LOS DEFECTOS DE LA BUROCRACIA

La nueva trampa para la gente que no tiene dinero: todo empieza con una multa

Algunos procedimientos legales pueden convertirse en laberintos para las personas con menos recursos. Es el caso del Capítulo 13, una peculiar y peligrosa fórmula legal

Foto: ¿Hasta dónde pueden llegar? (iStock)
¿Hasta dónde pueden llegar? (iStock)

El pasado año, alrededor de 2.237 españoles se declararon en quiebra y solicitaron un concurso de acreedores en el juzgado, un 41,7% más que el año anterior. Se amparan en la Ley de Segunda Oportunidad que fue aprobada en 2015 para evitar que las familias caigan en esos círculos viciosos de deudas impagadas que se acumulan y multiplican exponencialmente hasta que resultan virtualmente imposibles de pagar. A través de estos procesos, los deudores pueden volver a empezar sin tener que cargar una losa de deuda durante toda su vida, que por ejemplo, puede impedirles conseguir un crédito o poner en marcha un negocio.

Algunos de estos sistemas, no obstante, pueden parecer atractivos a corto plazo pero contraproducentes a largo. Es lo que ocurre con el tristemente famoso Capítulo 13 de la ciudad de Chicago, un recoveco legal único en el mundo que ha dado que hablar durante los últimos años, incluso en el mundo académico. En teoría, es un mecanismo que exonera a los solicitantes de todas sus deudas hasta que se decide sobre su ejecución. En la práctica, es un negocio rentabilísimo para los abogados de la ciudad y una verdadera trampa para los pobres que recurren a ella. Una paradoja que muestra el lado más oscuro de la burocracia moderna, en la que no es tan raro que obtener una herencia o un proceso de divorcio te empujen a la bancarrota.

Hay un posible afán recaudatorio: en Chicago, las multas suponen un 7% del presupuesto municipal. En Madrid es de alrededor de un 4%

Lo excepcional en este caso es que muchas de las personas (alrededor de 10.000 al año) que recurren al Capítulo 13 lo hacen por haber contraído una deuda con el ayuntamiento al no poder pagar sus multas de tráfico, lo que les obliga a dejar de conducir hasta que se ponen al día con su acreedor. Al declararse en bancarrota, vuelven a poder utilizar su vehículo, algo esencial para que la mayoría de ellos puedan llegar a su lugar de trabajo. Sin embargo, se trata de pan para hoy (un pan necesario para la mayoría de ellos) y hambre, mucha hambre, para mañana. Es lo que expone un reportaje publicado en 'ProPublica' que ha lanzado este tema al debate público.

Las multas como herramienta de financiación

Otro elemento revelador de la trampa Capítulo 13 es que la mayoría de las multas no son por causas particularmente graves, salvo saltarse semáforos en rojo. La más común, reveladoramente, es no llevar en regla la pegatina del ayuntamiento (un 19% del total de las deudas, y que obliga a pagar al conductor 87 dólares anuales en su renovación), pero también son habituales otras como conducir con una matrícula caducada o las luces que no funcionan. La lógica es palmaria: los que no tienen dinero para pagar la renovación de la pegatina tampoco pueden hacer frente a la multa, por lo que pierden su derecho al uso del automóvil y, con él, muchos de sus trabajos. Así se sumergen en una espiral sin fin de deuda.

Chicago, una ciudad con tres millones de multados. (iStock)
Chicago, una ciudad con tres millones de multados. (iStock)

Es muy probable, como sugieren los detractores del sistema, que el aumento de las multas sea parte de una agresiva campaña de la ciudad para conseguir una vía de financiación alternativa… que termina recayendo en las personas con menos recursos. En 2016 se recaudaron unos 264 millones, alrededor de un 7% del presupuesto de 3.600 millones de dólares de la ciudad. No obstante, las ciudades españolas no se encuentran tan lejos de dichas cifras. Madrid, por ejemplo, recaudó 198 millones el pasado año (un 24% más que el año anterior), alrededor de un 4% de su presupuesto de 4.700 millones. Como recuerda el informe 'Multas, ¿recaudación o reeducación?', los ayuntamientos españoles multan hasta cinco veces más que la DGT.

