¿Investigación o publicidad? La 'Complu', IKEA y las empresas en la universidad

¿Cómo han cambiado los hogares españoles? ¿Qué diferencias hay entre los 'baby boomers' y la generación 'Y'? La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha realizado un estudio para analizar la evolución de nuestras casas en los últimos 20 años... precisamente las dos décadas que lleva IKEA en España. Lo que iba a ser un estudio sobre la evolución de la sociedad española acabó convertido en un informe presentado a la prensa hace unos días bajo el título 'Ikea y España. Sí, quiero', patrocinado por la empresa de muebles sueca.

El resumen del estudio tiene más apariencia de catálogo –con los colores corporativos y fotos de los empleados de IKEA– que un estudio en sí. Hay referencia a los tipos de muebles o a qué se compra más. Los profesores que han elaborado el informe llegan a decir que la empresa sueca es equivalente en muebles “a lo que Coca-Cola es a los refrescos”. ¿La universidad pública ensalzando a una empresa privada? Hablamos con Lucila Finkel, profesora de Sociología e integrante del equipo de este estudio. Cuenta que aquello les llevó seis meses aunque fue “un trabajo más rápido” que el que pueden realizar en el ámbito académico. Le preguntamos por la apariencia de promoción que tiene el informe y, algo molesta, nos recuerda que la colaboración entre empresa y universidad está regulada por la LOU. “Es algo muy habitual, estamos acostumbrados”.

Tiene razón. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) lo recoge en su artículo 83 y establece que cada universidad decide el procedimiento. Y bajo el amparo de esta normativa se desarrollan investigaciones, creaciones artísticas, apoyo tecnológico, prestación de servicios (análisis, informes jurídicos, ensayos…). Es “bastante habitual”, repite Jesús Escribano, secretario general de CCOO en la UCM. Aunque reconoce que lo de IKEA es más llamativo por ser “una empresa conocida”. “Desde hace unos años los presupuestos de las universidades han descendido y no es extraño que recurran a este tipo de contratos para completar alguna investigación propia. Lo ideal es que se financiaran con recursos públicos, pero no hay”, reflexiona.

IKEA no es una excepción. La Universidad de Córdoba realizó un estudio en 2014 para probar que Coca-Cola podía inhibir el crecimiento de células tumorales, es decir, que el popular refresco tiene efectos antioxidantes. CAPSA, la empresa que aglutina a Central Lechera Asturiana o Larsa, patrocinó un estudio de la Universidad de Oviedo sobre hábitos alimenticios de los españoles. Una de sus conclusiones es que la mayor parte de la población evita el consumo de alimentos poco saludables pero esa moderación no se aplica en pan, patatas y leche. O Ista, una empresa que apuesta por la medición individual de gas y agua en comunidades de vecinos, encargó a la Universidad de Alcalá un informe que determinó que “la medición individual de la calefacción supone un ahorro del 25% de energía en los hogares”.

¿Dónde están los límites?

La empresa de muebles defiende su colaboración con la UCM. “Es una institución con alto reconocimiento”, apuntan desde la compañía. “Estamos orgullosos de haber podido contar con su riguroso trabajo y respaldo profesional”, añaden sin mayor justificación. El informe ha sorprendido a algunos profesores. No hay nada ilegal pero sí se mira con recelo un estudio de 200 páginas que se acerca a un trabajo de márketing. Todo contrato entre universidad y empresa debe recibir la aprobación de varios departamentos y de la Comisión de Transferencia de cada centro. Un procedimiento “nada transparente”, según opina Fernando Ángel Moreno, profesor, investigador y coordinador del Área de Universidad del consejo Ciudadano de Podemos Madrid. Moreno se queja de que ya pidieron al rector de la UCM más nitidez en estos contratos pero que no ha habido una modificación de la normativa.

La LOU recoge la colaboración entre empresa y universidad. Bajo su amparo se desarrollan investigaciones, creaciones artísticas, servicios...

La universidad se justifica. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM colabora en el procedimiento administrativo que permite aprobar el convenio entre empresa y universidad. Su director, Javier Pérez Trujillo, reconoce que estos acuerdos "no son contratos públicos" y, por tanto, no están sujetos a la Ley de Transparencia; recuerda que los contratos elaborados bajo el amparo de la ley 83 de la LOU están sometidos a "derecho privado". De hecho, contienen cláusulas de confidencialidad. Por ello, asociaciones a las que se ha pedido opinión sobre este asunto como Asociación Transparencia Universitaria (ATU) o la Coordinadora en Defensa de las Universidades Públicas en Madrid (Cupuma) han preferido no manifestarse hasta conocer más datos.

