El PP 'entierra' la dación en pago retroactiva en su proyecto de ley antidesahucios

Era la principal exigencia de la iniciativa legislativa popular (ILP) que hace dos meses el Partido Popular admitía a trámite en el Congreso de los Diputados. Más de un millón y medio de firmas pedían, entre otras soluciones, la dación en pago con carácter retroactivo como medida para que muchas familias que ya han perdido su vivienda y aún siguen manteniendo importantes deudas con el banco puedan tener una segunda oportunidad.

La ley de sobreendeudamiento o segunda oportunidad sigue sobre la mesa, pero tanto en las enmiendas como en la decisión del Grupo Popular de fusionar los textos del proyecto de ley antidesahucios del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular (ILP), los populares han dejado clara su intención de 'enterrar' la principal reivindicación de miles de ciudadanos: la dación en pago con carácter retroactivo. El PP considera "un mal camino" que la entrega de la vivienda al acreedor "lleve a que una familia no tenga techo", aseguraba este martes el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte. 

La dación en pago con carácter retroactivo es posible legalmente. Sin embargo, abogados, juristas y otros expertos del sector inmobiliario insisten en su complejidad y de los efectos perversos que tendría sobre la economía y las familias. Hay quienes hablan de más paro, menos crédito y más caro, de inseguridad jurídica. Y lo más importante: al final volvería a ser el Estado y, por ende, los contribuyentes quienes acabarían pagando los platos rotos, las pérdidas que su aplicación supondrían para la banca.

En primer lugar, desde un punto de vista legal, sí podría adoptarse con carácter retroactivo. Tal y como explica Javier Sevillano, abogado experto en derecho bancario de Legal & Media, a pesar de lo que dicen la Constitución (artículo 9.3) y el Código Civil (artículo 2.3), las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Lo cierto es que “en algunos casos sí se permitiría la retroactividad a costa de indemnizar, de compensar por los perjuicios causados”.

“Así pues, ¿quién pagaría estos perjuicios a los bancos?”, se pregunta Sevillano. “Pues lógicamente quien obliga a los bancos mediante leyes retroactivas a sufrir esos perjuicios económicos, es decir, el Estado. Es decir, todos nosotros”.

Fomentaría la inestabilidad jurídica

Javier Sevillano no se muestra en absoluto partidario de esta medida. “No es necesario, en absoluto, crear un clima de inestabilidad jurídica habiendo como hay medidas paliativas, medidas plausibles que ayudan a digerir la obligación de pago de la deuda con la que se queda el desahuciado en situación de exclusión”.

Sevillano se refiere, por ejemplo, a acuerdos que obliguen a los bancos a “fijar un mejor calendario de pagos sobre los afectados sobre los que aún no haya caído sentencia firme o la obligación jurídica de que los intereses de demora de los préstamos hipotecarios estén limitados del mismo modo que lo están los préstamos al consumo”. Hay que recordar que el Gobierno pretende limitar los intereses de demora a 3 veces el precio legal del dinero.

No se ha de olvidar tampoco que, en la actualidad, son miles las familias que han perdido su vivienda y siguen debiendo importantes sumas a los bancos, situación que les impide, a todas luces, volver a empezar de cero, la famosa ley de la segunda oportunidad.

Menos crédito y más caro 

Existen otros muchos argumentos en contra de la petición principal de la ILP. Para Javier Sevillano, si se adoptase la dación en pago con carácter retroactivo “se saturarían los tribunales con recursos de inconstitucionalidad y, además, redundaría en un grave perjuicio para todos de tal modo que el poseedor del dinero, es decir, las entidades financieras no prestarían dinero a nadie o de manera muy residual y a un altísimo precio, dado que la garantía de cobro de la deuda hipotecaria descansa, en primer lugar, en la seguridad jurídica del propio sistema y, en segundo lugar, en la posibilidad de embargar la vivienda para poder hacer líquida la deuda”.

Y se pregunta, “con leyes retroactivas que pivotaran al albur del Gobierno de turno, de las diferentes presiones sociales o de épocas de crisis sociales y humanas, ¿quién se atrevería a prestar su dinero?”

En este sentido se pronunciaba recientemente la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) que considera que, aunque es urgente dar una respuesta legal y jurídica a la grave situación que viven miles de familias con una crítica tesitura económica y deudoras de un crédito hipotecario, la dación en pago no es la solución y, menos aún aplicarla con carácter retroactivo “por las consecuencias lesivas que acarrearían para el conjunto de los ciudadanos, y porque no evita la pérdida de la vivienda, sino la deuda”. ¿Realmente la mejor solución para una familia que no puede pagar su hipoteca es que se quede sin su casa?, se preguntan los expertos. 

Además, tal y como sostiene Sevillano, la asociación insiste en que esta medida debilitaría aún más al sistema financiero, empeorando sus balances, al incorporar más ladrillo a los mismos. "En una de cada cinco hipotecas, pronto la deuda será mayor que el precio del inmueble", recuerdan. 

Y añaden que "detrás de esta situación de deterioro de los balances se encuentra el esfuerzo que tendrán que realizar los ciudadanos ya sea para seguir capitalizando las entidades con problemas o por la vía de sufrir más recortes sociales".

ADECES también centra la atención en los efectos que tendría sobre la economía, "ya que en la medida que las entidades tengan que realizar nuevas provisiones para cubrir la devaluación de este ladrillo proveniente de las daciones en pago, habrá menos recursos para inyectar crédito en el tejido productivo y el círculo vicioso se prolongará elevándose el desempleo, retrayéndose el consumo, etc".