El gran beneficiado de este sistema son los bufetes que contratan espacios publicitarios en la televisión local para ofrecer sus servicios en estos procesos de bancarrota. Resulta significativo que la forma de pago a estos abogados sea también beneficiosa a corto plazo para el cliente y muy cara a largo: suelen aceptar llevar el caso sin un pago inicial pero sus horarios suelen terminar ascendiendo mes tras mes a los 4.000 dólares. Una cantidad que se termina acumulando a la deuda aún por liquidar que, a diferencia de otras ciudades (o lo que ocurre en España), no tiene un límite estipulado. Los que se acogen al Capítulo 13 tienen que destinar toda su renta mensual disponible a sus acreedores hasta que pasen al menos cinco años. El truco se encuentra en que, al contrario de otros sistemas (como el Capítulo 7) pueden recuperar su carné y su coche de inmediato y evitar ser embargados o desahuciados.

La gente no tiene intención de afrontar la bancarrota. La piden, cogen el coche y el caso se desecha… y vuelven a pedirla

El resultado, a largo plazo, es caer en una trampa de deuda de la que no podrán salir, porque carecen de los recursos y apoyo para hacerlo. Tampoco la ciudad ha salido beneficiada de esta aparente trampa que tan solo retrasa los pagos de los infractores de la ley. Ni el ayuntamiento recibe el dinero que se le debe ni los ciudadanos reducen sus deudas, mientras que los abogados se enriquecen sin hacer gran cosa. “Ha sido una pesadilla para nosotros”, explica a 'Propublica' un abogado del ayuntamiento de Chicago especializado en estos casos llamado David Holktamp. “La gente no tiene intención de afrontar la bancarrota. La piden, cogen el coche y el caso termina siendo desechado… y vuelven a pedirla”.

Una sociedad, dos mundos

En 'La brecha', el periodista Matt Taibbi describe cómo la burocracia y los procesos administrativos de las ciudades y organismos estadounidenses perjudican a los sectores más pobres de la sociedad (generalmente a los negros) y favorece a los ricos y blancos. El libro se centra en concreto en cómo el sistema penitenciario castiga sistemáticamente a los pobres y nunca a los criminales de cuello blanco. Para los críticos con el Capítulo 13, es algo semejante: una trampa legal que perjudica ante todo a aquellos que no pueden hacer frente a un pago repentino.

“No tener coche no es una opción”, explica una mujer que debe 1.500 dólares. Muchas aceptan la bancarrota para recuperar su carnet y su automóvil

Una de las historias recogidas es la de Laqueanda Reneau, una madre soltera que trabajaba como camarera mientras se sacaba una carrera en la Universidad DePaul. A sus 25 años, la deuda acumulada entre multas de tráfico y recargos (hasta un 50% del total) ascendía a los 6.700 dólares. Siete de las deudas se debían a no haber renovado su pegatina; otra docena, a no cambiar su matrícula, algo que le resultaba imposible pues no tenía dinero para pasar la revisión de emisiones contaminantes, un equivalente a la ITV. Así que decidió inscribirse en la bancarrota del Capítulo 13 para recuperar su coche y poder llevar a su hijo al colegio.

Para ello, recurrió a los servicios de DebtStoppers, una de las firmas más famosas de Illinois en casos de bancarrota, y que le ofrecía una alternativa más económica que el programa de quita del ayuntamiento. Ocho meses después, ha pedido cancelar su caso de bancarrota al percatarse de que tendrá que dar todo el dinero que recuperaría en su declaración de impuestos. Sin embargo, también sabe que una vez esto ocurra, volverá a perder su carnet y su coche. Son varios los casos que han emergido tras la publicación del reportaje. Otra es, por ejemplo, Rosalva Nava, que perdió un trabajo en un colegio público como monitora debido a sus 5.000 dólares adeudados en multa de tráfico. Sin embargo, afirma que era “demasiado cobarde” para declararse en bancarrota así que optó por el plan del ayuntamiento.

La mayoría de testimonios coinciden en la necesidad de disponer de coche en una ciudad con una superficie total de 606 kilómetros, muy parecida a la de Madrid (602 kilómetros), pero con una densidad mucho menor. “Si no tengo coche, no puedo trabajar”, desvela una mujer de 56 años llamada Caroline Furdge, que ha aceptado el plan de pagos del ayuntamiento. “Tener coche no es una opción”, explica Yolanda Williams, que debe 1.500 dólares y se encuentra en una situación similar a Furdge. En su caso, el transporte era necesario para transportar a su hija, que padece síndrome de Down. Todos estos ejemplos coinciden en varios factores. Se trata de mujeres de clase baja para las que el coche es necesario. Una vez más, la desigualdad se manifiesta en los detalles aparentemente nimios que pueden cambiarte la vida para siempre.

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