Repasemos: si algún profesor o departamento quiere colaborar con una empresa, debe recibir autorización de su director de departamento o grupo de investigación. La propuesta se remite a la Comisión de Transferencia de la Universidad, que tiene que elaborar un informe favorable. La última firma, la autorización, recae en el vicerrector competente. Todos esos pasos garantizarían el correcto cumplimiento de la ley.

Pérez Trujillo explica que el estudio de IKEA es una investigación sociológica y se justifica en que "es una transferencia a la sociedad". "Para la universidad es muy interesante que las empresa e instituciones se dirijan a nuestros investigadores". En cuanto a la presentación con los colores corporativos, el director de la OTRI apunta que cualquier empresa es "libre de utilizar los resultados de la investigación para su difusión como estime oportuno". Asimismo explica que las preguntas a los sujetos de estudio, unas 2.000 personas, sobre la empresa de muebles "están en algunos apartados y en ningún caso constituyen el grueso del estudio".

Son pocos los profesores y plataformas que apuestan por impulsar la investigación en la universidad los que están decididos a hablar del tema. Sí lo hace Ana Fernández-Zubieta, investigadora de la UCM. Cuidadosa en sus palabras, cree que la sorpresa "viene por el formato", en referencia a su apariencia. “Hay que mantener la independencia”, aclara. "El dilema ético cuando estás trabajando para un proyecto financiado por una empresa puede existir pero por eso tiene que haber unos códigos de conducta". Sin embargo, contradice a CCOO. Como investigadora estima que "en España estos contratos no pueden suplir la falta de financiación pública porque es algo anecdótico".

La crisis y la disminución de ingresos

La actual LOU continuaba lo previsto ya en la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que por primera vez abrió la puerta a que el profesor pudiese tener a través de la universidad contratos con empresas, instituciones o fundaciones, agentes externos a la universidad, para realizar actividades de asesoría o investigación.

La amplia variedad de fórmulas de colaboración y la independencia de cada universidad a la hora de establecer la normativa y los cánones económicos aplicados a sus contratos provoca que, bajo el paraguas de la transferencia, se aglutinen casos muy diferentes, aunque por lo general, suelan referirse a sectores tecnológicos. Martí Parellada, coordinador del informe anual realizado por la Fundación CYD, presidida por Ana Patricia Botín, recuerda que estas fórmulas de colaboración son muy habituales en los sectores de ciencia, salud o farmacia, “tanto a través de convocatorias públicas como para conseguir que una empresa determinada financie esos proyectos”. Como la profesora Fernández Zubieta, no considera que la búsqueda de fuentes privadas sea la panacea ante la bajada en inversión pública: “No sustituye, pero puede paliar; a través de esos contratos un profesor o un equipo puede seguir desarrollando una investigación que no podría continuar con los recursos públicos tradicionales”.

En los últimos años, la crisis económica ha provocado que la inversión de las empresas en la universidad haya disminuido sensiblemente: de alrededor de 700 millones en el año 2008 a los 450 millones de 2014, según los datos de la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidad Españolas de la RedOTRI (Red de Oficinas de Trasnferencia de Resultados de Investigación). Este informe llega a asegurar que "uno de los problemas centrales a resolver por la economía española y por el sistema universitario español” es “la falta de orientación de las universidades a la solución de los problemas tecnológicos de las empresas”. Tanto unos como otros animan a una colaboración más estrecha entre universidad y empresa.

Los tentáculos de las grandes marcas

Pero no todo es tan sencillo. Desde círculos sindicales, activistas y estudiantiles, estas amistades entre sectores tradicionalmente alejados se ven con recelo, especialmente por las nuevas formas de colaboración que se están estableciendo. Un portavoz de la Federación Estudiantil Libertaria explica que “el patrocinio, los préstamos universitarios o la propaganda” son fórmulas relativamente nuevas que han empezado a explotarse a partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (el conocido como proceso de Bolonia) en 1999. En su opinión, los Consejos Sociales son una de las herramientas clave en la penetración de la empresa en la universidad y, al mismo tiempo, más desconocidos.

