"Estamos listos para defendernos": EEUU se prepara para la Gran Deportación de Trump

La cuenta atrás está llegando a su fin. A partir de este domingo, la policía migratoria de Estados Unidos lanzará redadas en 10 ciudades para detener a los inmigrantes sin papeles que hayan ignorado sus órdenes de deportación, y quizás también a sus familias. Los grupos que defienden los derechos de los indocumentados apuran los últimos preparativos: consiguen apoyo legal, publicitan sus teléfonos, dan cursos y aconsejan qué hacer cuando suenen en la puerta los golpes secos del Gobierno.

“Hemos comenzado una gira de resistencia, de protección en caso de una redada, y hemos estado yendo por todo el Condado de Maricopa tratando de llevar esta información”, explica Natally Cruz, miembro de Puente Arizona, una de las organizaciones más activas del estado fronterizo, a El Confidencial.

Cruz asegura que la prioridad de los inmigrantes sin papeles debería de ser nombrar un tutor legal para los hijos y también para sus bienes. “Que tengan todo arreglado para que, si son detenidos, esa no sea una preocupación”, continúa. “Les damos una lista de abogados que puedan contactar y les damos un curso completo”.

Deportaciones colaterales

El estado de Arizona, y en especial el Condado de Maricopa, es uno de los territorios más recios y peligrosos de EEUU para ser un inmigrante indocumentado. El autoproclamado “sheriff más duro de América”, Joe Arpaio, gobernó el condado con puño de hierro durante casi un cuarto de siglo. Arpaio fue acusado de todas las irregularidades imaginables: abuso de la fuerza, discriminación, corrupción, uso indebido de fondos públicos y una buena ristra de muertes en custodia.

El 'sheriff' llegó a montar una prisión al aire libre en el desierto, conocida como 'tent city' (“ciudad de tiendas de campaña”), donde los reclusos, muchos de ellos inmigrantes sin papeles, circulaban encadenados entre sí, sólo comían dos veces diarias y se les servía el nutraloaf, o rancho de castigo. Todo bajo temperaturas achicharrantes. El propio Arpaio, antes de caer en desgracia y de ver cómo las autoridades cerraban la prisión después de 24 años, se refirió a 'tent city' como un “campo de concentración”.

Las redadas a nivel nacional, filtradas por The New York Times en base a varias fuentes oficiales, incluirán “deportaciones colaterales”. Es decir, la policía irá a arrestar a 2.000 personas determinadas, pero, una vez en el lugar, podrían llevarse a quien quiera que esté presente: familiares, amigos, u otros empleados del negocio. Según varios testimonios, la migra detiene y luego pide los papeles.

“Sabemos que, si estamos en la calle y llegan a detener a una persona, no se van parar a preguntar al resto de las personas si tienen documentos o no”, añade Natally Cruz en conversación telefónica.

Listos para defendernos

Las organizaciones de Nueva York, Washington o Chicago también se han puesto en alerta. “Frente a estos ataques, nuestra comunidad está reafirmando sus derechos fundamentales”, dice la co-directora de Make the Road New York, Natalia Aristizabal, en un comunicado enviado a El Confidencial. “Estamos compartiendo recursos proactivamente con nuestras familias y amigos y estamos listos para defendernos”.

Siguiendo su estilo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha usado la amenaza de redadas como un instrumento de presión: una manera de persuadir a los demócratas de que acepten una reforma migratoria del gusto del Gobierno. El paquete incluiría más recursos para lidiar con el creciente número de cruces de la frontera, y más poderes para detener y deportar, también a menores. El presidente ya había anunciado redadas, pero luego las pospuso en medio de la negociación.

“Quiero dar a los demócratas la oportunidad de negociar rápidamente cambios sencillos en asilo y vacíos legales”, tuiteó el domingo. “Esto arreglará la frontera sur, junto a la ayuda que México nos está dando ahora. Probablemente no sucederá, pero merece la pena intentarlo. ¡Dos semanas y comenzará la gran Deportación!”.

Un sistema desbordado

Desde el acuerdo cerrado con la Casa Blanca en junio, México ha elevado las deportaciones de inmigrantes sin papeles un 33%, hasta los casi 22.000 expulsados. La cifra más alta desde 2006. La mayoría procedían de Guatemala, Honduras y El Salvador. Fue la respuesta del Gobierno mexicano a las amenazas de Donald Trump de colocar un 10% de aranceles a todos los productos mexicanos.

Hasta los críticos más enconados del presidente le tienen que dar la razón en una cosa: el sistema de asilo de Estados Unidos está en un estado catastrófico. En 2018 hubo 160.000 peticiones de asilo, un 240% más que en 2014, y cada mes cruzan la frontera de forma ilegal unas 100.000 personas. Un número estimado por las detenciones que efectúa la policía fronteriza, completamente desboradada, igual que los funcionarios. Hay unas 300.000 solicitudes de asilo pendientes.

El endurecimiento de las leyes y la separación de las familias también ha contribuido al hacinamiento en los centros de detención fronterizos. La Alta Comisionada la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, denunció esta semana su “condiciones alarmantes”. “Estoy profundamente impactada por el hecho de que los niños sean forzados a dormir en el suelo de las instalaciones atestadas, sin acceso a comida o sanidad adecuadas”, declaró (4). Sólo en 2018, siete niños murieron en estos lugares. En la década anterior no había fallecido ninguno.