En la ciencia subvencionada también han existido abusos

Buena parte de la ciencia española se ha financiado, en los últimos 20 años, con subvenciones. El motivo es muy simple: la ciencia básica genera retornos muy lentos y complejos de medir y, en algunos casos, no genera retornos económicos directos en absoluto. Sin embargo, consigue curar enfermedades olvidadas o elaborar nuevas teorías físicas que terminan significando, en algún momento, nuevos beneficios para la humanidad, ya sea porque generan un mayor conocimiento del universo que nos rodea o porque introducen nuevas y sorprendentes aplicaciones.

Esto no significa, sin embargo, que la financiación de proyectos científicos sea una barra libre donde no se midan los resultados de las inversiones realizadas con dinero público. El último informe del Tribunal de Cuentas, publicado esta semana por Materia, desvela que en la ciencia española han existido abusos, malas prácticas y numerosas irregularidades en los tiempos de bonanza, que sólo dañan a la propia ciencia en estos tiempos de recortes.

El primer dato reseñable de este informe es que llega muy tarde: los datos son de 2005 y allí donde el organismo señala un “exceso notable de financiación” de algunas infraestructuras científicas hay ahora notables agujeros. Lo más preocupante, sin embargo, es que constata la práctica imposibilidad de saber si los beneficiarios de las subvenciones públicas han justificado de alguna manera esas ayudas. 

Tampoco se hacen controles sistemáticos sobre los resultados de esas inversiones, salvo en el caso de las ayudas de la Unión Europea. El organismo critica, en fin, “las insuperables deficiencias en la definición de objetivos e indicadores, y la inexistencia de un sistema de seguimiento e información adecuado y fiable”.

Tras la publicación de este informe, algunos científicos se han quejado acertadamente de que ya restan a su trabajo investigador muchas horas dedicadas a la burocracia como para añadir más, y otros consideran que el verdadero cuello de botella no está en los laboratorios si no en los centros de gestión, incluido el mayor centro de investigación de España, el CSIC, que según el informe cede irregularmente su personal.

El estudio muestra que, por desgracia, la falta de control de las ayudas recibidas no es excepcional, sino sistemática, y en algunos casos roza el ridículo, como cuando la Secretaría de Estado de Universidades asegura que no puede ofrecer datos porque no cuenta con personal para analizarlos. 

Los científicos deben dedicarse a hacer ciencia, sí, pero cuando esa ciencia se hace con dinero público sus gestores deben también justificar para qué sirve. Es la única manera de garantizar que, cuando esos fondos se recortan, la sociedad sea consciente de que ese recorte es un problema.