Victoria del taxi: aprobado el decretazo anti VTC que amenaza el futuro de Uber y Cabify

El Gobierno ha logrado convalidar esta mañana en el Congreso de los Diputados el real decreto ley que limita la actividad de Uber y Cabify y protege los intereses del taxi. Es una gran victoria del sector del taxi. Aunque no ve cumplidas sus exigencias a corto plazo, sí cuenta ahora con una normativa que, tras cuatro años, delega por completo la regulación de las VTC a las CCAA y ayuntamientos y les da carta blanca para limitar a placer la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, pese a la convalidación, se ha aprobado también que su tramitación se haga como proyecto de ley. Es decir, se abre la puerta a realizar modificaciones en el texto final. Un contratiempo de última hora que puede cambiarlo todo en los próximos meses.

El decreto ley convalidado hoy ha contado con 177 votos a favor, 164 en contra y 2 abstenciones. Lo han apoyado PSOE, Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Coalición Canaria, y se han opuesto PP, Ciudadanos y Foro Asturias (UPN ha optado por la abstención). El decreto uno de los más complejos y polémicos de los 12 que ha aprobado el ejecutivo en 120 días de legislatura. Ha costado meses de negociación y varias huelgas y estaba diseñado desde el principio para contentar al taxi a través de su medida estrella: transferir las competencias de regulación de las VTC a las CCAA y ayuntamientos. Era una de las exigencias clave de los taxistas: realizar esta transferencia para seguir el modelo del 'reglamento Colau', es decir, pedir una licencia urbana extra a las VTC y limitar así la actividad de Uber y Cabify.

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Manuel Ángel Méndez

"El cambio tecnológico, los smartphones y las apps, han mutado las caraterísticas del transporte VTC. Cuando la contratación se puede hacer desde un móvil, no hay diferencia de contratar un taxi a mano alzada. La proporción actual de VTC y taxi es de 1/6 y las medidas llevadas a cabo hasta ahora han sido insuficientes. El rápido crecimiento de las licencias VTC pone seriamente en peligro las políticas locales destinadas a la racionalización del transporte urbano. Por ello, este decreto ley es la respuesta a esta extraordinaria y urgente necesidad de solucionar el conflicto. La actividad de las VTC debe ser regulada a nivel urbano y local. Es así de simple", ha dicho esta mañana el ministro de Fomento José Luis Ábalos.

Varios grupos políticos han criticado duramente el decreto ley y su proceso de elaboración. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue uno de ellos: "Siempre hemos defendido los intereses de la clase trabajadora. Vamos a apoyar el decreto ley, pero esto es un parche. No han tenido en cuenta los intereses de todas las partes. Por eso pedimos la tramitación del decreto ley como proyecto de ley para presentar enmiendas. Ya nos encontraremos durante la tramitación", ha dicho el diputado de ERC Joan Margall.

"La urgencia del decreto no se acaba de ver cuando se retrasan sus efectos a cuatro años después", lanzó el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro, cuyo grupo ha votado en contra del decreto. "No estamos de acuerdo con la inseguridad jurídica que se va a crear. Ustedes sabían que esto iba a ocurrir, pero su postura es que el que venga detrás, arree", dijo entre aplausos del hemiciclo.

El apoyo de Podemos era sabido. "Muchas gracias a los trabajadores del taxi. Vuelven a demostrar que las huelgas son útiles para defender cuando sus puestos de trabajo son atacados por las transnacionales. Vuelven a demostrar que David puede vencer a Goliat. El problema ha sido un intento de establecimiento de un monopolio controlado desde paraísos fiscales. Ha sido un ataque a nuestro país. Nos vamos a poder de acuerdo, hasta con el demonio si hace falta, para defender los intereses de la gente trabajadora", dijo Rafael Mayoral. Se despidió con un aplauso de casi un minuto de su propio grupo.

La réplica vino poco después del grupo Popular. "Este es un decreto ley que nace con el único fin de quitarse un marrón de encima, pasarlo a las CCAA y satisfacer a sus socios radicales. Mire, hasta Fedetaxi amenaza con denunciar a Fomento ante la UE por la moratoria de 4 años. Esto es una artimañana anticonstitucional. Diga la verdad, señor Ábalos: su objetivo es que la próxima manifestación del taxi no sea en la Castellana, a las puertas de su ministerio, sino que sea en las 17 CCAA", dijo el diputado del PP José Alberto Herrero.

El decreto ley recién convalidado habilita a las CCAA y ayuntamientos para regular a las VTC. La normativa establece un "periodo de transición" de 4 años en el que los ayuntamientos solo podrán regular a las VTC siguiendo la normativa actual (por exigencias medioambientales, de tráfico etc). Es decir, nada cambia en ese periodo. El salto drástico llegará a la finalización de esa transición: las VTC tendrán prohibido circular en el ámbito urbano si no obtienen una licencia municipal. Tras ese periodo de 4 años, las CCAA y ayuntamientos podrán hacer lo que deseen respecto a las VTC. Desde limitarlas al máximo hasta hacerlas desaparecer a solo establecer pequeños obstáculos.

Fuentes del sector de las VTC consultadas aseguran que la inseguridad jurídica que se crea es tal que haría inviable la continuidad de Cabify, que depende de nuevas rondas de financiación de grandes fondos de inversión. Se desconoce también qué ocurriría con las temidas indemnizaciones al sector de las VTC en caso de que se presenten pleitos judiciales. Las CCAA no quieren arriesgarse a tener que indemnizar a los dueños de las licencias. Y el Estado tampoco.

Todo esto tendrá que aclararse en los próximos meses, ya que el decreto se tramitará como Proyecto de Ley. Eso significa que todos los grupos políticos y CCAA pueden presentar enmiendas. Y habrá muchas. "Que se tramite de esta forma es una enorme bofetada a José Luis Ábalos. Su cara al final del debate en el Pleno era un poema. Sabe que todo se puede venir abajo en las próximos semanas. Ahora mismo, el efecto real del decreto es inexistente, habrá que ver qué ocurre en los próximos meses", explica una fuente del sector.

"Hoy es un día muy, muy grande para el taxi. Hay que celebrarlo. Les vamos a meter 800 millones de enmiendas para blindar aún más este decreo y acabemos con esta gente. La mayoría parlamentaria la tenemos de nuestro lado, pero hay que seguir trabajando. A por ellos", ha dicho Alberto Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi. La guerra del taxi se traslada ahora de la calle a los despachos. Otra vez.