Fomento se encomienda a la menor duración de los contratos como estímulo al alquiler

Ante la apatía de un mercado inmobiliario dado a pocas alegrías en los últimos tiempos, cualquier medida puede ser buena para intentar recobrar el pulso. Esa es la idea que se mueve en el ministerio de Fomento, donde se encomiendan a las últimas reformas aprobadas el pasado domingo para conseguir reflotar a toda costa el mercado del alquiler. Para conseguirlo, el punto estrella de las reformas es la reducción de la duración máxima de los contratos, una medida que confían anime a los propietarios de viviendas que hoy están vacías a arrendarlas.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, se muestra optimista al considerar que el anteproyecto de Ley flexibiliza el mercado en la medida en que se priorizará el acuerdo entre las partes. "La ley fija unas normas comunes, pero pensamos que tiene que regir el acuerdo entre las partes en los alquileres, en la fijación del precio o en las condiciones de finalización para ambas partes", apunta.

Sin embargo, el mismo optimismo no es compartido por los expertos vinculados directamente al sector y poco acostumbrados a las buenas noticias. Para ellos estas nuevas fórmulas no son más que fuegos de artificio –similares a las aplicadas por los Gobiernos anteriores- que se limitan a intentar agilizar, muchas veces sin éxito, el mercado del alquiler. “Debe imponerse la flexibilidad y presentarse como solución a la situación habitacional de cada individuo pero estas medidas no van a hacer que los propietarios abran sus casas y alquilen sus viviendas”, apuntaban desde Alquiler Seguro.

La flexibilización a la hora de proceder a un desahucio y la facilidad para recuperar la vivienda son los dos principales caballos de batalla, cuyo objetivo será animar a los propietarios a la hora de proceder a alquilar sus viviendas. Catalá ha insistido en que la reforma "flexibiliza" estas medidas “para que no se presente  un procedimiento lento, tardío y a veces frustante para el propietario". Con la nueva reforma, diez días después de un impago sin causa justificada, el juzgado procederá al desahucio.