560 euros al mes: Finlandia inicia su experimento con la renta básica universal

2.000 parados. 2 años. 560 euros al mes. Por cabeza. Libres de impuestos. Sin condiciones. Finlandia se ha convertido este enero en el primer país del mundo que experimenta, a pequeña escala, con la Renta Básica Universal (RBU). El objetivo es ver si este concepto revolucionario podría llegar a ser viable en un mundo en el que el trabajo -sobre todo el estable y a jornada completa- es cada vez un bien más escaso debido a la mecanización y la digitalización. Muchos ojos desde todo el mundo siguen con atención el proyecto piloto finlandés. Porque la idea polariza. Hay una avanzadilla que lo aplaude por liberalizador. Y un cerrado sector de opositores que lo tacha de socializante, inaplicable y ruinoso.

Hace apenas unos días 2.000 personas de toda Finlandia recibieron sendas cartas del Kela, el Instituto de la Seguridad Social nacional. Ellos habían sido seleccionados por sorteo para participar, de forma obligatoria, en una prueba inédita, para la que sólo se tuvieron en cuenta dos criterios: encontrarse desempleados en noviembre de 2016 y tener entre 25 y 58 años. Los elegidos van a recibir entre enero de 2017 y diciembre de 2018 un ingreso básico de 560 euros no condicionado. A nada. Ni a su situación laboral o familiar ni a los ingresos que pudiesen tener. Por elevados que sean. Y esa RBU está absolutamente libre de impuestos.

Marjukka Turunen, jefa del departamento Legal del Kela, explica en una entrevista en el diario finés Uusi Suomi que el experimento, que cuenta con la bendición del primer ministro, Juha Sipilä, persigue dos objetivos: dar la vuelta al sistema de incentivos económicos para que los desempleados busquen trabajo y simplificar la mastodóntica maquinaria burocrática que se ha ido creando para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas de este Estado del Bienestar nórdico.

El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba, durante un período de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir percibiéndolo. La teoría señala que el incentivo que lleva a volver al mercado laboral al trabajador es la certeza de que esa ayuda es limitada.

Lo que quiere estudiar el Kela ahora, explica Turunen, es si resultaría efectivo invertir totalmente la estructura de incentivos. Entregar de forma incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados. Una cantidad mucho menor que el suelo medio de Finlandia -donde el suelo anual neto ronda los 36.500 euros-, pero que al no tributar supondría una ayuda financiera significativa. Y ver cómo reaccionan los seleccionados. El Kela quiere acabar así con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados, que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad -en su mayoría, con malas condiciones- porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Consideran desde la Seguridad Social finlandesa que con la RBU va a ser mucho más fácil para los parados dar el salto a un nuevo primer empleo, sea a tiempo parcial o de baja remuneración.

Menor burocracia, menor gasto

Además, la administración espera poderse ahorrar una cantidad significativa simplificando la administración. Desde el Kela no aportan cifras concretas. Los receptores de ayudas por desempleo deben rellenar constantemente formularios y reunirse con funcionarios. Eso, un trabajo tedioso y rutinario, requiere de gran cantidad de personal y tiempo. Con el ingreso básico, este aparato burocrático sería cosa del pasado.

Un tercer punto es de carácter psicológico. La RBU aporta una gran seguridad financiera, explica Turunen en una entrevista publicada por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Da a las personas seguridad financiera. Pueden estar seguros de que el dinero llegará puntualmente. Lo que hagan con él es asunto suyo", asegura. Además, este ingreso elimina de los desempleados el estigma de las visitas regulares a las oficinas de desempleo.

Finlandia es el primer país que juguetea a esta escala con la RBU. Pero no es el único con el debate abierto sobre su conveniencia. En el norte de Europa principalmente hay colectivos que están poniendo esta opción sobre la mesa. El eco que están teniendo sus propuestas llevó hace meses al filósofo alemán Philip Kovce a decir que, salgan o no adelante estos primeros planes, la relevancia que se está dando a la iniciativa ya es un éxito para ellos.

