Un año y medio de cárcel para 'El Cuervo'

Tres años de cárcel reducidos a uno medio por circunstancias atenuantes. Es la condena con la que El Vaticano dio este sábado carpetazo al juicio a Paolo Gabriele, el ex mayordomo del Papa acusado de robo por haber sustraído y filtrado a la prensa documentos confidenciales de Benedicto XVI. 

Tras los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa y la intervención de Gabriele, los tres miembros del tribunal vaticano decidieron que el ex mayordomo, de 46 años, es culpable del robo pese a haber actuado, en sus propias palabras, por su "profundo amor" al papa y a la Iglesia. Se da por descontado que después de cumplir su condena, cuando encuentre el momento oportuno, el Papa le perdonará.

La Santa Sede cierra así en sólo cuatro audiencias un caso que ha desvelado las luchas de poder en la Curia romana y la incomodidad de una parte de ésta con el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Contra el número dos de la jerarquía vaticana iban dirigidos buena parte de las documentos que Paoletto, como llamaban a Gabriele dentro del Palacio Apostólico, entregó al periodista Gianluigi Nuzzi, que los recopiló en el libro Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI.

Pese a las prisas por quitarse de encima el caso Vatileaks, como lo bautizó el propio portavoz de la Santa Sede, el jesuita Federico Lombardi, el Vaticano deja abiertas varias preguntas cuya respuesta niega a la opinión pública. Ha sido el presidente del tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, el encargado de que los aspectos más controvertidos de este escándalo no salgan a la luz durante el proceso. Cada vez que Gabriele, su abogada, Cristiana Arru, o incluso el fiscal, Nicola Picardi, tocaban algún punto sensible, Dalla Torre les amonestaba para que no se salieran del aparente guión preestablecido que ha seguido el juicio.

Durante los interrogatorios previos al proceso, Gabriele ofreció una veintena de nombres de monseñores y trabajadores de la Curia romana que habrían sido sus colaboradores en el caso Vatileaks. En su declaración del martes, insistió en este punto aunque corrigió en parte el tiro, diciendo que estas personas le habían sugerido que actuara, pero que no habían sido sus cómplices, pues actuó solo. Citó a los cardenales Angelo Comastri y Paolo Sardi, vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano aquél y estrecho colaborador de Juan Pablo II éste, al obispo de Carpi, Francesco Cavina, quien trabajó antes en la Secretaría de Estado, y a Ingrid Stampa, una de las secretarias de Benedicto XVI. El fiscal quiso entonces saber más y le preguntó si habían colaborado con él, pero Dalla Torre, en lugar de citarles como testigos para aclarar su grado de implicación en el caso y conocer su versión, cortó por lo sano diciendo: “Debe atenerse al objeto que estamos debatiendo”.

Otra de las preguntas sin respuesta que deja el caso Vatileaks es el papel que jugó el confesor de Paoletto. Un hombre de misa diaria y que dice que actuó instigado por el Espíritu Santo como él no pudo traicionar al Papa sin contárselo a su padre espiritual. Él mismo lo contó durante los interrogatorios, cuando explicó que le había dado a su confesor una copia de todos los documentos que le entregó a Nuzzi. Durante el proceso, Gabriele identificó al confesor como “padre Giovanni”, sin decir su apellido. El fiscal y el juez no quisieron indagar más, de manera que no se ha hecho pública su identidad completa.

La tercera actuación de Dalla Torre que muestra que nos encontramos ante un “proceso político”, como dijo al diario La Stampa un jurista de la Curia que pidió mantener el anonimato, es su respuesta a una de las peticiones de la abogada de Paoletto. Urru solicitó que se tuvieran en cuenta  las conclusiones a las que ha llegado la comisión cardenalicia presidida por el español Julián Herranz y que fue creada por el Papa para aclarar el caso. La contestación de Dalla Torre fue: “La comisión cardenalicia fue creada en base al derecho canónico. Sólo tiene que referir de sus acciones al Papa y de forma extrasacramental. No tiene relevancia para el ordenamiento penal”. La lógica utilizada por el presidente del tribunal, como comentaba el vaticanista Marco Politi en el diario italiano Il Fatto Quotidiano, haría que, si los delegados que el Papa nombra en ocasiones para intervenir en una diócesis o congregación con problemas descubriesen un crimen durante su labor, resultaría irrelevante para la justicia civil, puesto que sólo han de responder ante el Pontífice.

La última muestra de la falta de interés del tribunal porque se sepa la verdad vino cuando Gabriele comentó la frágil posición que en su opinión tiene el Papa. “Con el tiempo he madurado la convicción de que resulta fácil manipular a una persona que tiene un poder de decisión tan grande”, dijo en referencia a Benedicto XVI. “A veces, cuando no sentábamos a la mesa, el Papa hacía preguntas sobre cosas de las que debía estar informado”. Su abogada le preguntó entonces: “¿Puede citar algunos de estos episodios?” Antes de que el imputado respondiese, Dalla Torre le interrumpió diciendo: “Esto no tiene nada que ver. Discutamos del hecho que estamos juzgando”.