Los inversores urgen el registro de sedes de Gowex para evitar la destrucción de pruebas

Desde que el presidente de Gowex dimitiese este domingo tras reconocer la gran mentira de la empresa, todo se está moviendo a velocidad vertiginosa. Los inversores afectados presentaron una denuncia el viernes ante las sospechas de una consultora estadounidense sobre la compañía española, sin imaginarse que en menos de dos días el hasta ahora presidente, Jenaro García, iba a reconocer que han estado falseando las cuentas por lo menos durante cuatro años, no tienen dinero para hacer frente a los pagos de la compañía, presentan un concurso de acreedores para no hundirse del todo y él mismo dimite. Ante estos hechos, los inversores perjudicados, representados por la Asociación Europea de Inversores (Asinver), van a ampliar hoy mismo la denuncia y pretenden solicitar medidas urgentes para evitar la destrucción de pruebas como es el registro de las sedes de la pyme española.

Fuentes de la asociación explican que ahora es el momento de que la Justicia actúe rápido. La denuncia ha sido presentada en Fiscalía de la Comunidad de Madrid, con el fiscal general del Estado como remitente. Una vez que llegue a manos de Eduardo Torres-Dulce, este tendrá que decidir a qué Fiscalía concede la competencia, aunque por el tipo de delitos todo hace indicar que acabará en Fiscalía Anticorrupción.

Una vez que el propio presidente de la compañía ha reconocido la comisión de los delitos, la actuación judicial puede ser rápida. Cuando entre la denuncia en el Ministerio Público, este tendrá que judicializarlo. Según fuentes jurídicas, el tribunal más idóneo es la Audiencia Nacional porque hay afectados tanto en todo el territorio nacional como en el extranjero, por ejemplo Luxemburgo o Reino Unido.

Una vez que el asunto esté en manos de un juez, lo primero que deberá acordar son las medidas solicitadas, por ahora, por los denunciantes, es decir, las entradas y registros de sedes o incluso de domicilios particulares. Después será decisión del instructor si ordena la detención de Jenaro García. Fuentes jurídicas explican que todo hace indicar que el hecho de que el máximo responsable de la compañía acudiera ayer a un juzgado a declarar voluntariamente, según ha asegurado él mismo en su página de Twitter, tiene como objeto demostrar su voluntad de colaborar con la Justicia acabando así con las sospechas de riesgo de fuga, una de las principales causas, junto a la destrucción de pruebas, por las que se dictamina una prisión preventiva.

El caso está judicialmente en el punto más incipiente. Por ahora, los denunciantes los acusan de los delitos de falseamiento de información económica, financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante contra Jenaro García, la propia compañía, M&A Auditores, Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y Ernest&Young. En la ampliación van a presentar más pruebas, entre ellas el propio reconocimiento del expresidente de haber falseado las cuentas, y un nuevo hecho consistente en el uso de dinero público adjudicado a la empresa para el desarrollo de I+D para la propia financiación de sus cuentas. Según los denunciantes, Gowex habría aprovechado su imagen falsa para obtener contratos públicos y no invertir ese dinero en el objeto de la adjudicación, sino en sanear sus cuentas. Asinver está recabando todavía inversores afectados, quienes pueden presentarse como afectados a través de un formulario en el defensor del inversor de su página.

“Nunca hubo nada de cierto”

De golpe y porrazo, la gran pionera en prestación de servicios wifi gratuitos para grandes ciudades ha pasado de ser una historia de éxito a un auténtico fracaso. Sus inversores ahora empiezan a ver que “nunca hubo nada de cierto” en la compañía. Han maquillado y falseado sus cuentas por lo menos desde hace cuatro años, cuando salieron a bolsa. De repente, Gotham City Research LLC valoraba en cero las acciones de la compañía y aseguraba que el 90% de los ingresos del grupo "no existen”. Acto seguido, el MAB suspendía su cotización hasta que aclarara esa sospechas. Desde Gowex arguyeron que ese informe había cometido un error y se subsanaría en días. Tenían hasta el viernes para resolverlo y no pudieron: se había descubierto la mentira. Ahora, anuncian que tienen que acudir al concurso de acreedores voluntario, que deberán presentar en un juzgado de lo mercantil.

Por ahora, todos sus pasos, una vez que se reconociera la estafa, han ido dirigidos a cargar toda la responsabilidad al que fuera el presidente de la compañía y mostrar buena voluntad para evitar males mayores. Sin embargo, los denunciantes no están dispuestos a que se centre la responsabilidad únicamente en el expresidente porque, en caso de que este se declarara insolvente, los afectados no podrían recuperar su inversión, tras perder en sólo dos días 868 millones de euros. De ahí que entiendan que la propia empresa debe asumir la posible responsabilidad civil, así como el MAB por no haber ejercido sus labores de supervisión sobre la entidad y Ernst&Young por entender que debe ser responsable de la asesoría de la entidad.

Pescanova y Bankia, sus referentes

Desde que se conoció el escándalo Gowex, todas las miradas pasaron a la empresa Pescanova, que está siendo investigada por hechos similares. Desde hace algo más de un año, el que fuera presidente, Manuel Fernández de Sousa Faro, y otros tres directivos de la compañía, así como el propio grupo pesquero gallego, se encuentran imputados por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sostiene que los administradores de Pescanova, “valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales que no se ajustaba a la realidad”, proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones”.

Gowex podría estar intentando evitar su peor presagio: que un juez acuerde unas fianzas millonarias. En el caso de Pescanova, el magistrado dispuso 1.200 millones de euros de fianzas civiles a repartir entre los directivos y empresas imputados, aunque todavía está pendiente de que la Sala de lo Penal decida sobre el recurso contra esas fianzas, hecho por el que todavía no han sido depositadas. El caso es sumamente complejo y sigue actualmente en fase de instrucción.

Otro de los asuntos que se asemejan, es el del caso Bankia, que también se investiga en la Audiencia Nacional. Se encuentran imputados el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y todos los miembros del Consejo de Administración por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, delito de administración fraudulenta y por maquinación del precio de las cosas durante sus etapas en el grupo financiero. Estos delitos, de probarse, pueden llevar aparejadas penas de cárcel de hasta nueve años para los imputados. Este caso lleva dos años en fase de instrucción por el juez Fernando Andreu.