PNV y Bildu se unen para censurar al Ejército por enarbolar la 'española' en sus maniobras

El PNV y EH Bildu se han unido este miércoles en las Juntas Generales de Guipúzcoa para arremeter contra las maniobras que realiza el Ejército español en este territorio y censurar que se enarbole la bandera española durante estas operaciones al asegurar que se trata de conductas que constituyen una “falta de respecto” hacia el País Vasco y la ciudadanía, y suponen “la negación del derecho a decidir libremente que le asiste" al pueblo vasco.

Ambas formaciones han consensuado una iniciativa que ha sido aprobada este miércoles en pleno por la que el Parlamento guipuzcoano “reprueba” las “exhibiciones militares” que se hacen por “la ley de la fuerza y por la fuerza de la ley” en este territorio y, además, con la bandera española, porque resultan “ajenas y conminatorias, y generadoras de malestar” para el País Vasco y para “la mayoría” de los ciudadanos. Por ello, la Cámara condena la “estrategia de tratar de que en la sociedad vasca se considere habitual y se admita con normalidad ver en nuestros pueblos y espacios emblemáticos al Ejército español” al constituir “una imposición" hacia este pueblo y hacia la ciudadanía vasca”.

La resolución pactada por estas dos fuerzas ha sido rechazada por el resto de fuerzas con representación en la Cámara: el PSE —socio de gobierno del PNV en la Diputación de Guipúzcoa—, el PP y Podemos.

El resto de fuerzas de la Cámara rechaza la resolución, que denuncia que estas prácticas del Ejército "van en contra de la normalización política"

La resolución determina que las maniobras del Ejército y la exhibición de la bandera española en estas prácticas “van en contra de la normalización política” del País Vasco por ser una “falta de respeto hacia la voluntad de la mayoría de los representantes públicos y de los guipuzcoanos” y por suponer la “negación del derecho a decidir libremente”. Sobre la censura por el hecho de que se enarbole la enseña nacional durante estos ejercicios, el texto aprobado justifica que "solo cuando los símbolos expresan la voluntad del pueblo, por sentirlo así la mayoría de la gente del lugar, se convierten en signo o enseña de unidad, y solamente entonces suscitan entre la ciudadanía una adhesión natural y un sentimiento de comunidad propia, y sirven para generar una conciencia colectiva".

Por ello, en respuestas a estas actitudes, la propuesta pactada por PNV y Bildu, que han hecho valer su mayoría para sacar adelante el texto, determina que las Juntas Generales “proclaman que cumplirán lealmente y firmemente su deber de preservar y defender la identidad vasca y los derechos que le asisten al País Vasco como pueblo mediante vías pacíficas, políticas y democráticas, ligados a nuestros derechos históricos y resueltos a que la democracia del siglo XXI sea madura y digna”. “Y así —concluye— lo pregonan ante la ciudadanía guipuzcoana, a quien deben lealtad”.

El pronunciamiento en contra de las maniobras del Ejército y la presencia de la bandera española en las mismas se ha dado a impulso del PNV, que el pasado mes de octubre registró una iniciativa para denunciar estas “exhibiciones” en vista de que se dan “cada vez con mayor frecuencia” en “espacios emblemáticos” de Guipúzcoa, y en las que, además, se “está imponiendo expresiones a favor de la bandera española”, como —según expone en la justificación de motivos— bien quedó “patente” durante este pasado verano.

Frente a estas conductas, la portavoz del PNV en la Cámara, María Eugenia Arrizabalaga, contraponía en la iniciativa original que “la mayoría de la ciudadanía guipuzcoana deja claro de forma permanente en el curso de la historia y la cultura de nuestro país, que favorece las opciones nacionalistas y que posee madurez democrática”. De este modo, aseguraba, “cabe pensar que a la mayoría de la ciudadanía le desagradan estas imposiciones de carácter militar y ve una falta de respeto hacia el País Vasco en la imposición de símbolos de la unidad de España, considerándolo contrario a la paz y a la normalización política de nuestro pueblo”.

