El impacto de la Ley del Medicamento será de 1.100 millones el primer año

La lucha de las farmacéuticas contra el aún anteproyecto de la Ley del Medicamento continúa, y para defender su postura han hecho números. Las cuatro medidas que más afectan a la industria provocarían la ausencia de 1.100 millones de euros en ingresos y una caída del 10% en los mismos. Y esto sólo el primer año “porque en 2007 será otro tanto”, argumenta Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. “Es muy difícil que el sector pueda asumir esta reducción porque los beneficios normalmente alcanzan el 7% después de restar impuestos”.

Los puntos que inquietan a Farmaindustria se centran en un sistema de precios de referencia más agresivo que el vigente, “con una gradualidad limitada” porque se aplica sobre cada principio activo (sustancia medicinal) y no por cada presentación comercial, la inclusión en el mencionado sistema de las innovaciones galénicas, la bajada automática del 20% de los precios de medicamentos con más 10 años sin genérico en España y la consolidación de la tasa sobre las ventas “que paraliza la empresa porque penaliza el tamaño, afecta a las más innovadoras”, se queja Arnés.

Anteriormente, la tasa era una aportación voluntaria y siempre que la empresa creciera por encima del PIB. El sistema de precios de referencia existe desde los tiempos de Ana Pastor, “pero estaba solo, sin incluir en él las innovaciones galénicas y sin estar acompañado de la tasa obligatoria”. Calculan que la cuota de mercado afectada por las nuevas medidas alcanzaría el 20,4% en 2006 y hasta el 27,4% al año siguiente. “Y no hay nadie que nos rebate estas cifras”, asegura Arnés.

En cuanto a la intervención de otros ministerios, Farmaindustria asegura que no han interactuado en el proyecto lo suficientemente porque no es de su prioridad. “Sí tenemos el apoyo anímico de Industria, nada más, pero esto puede provocar crisis en muchas empresas”.

“Una Ley del Medicamento debería crear un marco de estabilidad duradera, el acceso de todos los ciudadanos al medicamento, la sostenibilidad de las cuentas públicas y el desarrollo de la industria farmacéutica y el texto que actualmente se estudia no garantiza ese equilibrio”, apostilló Arnés.