Te dicen que la universidad debe ser una entidad financieramente autónoma, por lo que ser 100% dependiente del Estado no es positivo

Según su definición habitual, los Consejos Sociales son “órganos de participación de la sociedad en el gobierno de las universidades” y, por lo tanto, cuentan con representantes tanto del claustro como de sindicatos o fundaciones y empresas. En el de la UCM figuran, por ejemplo, Carlos Álvarez Jiménez, antiguo director de Fundación Mapfre, o José Luis Sotoca Santos, que pasó por diferentes empresas farmacéuticas hasta jubilarse en Janssen-Cilag. El presidente del consejo social de la Universidad Autónoma de Madrid es Manuel Pizarro Moreno, antiguo presidente de Endesa y diputado del Partido Popular. Para el portavoz de FEL, el consejo es “el Caballo de Troya del mundo de la empresa en la universidad”.

“Lo revisten todo de un discurso muy bonito”, añade. “Te dicen que la universidad debe ser una entidad financieramente autónoma, por lo que ser 100% dependiente del Estado no es positivo y que hay que diversificar”. En ese mismo sentido se manifiesta David García Aristegui de 'Ciencia para el pueblo', colectivo de trabajadores y extrabajadores del sector científico: “Siempre hemos observado con una mezcla de perplejidad y enfado la mercantilización de los diferentes espacios de la Academia”. El colectivo proporciona unos cuantos ejemplos más: la relación entre el CSIC y empresas como Vichy o Victoria's Secret; la plataforma Precipita, “creada para que las investigaciones se financien a través de un crowdfunding”; o la esponsorización de la Asociación Española de Comunicación Científica por L'Oréal.

“De un tiempo a esta parte parece que todo vale”, añade. Como explica, hay una pinza que opera sobre el sector científico, “por un lado, programas de ciencia-espectáculo y, por otro, una precarización cada vez mayor de la carrera investigadora”. Un círculo vicioso en el cual las únicas salidas parecen ser o el abandono o la aceptación de estas fórmulas para complementar los agujeros dejados por la escasez de fondos públicos. “¿Lo más triste de todo esto? Que ya estábamos avisados. El libro de Naomi Klein 'NoLogo' fue un auténtico best seller y dedicaba un apartado al asunto que nos ocupa”, concluye.

El libro, publicado en el año 2000, tiene un capítulo llamado 'Las marcas y la enseñanza. Los anuncios en escuelas y universidades'. En él, la autora explicaba cómo “en todo el mundo, los campus universitarios están ofreciendo sus instalaciones de investigación y su credibilidad académica de incalculable valor a las marcas para que les utilicen como plazcan”. Klein citaba la contribución de universidades de EEUU para inventar nuevos monopatines para Nike, nuevas técnicas de innovación petrolífera para Shell o el análisis de planes de desarrollo de Disney en el mercado asiático. Han pasado ya casi 16 años de aquello, y en ese período ha quedado claro que la relación entre grandes marcas y universidad no era el escarceo de una noche sino un matrimonio para toda la vida. La pregunta es: ¿de conveniencia o concertado?

La lenta transferencia

Son muchos los organismos que defienden la colaboración universidad-empresa, que beneficia a ambas partes y a la sociedad en su conjunto, y que recuerdan que España se encuentra aún por detrás respecto a los países de su entorno. Es lo que argumenta Martí Parellada: “En transferencia, España se sitúa en un nivel medio-débil, y hay mucho camino de mejora”. Parellada recuerda que nuestro país está mejor en investigación que en transferencia, “a pesar de la reducción de la financiación”, como recordaba el reciente informe 'Universidad en Cifras’ elaborado por CRUE (Confederación de Rectores de las Universidades Españolas). Aunque los autores contactaron con la Confederación para recabar su opinión sobre este asunto, finalmente esta no ha proporcionado respuesta.

La producción científica de las universidades mantiene su dinámica de crecimiento #UniversidadenCifras pic.twitter.com/0SgJwrlydI

Para Parellada, es una actividad positiva para ambas partes. Para la universidad, porque le permite “generar recursos y consolidar su capital humano”. Para el docente, porque “le permite tener unos ingresos adicionales, sin que signifique un menoscabo de sus obligaciones docentes”. 

El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla La Mancha, Juan Francisco Rodríguez, es también un fiel defensor. En 2015 publicó un artículo argumentando la “urgente necesidad” de potenciar esta transferencia de conocimiento. Rodríguez sabe que hay una parte de la comunidad universitaria que no está del todo de acuerdo porque “los intereses de las empresas son más prácticos, menos altruistas. Pero lo que no termina por llegar a una empresa no beneficia a la sociedad”. El también director del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real explica que “esta transferencia de conocimiento se ve mal porque no hemos sabido explicar las cosas pero pequeñas empresas no tienen otra forma de sacar adelante nuevos proyectos, no tienen departamento de I+D”, argumenta.