La inversión privada en ciencia no alcanzará el objetivo "hasta el año 2020 más X"

Si hay  algo de lo que no se puede acusar al Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto a investigación científica es de no tener un plan. Desde principios de año, el Gobierno ha publicado dos documentos que describen cuáles serán las líneas maestras en investigación desarrollo e innovación (I+D+i) del país hasta 2020. Hace unas semanas, el propio Jorge Moragas, mano derecha de Rajoy, resaltó en una escueta carta dirigida a los científicos que se quejaban de los recortes en ciencia impuestos por el Gobierno (un 30% del presupuesto total en apenas dos años), que esos documentos son prueba de que “se están priorizando las partidas de I+D”.

Los planes del Ejecutivo son congelar o incluso reducir el gasto público español en I+D en los próximos años y dejar que sea el sector privado el que aumente sustancialmente su contribución. A la vez, los dos documentos a los que se refería Moragas, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, pretenden mejorar la asignación de fondos públicos de I+D haciendo una fuerte apuesta por la ciencia aplicada, lo que ha enfadado a muchos científicos y no ha contentado a todos los empresarios.

Uno de los objetivos más polémicos ha sido el del aumento de la apuesta privada por el I+D. Según el proyecto del Gobierno, el gasto privado en este capítulo debe crecer en los próximos años hasta alcanzar el 1,2% del PIB en 2020. Según el Programa Nacional de Reformas 2013, recientemente enviado a Bruselas, ese porcentaje en 2013 era del 0,6% del PIB. Sin embargo, el propio plan estatal del Gobierno reconoce que el gasto privado en I+D como porcentaje del total lleva cayendo desde 2004 y sólo repuntó en 2011.

“Cualquier previsión en términos de output tienen que ver con el presupuesto y en un momento en que han cambiado las previsiones económicas hacer estas previsiones es un atrevimiento”, señalan fuentes del sector biotecnológico español, que concentra empresas que vienen haciendo importantes inversiones en I+D. Por primera vez en la historia del sector, la inversión en I+D ha caído respecto a 2011, algo que puede servir de advertencia sobre los objetivos del Gobierno.

Los responsables de la política científica de Rajoy creen que las arcas públicas ya hacen suficiente esfuerzo en I+D y que ahora le toca a las empresas tomar el liderazgo que nunca han tenido. Es una visión que se lleva repitiendo desde hace años, pero que puede sonar aún más quimérica debido al empeoramiento de las previsiones económicas de España.

“Está claro que el objetivo no se cumplirá en 2020, sino en 2020 más X”, advierte Juan Mulet, director general de la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec. Mulet reconoce que las previsiones pueden ser sólo “buenos deseos”, pero asegura que “aspirar a menos sería ridículo”. Lejos quedan ya los tiempos en los que España y otros países del entorno europeo aspiraban a llegar a un gasto en I+D del 3% del PIB en 2020, antes de que la crisis golpease a medio mundo.

Pero a pesar de que empeoran las previsiones de recuperación económica en España, los planes del Gobierno esconden más objetivos que pueden pasarse de ambiciosos. Entre ellos, que en 2020 haya hasta un 50% más publicaciones científicas de calidad (el documento oficial no aporta las cifras de partida), un 50% más patentes en “tecnologías facilitadoras y esenciales” o un incremento de un 12% del capital riesgo invertido en actividades de I+D. 

Hay indicadores que apuntan a que esos objetivos son también buenos deseos. Por ejemplo, el número de publicaciones científicas de mayor calidad lleva decreciendo desde 2003, a pesar del importante aumento de los fondos públicos para I+D que experimentó España hasta el comienzo de la crisis. Las estadísticas sobre el escasísimo capital riesgo en I+D tampoco son muy halagüeñas. De hecho, para cumplir algunas de ellas haría falta “un milagro de la ciencia española”, tal y como lo explican fuentes de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía.

Desde la Secretaría de Estado de I+D, cuyos responsables han elaborado el plan y la estrategia del Gobierno mientras se tragaban el sapo de tener que recortar ese 30% del gasto público en investigación, defienden los números. “Los objetivos se han fijado modelizando los datos económicos y científicos disponibles, que abarcan hasta 2011, y proyectándolos para hacer escenarios”, detallan. “Las previsiones de la UE son un 40% más optimistas que las nuestras”, aseguran. Parte de los cálculos se han hecho de acuerdo con informes encargados a consultoras como Thompson Reuters que no se han publicado y que la Secretaría de Estado no ha facilitado tras varias peticiones.

Fuera del Gobierno, las cosas se ven más negras. Investigadores y gestores de organismos de I+D dudan de que se pueda incrementar el número de estudios publicados en revistas científicas influyentes si el presupuesto para financiar investigaciones baja. “Son objetivos deseables, pero incongruentes con las políticas de recortes”, señalan fuentes de uno de los mejores centros públicos de I+D del país. Las publicaciones científicas reflejan el fruto de investigaciones que se hicieron hace dos o tres años, así que ahora se están publicando cosas de 2010, es decir, el impacto de la crisis y las bajadas de presupuesto aún no se ha sentido del todo. Así, en 2015 y 2016 se verá realmente el impacto de los recortes en cuanto al volumen y calidad de las publicaciones científicas españolas, cortando el acelerón que planea el Gobierno.

Pero lo que pase en unos años no importa. El sistema de I+D público de España está tan agobiado por sobrevivir al día a día que no puede preocuparse mucho por lo que pase en 2016 o 2020. Este año el Gobierno aún no ha convocado el Plan Nacional de I+D, la principal vía de financiación para miles de científicos del país, y hay muchas posibilidades de que no lo haga hasta 2014. También se está retrasando peligrosamente la aprobación de programas para financiar a más de 900 investigadores jóvenes y técnicos por un valor de 104 millones de euros. 

Al mismo tiempo, el mayor organismo de I+D público del país, el CSIC, está al borde del colapso y aún no sabe de dónde sacará los 100 millones de euros que necesita para seguir funcionando. Ni siquiera la investigación más aplicada se salva, ya que el Gobierno también ha cercenado programas para financiar la publicación de patentes y la creación de empresas biotecnológicas que, por ejemplo, facilitaron una de las vacunas experimentales contra la tuberculosis más prometedoras. 

La sensación de parálisis es cada vez mayor y las previsiones del Gobierno no hacen ser optimistas a los científicos. “Parece que el Gobierno piensa que la inversión privada en I+D crecerá por arte de magia, usando medidas que actualmente desconocemos”, critica Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España. “La experiencia no apunta a que se pueda aumentar tanto la inversión privada en I+D hasta llegar a niveles que no se han visto en España ni en las épocas de bonanza”, señala. “Por otro lado, tememos que se cumpla a rajatabla el retraimiento previsto del sector público”, concluye.