En junio Suiza votó en referéndum la introducción de la RBU. Una contundente mayoría, más de tres cuartas partes de los participantes, rechazaron la propuesta -lanzada por una iniciativa popular-, que abogaba por que el estado ingresase a todos los ciudadanos, de forma automática e incondicionada, 2.260 euros libres de impuestos al mes. Holanda ha puesto en marcha un proyecto piloto en Utrecht y otros 19 municipios para estudiar la viabilidad del ingreso básico. Y en Alemania un colectivo presentó a mediados de 2016 más de 90.000 firmas en el Bundestag para pedir un referendo al respecto.

Los académicos y analistas no han quedado fuera de este debate. El ex ministro de Finanzas griego Yanis Varufakis y el filósofo esloveno Slavoj Zizek, desde la izquierda, defienden la implantación del ingreso ciudadano. Pero también el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, lo percibe con buenos ojos. No obstante, la RBU está lejos de poder amalgamar algún tipo de consenso. La idea, por su radicalidad, polariza. Genera atracción y curiosidad. Pero también rechazo. Además, la idea teórica sigue resultando ambigua en puntos clave, como la cuantía del ingreso, y se ha consolidado en torno a distintas modalidades concretas que, en ocasiones, son casi contrapuestas.

Cargados de argumentos

El principal argumento a favor de la renta básica es que la digitalización y la mecanización están acabando con cada vez más puestos de trabajo. En unos años, argumentan los defensores de la RBU, no sólo será difícil encontrar empleo para una nutrida mayoría, sino que además esos puestos de trabajo no serán necesarios para satisfacer la demanda de bienes y servicios. Según un estudio, el 47 por ciento de los trabajos en Estados Unidos son altamente susceptibles de ser automatizados en las próximas dos décadas.

Además, con una sola medida, se acabaría con la pobreza. Un progreso fenomenal, para los adalides de la RBU. La cuestión no es baladí en un momento en el que, tras el colapso financiero de 2008 y la subsiguiente crisis del euro, la clase media se encuentra amenazada por la precariedad y la desigualdad. Según Eurostat, unos 120 millones de europeos, cerca del 25 por ciento, viven en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

Renta Básica Suiza, la organización que recogió las firmas para el referéndum suizo, peleaba asimismo por "desacoplar los conceptos de trabajo y valor personal". Las personas, proseguía su argumento, podrían elegir con libertad a qué dedicar su tiempo. Muchos seguirían trabajando. Otros alargarían la formación o se tomarían mayores pausas para criar a sus hijos. Además, los riesgos derivados de emprender e innovar se reducirían sensiblemente.

Los críticos y escépticos, por su parte, también vienen cargados de argumentos. El primero y esencial es el coste. Pocos estados, más allá de los nórdicos, podrían poner en marcha iniciativas de este tipo. Según la OCDE, Luxemburgo y Dinamarca podrían en la actualidad pagar al año a cada uno de sus ciudadanos 17.800 y 10.900 dólares, respectivamente, si se eliminasen todas las ayudas no sanitarias y se repartiesen ese dinero de manera equitativa entre la población. En ambos casos esas cantidades suponen en torno a una quinta parte de la renta per cápita nacional. Los europeos del sur no podrían, como tampoco las economías de corte liberal anglosajón como Estados Unidos y Reino Unido. Y para la mayoría de países emergentes o pobres resultaría absolutamente impensable.

Además, critican algunos, eliminar ayudas e introducir la RBU supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta. Esto, si no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. Asimismo, algunos escépticos consideran que desincentivaría el empleo, sobre todo el de baja remuneración, lo que erosionaría los ingresos fiscales. Y que podría generar efectos llamada inasumibles en una era de migraciones masivas transfronterizas por motivos económicos.

Por último, algunos críticos temen el daño psicológico. Argumentan que desaparecería el pilar laboral como elemento estructurador de la personalidad. Que se fomentaría el no trabajar, algo que perciben como "moral hazard". Y que la distribución incondicionada de dinero podría perjudicar además el tejido social y acabar con la solidaridad.