falta de consenso entre los diversos operadores y las lagunas existentes en la norma general audiovisual. De hecho, muchas cuestiones clave para el futuro del sector, como la propia TDT de pago, no figuraban en los borradores que se manejaban en las cadenas.