El taxi vuelve a la guerra: manifestación en Madrid y 'cierre' de Uber y Cabify en BCN

Año nuevo, 'guerra del taxi' nueva. Si pensabas que el conflicto contra Uber, Cabify y el negocio de las VTC se había solucionado, hay malas noticias. Este año promete ser igual o más movido que 2018 y el primer encontronazo entre taxistas, plataformas tecnológicas y Administración ya se está cocinando. El frente de batalla se ha trasladado ahora a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, gracias al 'decretazo Ábalos' aprobado el pasado octubre. Mientras en Madrid los taxistas se manifiestan hoy exigiendo a la comunidad que mueva ficha y habilite al ayuntamiento para limitar las VTC, en Barcelona los taxistas están a punto de conseguir una exigencia que supondría el cierre definitivo de Uber y Cabify en esa ciudad: que solo puedas subirte a uno si lo has reservado con 24 horas de antelación.

"La Generalitat y el consejero de Transportes, Damià Calvet, nos han dicho muy claro esta semana en una reunión que están totalmente abiertos a tomar esta medida. Hemos flipado. Este viernes sabremos si finalmente lo incluyen en la actual ley catalana de regulación del transporte. Y lo pueden hacer. Eso es precisamente a lo que les habilita el real decreto de octubre", explica Alberto 'Tito' Álvarez, portavoz de la asociación Élite Taxi de Barcelona y uno de los principales impulsores de las negociaciones con el Govern.

Si Ada Colau incendió el sector el año pasado con un reglamento que permitía al organismo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) exigir una licencia urbana adicional a las empresas de VTC que operan con Uber y Cabify (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, tumbó finalmente el documento, pero fue el que prendió la mecha de la huelga masiva del verano y desembocó en el decretazo de urgencia para calmar al taxi), ahora se cuece una jugada similar. Las asociaciones de taxistas están presionando a la Generalitat para añadir dos artículos a la ley catalana de transporte: la necesidad de precontratar un Uber y Cabify con al menos un día de antelación (24 horas) y la obligación de los coches VTC de regresar a base tras prestar un servicio.

Fuentes consultadas por Teknautas cercanas a la Consejería de Transportes de la Generalitat aseguran que hay plena disponilidad para aprobar ambos puntos. El más conflictivo es el primero. La exigencia de una precontratación de 24 horas es el escenario ideal para el taxi y es probable que al final las horas fijadas sean inferiores, pero podrían rondar entre las seis y las 12 horas. Aunque da igual. Sería el final de Uber y Cabify en Cataluña. De reservar un coche VTC en minutos y competir con el taxi a tener que esperar horas. Sería totalmente inviable continuar.

No solo parece haber disponibilidad política para aprobar esta medida en Cataluña (Damià Calvet, uno de los hombres de confianza de Puigdemont, siempre se ha posicionado en favor del taxi); en esta ocasión tampoco tienen mucho margen para lo contrario. "Tenemos el Mobile World Congress a la vuelta de la esquina, nos cae como oro del cielo cada año...", se ríe Tito Álvarez. "Para nosotros no supone tanto ingreso extra y si la Generalitat no se pone del lado del taxi, vamos a colapsar el Mobile... y la feria que haga falta", zanja.

Tenemos el Mobile World Congress a la vuelta de la esquina, nos cae como oro del cielo cada año...

"El real decreto de octubre ya puso una fecha de caducidad tremenda a las VTC, cuatro años. Ahora los taxistas no paran, siguen pidiendo cosas. ¿Hasta dónde van a llegar? Esto es lo que ocurre cuando se cede al chantaje: o haces esto o reventamos el Mobile. Si esta modificación de la ley catalana sale adelante, acaba con nuestro negocio", señala a Teknautas Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las empresas de flotas de coches VTC.

Otras fuentes consultadas del sector VTC coinciden en señalar que una medida así sería directamente ilegal. "Es un brindis al sol. Colau y Carmena están haciendo su papel de jugar en favor del taxi, pero saben que no pueden hacer nada durante cuatro años. El propio real decreto lo indica: no se puede llevar a cabo ninguna medida discriminatoria, restrictiva y desproporcionada de reducción de la actividad de las VTC. Estamos blindados durante cuatro años. El político que tome una decisión así en una comunidad autónoma estaría haciendo algo ilegal a sabiendas, es decir, prevaricando", explica una fuente que pide mantener el anonimato.

Protesta del 90% del taxi en Madrid

De salir adelante, la nueva ley catalana contra Uber y Cabify podría tener el mismo efecto arrastre que tuvo en su momento el 'reglamento Colau' y animar a otras CCAA a regular las VTC y habilitar para ello también a los ayuntamientos. Madrid es el otro gran objetivo, pero ocurre todo lo contrario que en Cataluña: un enfrentamiento directo entre el Gobierno regional y el ayuntamiento de la capital.

El primero se niega a regular las VTC antes de que el decreto ley del Gobierno esté completamente tramitado y aprobado, algo que debería ocurrir en las próximas semanas. El segundo no quiere esperar: ya ha lanzado una consulta popular preguntando sobre la regulación de las VTC y se espera que en las próximas semanas apruebe nuevas reglas de movilidad de las VTC en base a justificaciones medioambientales.

"Estamos hartos de tanta falsa transparencia y falta de trabajo. En los dos últimos años han comenzado a operar 5.000 licencias VTC más solo en Madrid. Ahora, la comunidad ya tiene competencias para tomar medidas y sigue sin hacer nada. Solo saben echar balones fuera y culpar al Gobierno socialista de haber creado 17 regulaciones diferentes. Pedimos medidas igual que en Barcelona, como fijar el número de horas de precontratación, entre seis y 12 horas sería una cifra aceptable", señala a Teknautas José Miguel Funez, miembro de la junta directiva de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, una de las tres asociaciones que convocan hoy una manifestación de 11:00 a 14:00, con finalización en la sede de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid. En total, las asociaciones convocantes representan a casi el 90% de los taxistas de la comunidad.

"Hay un real decreto aún en tramitación. Me parece muy arriesgado legislar hasta que no se apruebe al 100%. Nosotros hemos presentado 12.000 reclamaciones ante Fomento de titulares de licencias VTC. Estamos hablando de casi 4.000 millones de euros en indemnizaciones a estos titulares si se restringe su actividad en cuatro años. El Gobierno tiene que dejar de engañar a las CCAA y a los ayuntamientos", dice Martín. "¿Qué es eso de regular a las VTC por motivos medioambientales?", se queja otra fuente del sector. "¿Se ha vuelto loca Carmena? ¿Acaso los taxis o los autobuses no contaminan igual que un Uber o un Cabify? Es todo un paripé".