Los usureros hacen el agosto con las familias al borde de la desesperación económica

Su objetivo son personas con problemas económicos, muchas deudas, escasa capacidad de pago y un nivel cultural bajo. “Te borramos de Asnef, RAI. Sin límite de edad y sin seguros”, “Financiamos todo tipo de deudas”, “Dinero urgente”, “Reunificamos deudas”, “Sólo hace falta el DNI y las escrituras"… son los señuelos más frecuentes.

Son las reclamos de cientos de empresas dedicadas a la intermediación financiera, especializadas en la reunificación de deudas pero que siempre van de la mano de capital privado y que, a raíz de la crisis, están haciendo su agosto. No trabajan al margen de la ley ya que están reguladas por un Decreto Ley desde abril de 2009 que las obligar a estar inscritas en un registro estatal. Sin embargo, a pesar del paraguas legal, no son una opción recomendable para quienes se encuentran en apuros económicos, según las asociaciones de consumidores y abogados consultados por El Confidencial. 

La refinanciación es un sistema mediante el cual un particular o una familia, generalmente desesperados y ahogados por las deudas, solicita una nueva hipoteca que agrupe a la anterior así como otras deudas. De esta manera, consigue que la cuota mensual resultante sea más asequible, aunque el plazo del crédito sea más largo y el interés a pagar más alto.

En España existen empresas especializadas en intermediar entre el cliente y la entidad financiera. Lo que sucede es que, con el recrudecimiento de la crisis financiera y la delicada salud de los balances de los bancos españoles, muchos de ellos están denegando la reunificación de las deudas a las familias por considerarlas ‘no solventes’. 

Cuando intermediarios financieros y capital privado van de la mano 

Y es aquí donde entran el capital privado (usureros) y los intermediarios sin escrúpulos. Las familias, desesperadas, acuden a ellos para obtener el dinero que deben a bancos y cajas a cambio de intereses muy elevados y de poner como garantía al préstamo la propia vivienda. Expertos del sector vienen denunciando estos hechos desde hace años, aunque preocupa especialmente su proliferación en estos dos últimos años de crisis. 

Si bien, también insisten en destacar que no hay que meter a todas las empresas dedicadas a reunificar deudas en el mismo saco ya que "hay intermediarios entre el cliente y las entidades financieras, en los que no participa ese capital privado, que están consiguiendo sacar adelante reunificaciones que permiten a muchas familias salir adelante, poder pagar sus deudas y no perder sus viviendas".

Este tipo de operaciones se están convirtiendo en la gallina de los huevos de oro tanto para estos inversores privados como para los intermediarios que tercian entre aquellos y unos clientes que ven en ellos una solución a su desesperada situación. Pero suponen la ruina de muchas familias que asumen unas deudas e intereses abusivos que no pueden afrontar. Así, al final, pierden tanto el inmueble puesto en garantía como el dinero obtenido para la financiación.

¿Es legal esta práctica? “Aunque cumplen todos los requisitos legales, este tipo de empresas suelen ofrecer peores condiciones que las entidades financieras”, advertían hace meses desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Condiciones que, en muchos casos rozan o incluso superan la línea invisible de la usura, un término que la RAE, en una de sus acepciones define como “ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo” o como “interés excesivo en un préstamo”. Una práctica tan antigua como la vida misma. La primera referencia relativa a la usura se encuentra en un antiguo texto sagrado de la India que data entre el 1700 y el 1100 antes de Cristo. 

"Estas prácticas han existido siempre. Sin embargo, han comenzado a cobrar fuerza en el último año de la mano de la crisis económica y el fuerte aumento del desempleo. Muchas familias se encuentran en una situación desesperada. No pueden pagar sus deudas ni su hipoteca con el banco y es precisamente esa desesperación la que les hace caer en las redes de este tipo de compañías”, comenta una de las fuentes consultadas.

La usura, una práctica milenaria regulada desde hace un siglo

“Estos prestamistas o empresas de capital privado prometen al cliente sacarle de los registros de morosos a cambio de un préstamo no sólo con intereses abusivos sino con garantía hipotecaria. Esto es, a cambio de 20.000 ó 30.000 euros te obligan a que avales la operación con tu propia vivienda de tal manera que cuando vence el préstamo y el cliente no puede pagar pierde su piso, en la mayoría de las ocasiones por cantidades ridículas”, añade.

Pero, ¿esta manera de actuar es legal? “La ley de la usura nunca se ha dejado de aplicar. Lo que sucede es que generalmente las personas que recurren a este tipo de compañías están tan al límite que una vez que han caído en sus redes no tienen recursos ni siquiera para permitirse un abogado. Pero es sólo cuestión de tiempo que todo acabe explotando”, explica a El Confidencial Elena Ordúñez, abogada del despacho Legal & Media. 

“Los ciudadanos están perdiendo el miedo. Hasta hace unos años no se atrevían a demandar a los bancos pero ya están rindiendo cuenta ante los tribunales a cuenta de los swaps hipotecarios y las cláusulas suelo. Con los intereses abusivos de las empresas de capital privado acabará sucediendo lo mismo y la gente se animará a demandar”, añade.

La Ley de Usura o Ley de Azcárate data de 1908. “Es una ley muy cortita, apenas consta de 16 artículos y que suele pasar desapercibida”, explica Elena Ordúñez.

En su primer artículo, la ley es clara: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

“Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos”. 

Por poner un ejemplo, hay casos en los que en la escritura figura un préstamo de 30.000 euros pero el cliente sólo ha recibido 3.000.

¿Ley de Usura o Ley de Consumidores y Usuarios?

Para Elena Ordúñez, a pesar de la ambigüedad de la ley -dado que no establece, por ejemplo, cuál es un tipo de interés normal o a partir de qué porcentaje un interés es abusivo-, esta ley permite actuar al juez con discrecionalidad. Es decir, le permite anular el contrato si determina que el interés aplicado al mismo es abusivo o se ha firmado bajo las condiciones que determina dicho artículo. "Gracias a esta indeterminación, los jueces encuentran resquicios para sentenciar a favor del cliente".

Además, para la abogada, una de las claves de buscar amparo en esta ley es que si el juez determina que ha habido usura, el contrato se declarado nulo. Si el cliente buscara amparo en la Ley de Consumidores y Usuarios, ésta "solamente anularía la cláusula del negocio que se considera abusiva pero no anularía el contrato en sí mismo", aclara Ordúñez.

Con el ejemplo anterior y con la Ley de la Usura en la mano, cuando en la escritura figura un préstamo de 30.000 euros pero el cliente sólo ha recibido 3.000, una vez declarado nulo dicho contrato, el cliente tendría que devolver el dinero recibido, esto es, los 3.000 euros. Si dicho cliente hubiera perdido su vivienda tras incumplir el contrato, igualmente el prestamista estaría obligado a devolvérsela.