EH Bildu planteaba exigir que el Parlamento foral se comprometiera a no invitar a sus actos a "nadie del Ejército, al Rey y a representantes de la monarquía"

Ante esta propuesta, EH Bildu presentó una enmienda a la totalidad que asumía prácticamente el contenido de los cinco puntos del texto del PNV salvo algún mínimo cambio y que incluía varios contenidos añadidos para, entre otras cosas, exigir que el Parlamento territorial se comprometiera a no invitar a actos organizados por la Cámara a “nadie del Ejército español, ni al Rey de España, que es el mando supremo” de este cuerpo, ni a “ningún representante de la monarquía". Igualmente, el portavoz de la coalición ‘abertzale’, el que fuera alcalde de San Sebastián en la legislatura 2011-2015, Juan Karlos Izagirre, reclamaba el acuerdo de no participar en actos impulsados por estas instituciones.

Estas exigencias no se recogen tal cual, con esta literalidad, en la resolución consensuada con el PNV, aunque viene a asumir este planteamiento con otras palabras, con otra redacción. Así, refleja en un sexto punto que el Parlamento territorial “actuará en coherencia con el contenido de la presente resolución en sus actos oficiales y actividades de representación pública”. Entre los partidos que han rechazado la iniciativa, la portavoz de Podemos, María Valiente, ha mostrado su "sorpresa" por la "subjetividad sin parangón" del texto consensuado. Aunque esta formación rechaza la monarquía, ha censurado que el contenido de la resolución es el "camino equivocado". Por su parte, el representante del PP, Juan Carlos Cano, ha mostrado durante el pleno la fotografía de 1982 del que fuera diputado general de Guipúzcoa Xabier Aizarna y del viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco Eli Galdós, ambos del PNV, entregando a la Guardia Civil la bandera constitucional española en el cuartel de Intxaurrondo.

No es la primera vez que el PNV y Bildu van de la mano en el Parlamento de Guipúzcoa para sacar adelante propuestas contra las instituciones del Estado y contra decisiones adoptadas por los diferentes poderes. Es habitual que la formación ‘jeltzale’ en este territorio, liderada por Joseba Egibar, exponente del ala más independentista del partido, se una a la antigua Batasuna para consensuar propuestas de un marcado acento soberanista, en contraposición con la actitud que mantiene el partido de Andoni Ortúzar en los otros dos parlamentos territoriales vascos, donde estos pronunciamientos de la mano de la coalición ‘abertzale’ se dan en menor medida.

También contra la sentencia del 'procés'

De hecho, la sesión plenaria de este miércoles ha dado lugar a una segunda unidad de acción soberanista de ambas fuerzas, en este caso en contra de la sentencia del ‘proces’ dictada por el Tribunal Supremo que condena a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a los demás políticos independentistas catalanes procesados. Las dos formaciones han consensuado otro texto, que ha contado en esta ocasión con el apoyo parcial de Podemos, para denunciar que la resolución judicial supone “una desfiguración del Estado de Derecho y pone en cuestión la homologación internacional de la democracia española”. Al respecto, refleja que las Juntas Generales "manifiestan claramente que no se pueden justificar la causa imputada y las sanciones impuestas por el Tribunal Supremo y los poderes del Estado a las autoridades y agentes sociales de Cataluña".

La iniciativa aprobada enmarca el fallo judicial en la “respuesta violenta” del Estado español, la cual, según censura, “afecta directamente a la ciudadanía vasca, ya que amputa la determinación democrática y pacífica de la voluntad popular, respondiendo al problema político con la fuerza de los tribunales, con la aplicación del artículo 155, o con la imposición de injustas medidas de todo tipo a quienes apuestan por el derecho a decidir, en lugar de buscar una solución dialogada y negociada y de consultar al pueblo”.

La resolución pactada entre Bildu y el PNV para rechazar la sentencia del 'procés' recibe el apoyo de Podemos, que ha avalado cuatro de los seis puntos

En este sentido, la resolución aprobada defiende la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 que ha motivado el proceso judicial condenatorio contra los líderes independentistas por ser "democrático y legítimo", y reivindica el “derecho a decidir que le asiste a Cataluña y el País Vasco”. Igualmente, emplaza a los poderes del Estado a “la inmediata puesta en libertad” de las personas condenadas y a la “suspensión de los procesos judiciales” contra los líderes soberanistas que huyeron de España. Podemos se ha sumado a cuatro de los seis puntos de la resolución. La formación morada no ha respaldado los puntos que defienden el derecho a decidir de Cataluña y País Vasco, y el que arremete contra la "respuesta violencia del Estado".