El fondo social de viviendas de la banca hace agua: los desahuciados no quieren sus pisos

Está siendo un rotundo fracaso. El fondo social de viviendas en alquiler, constituido el 17 de enero de 2013 con la aportación de 6.000 viviendas por parte de 33 entidades financieras, no está dando los resultados esperados. Aunque desde el Ministerio de Economía cifran en torno a 500 las solicitudes, desde los propios bancos reconocen el fracaso estrepitoso de esta iniciativa.

“En el primer trimestre solamente recibimos una solicitud. Y en el segundo, apenas 10”, comentan fuentes cercanas a una de las mayores entidades financieras de España. “En estos cinco meses apenas hemos recibido una treintena”, aseguran desde otra.

“Sabíamos que no iba a funcionar desde el principio”, explica a El Confidencial Luis Barriga, trabajador social y miembro de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “Los desahuciados no son ganado estabulado al que se le puede trasladar de un lado a otro sin más. Son familias que, en la mayoría de los casos, llevan años viviendo en el mismo barrio, con hijos que van al colegio… Familias con arraigo social”. Muchos ciudadanos, sin embargo, no entienden esta falta de interés y critican el hecho de que muchas familias que han sido desahuciadas rechacen la oportunidad que se les está brindando. 

Barriga recomienda echar un vistazo a los inmuebles y a su ubicación para comprender la escasa acogida de esta iniciativa. “Se trata de inmuebles que ni siquiera ha querido el banco malo. Viviendas de menos de 100.00 euros, de mala calidad o totalmente desubicadas. Muchas se encuentran en urbanizaciones aisladas, forman parte de proyectos que han fracasado, en zonas rurales… Factores que dificultan que una familia decida marcharse a ellas. Además de la exclusión financiera, se les quiere excluir socialmente”.

Bankia, por ejemplo, ha aportado a este fondo un piso en la zona de Atocha de 19 metros cuadrados y un dormitorio, mientras que CaixaBank ha incluido una vivienda de 39 metros cuadrados y cuatro dormitorios en Antas, a casi 100 kilómetros de la capital de provincia, Almería. Son sólo dos ejemplos, pero no los únicos. “Hay muchas viviendas procedentes de la típica promoción que fracasó y a las que ahora intentan dar alguna salida a través de este fondo. Pero ¿quién se va a ir a ellas? O estás bajo un puente y no te queda más remedio o nadie quiere irse a ellas ya que supone que se rompan las redes sociales y familiares y en muchas ocasiones dificulta el acceso a un trabajo", insiste Luis Barriga.

A pesar de que el fondo cuenta con 6.000 viviendas, una familia o un particular que ha sido desahuciado solamente puede optar a las viviendas de la entidad que les desahució. “Es una auténtica carrera de obstáculos. La familia tiene que acudir al mismo banco que le ha echado de su casa a solicitar una vivienda. Una vivienda que no tiene por qué ser, en absoluto, la que perdieron. Las relaciones entre las personas que han sido desahuciadas y el personal de las sucursales bancarias, como comprenderás, son de todo menos amistosas”, explica Luis Barriga.

Alquileres demasiado caros

También juegan en contra de las familias desahuciadas los precios de los alquileres, que oscilan entre un mínimo de 150 euros y un máximo de 400. En las algunas entidades reconocen a El Confidencial que desde el principio situar el listón máximo en 400 euros era muy elevado. “Ir más allá de los 150 euros es una auténtica salvajada. La cifra mágica para muchas de estas familias son los 426 euros que se corresponde a la renta activa de inserción. Se supone que el gasto en vivienda nunca debería superar el 33% de los ingresos de una familia. Por tanto, los alquileres deberían situarse por debajo incluso de los 150 euros”, apunta Barriga.

El fracaso del fondo social de viviendas en alquiler se sitúa en línea con el del Código de Buenas Prácticas de la banca puesto en marcha hace un año por el Gobierno para intentar frenar el problema de los desahucios hipotecarios.

En todo este tiempo, unas 4.385 familias han intentado acogerse a él. Sin embargo, de los 3.322 casos que ya han sido tramitados, 2.190 fueron directamente denegados por las exigentes condiciones que requiere la norma para amparar a los afectados.

Proyectos que sí funcionan

Fracasos todos ellos que contrastan, sin embargo, con los buenos resultados cosechados por el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León. En apenas seis meses de funcionamiento, ha atendido a más 843 familias –datos a 30 de abril-. De ellas, se han concluido 355 expedientes, el 91% de los cuales -323- se ha resuelto favorablemente. En 273 casos no ha habido necesidad de interlocución con el banco y 50 de ellos la han requerido. De esos 50, 33 fueron reestructuración de la deuda, 12 daciones en pago y 5 acuerdos de no lanzamientos.

“Se trata de un programa integral en el que no nos centramos exclusivamente en arreglar el problema del desahucio, sino que se hace un estudio en profundidad de esa familia para asegurarnos de que accede a todas las ayudas a las que tiene derecho como, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía o a la red de alimentos”, explican fuentes oficiales de este programa.

“Cada vez son más las familias que jamás pensaron que podrían verse en una situación de exclusión social y que acceden a los servicios sociales. Gracias a este programa y al anonimato que se garantiza durante todo el proceso, muchas familias consiguen aparcar el estigma que supone encontrarse en esta situación y pedir ayuda", añade.