Ximo Puig se suma a la guerra contra Airbnb y Booking por ofrecer apartamentos ilegales

Al Gobierno autonómico de Ximo Puig se le ha agotado la paciencia con los portales de alquiler de apartamentos. La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha abierto 24 expedientes a ocho plataformas digitales por no comprobar si las propiedades que ofrecen a los usuarios cumplen con la normativa. La tramitación de las sanciones se produce después de que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, haya mantenido diversas reuniones con los responsables de estos portales para solicitarles que certifiquen que las viviendas turísticas están inscritas en el Registro de Empresas. La falta de respuesta ha llevado al Consell a poner en marcha los expedientes por infracción muy grave de la Ley de Turismo valenciana, lo que conlleva sanciones de hasta 90.000 euros de multa.

Las plataformas a las que la Generalitat quiere sancionar son bien conocidas y empleadas por los usuarios. Se trata de Airbnb, Booking, Fotocasa, Muchosol, Homeaway, Niumba, Milanuncios y Onlyapartments. A cada una de ellas se le han abierto tres expedientes, uno por provincia, lo que puede elevar la sanción a 270.000 euros. Esta actuación de la AVT se enmarca en la guerra que tiene abierta contra la competencia desleal de los alojamientos turísticos ilegales, el gran caballo de batalla contra el que luchan los hoteleros y compañías legales de alquiler de inmuebles turísticos en la Comunidad Valenciana.

La Generalitat estima que por cada alojamiento legal hay otro irregular. Las plazas ilegales alcanzan las 185.000. El sector turístico reclama mano dura.

Según explican desde la Agencia, durante la pasada temporada estival ya se puso en marcha una campaña de inspección turística y de sensibilización, que volverá a repetirse este año, así como la creación de una mesa de instrusismo que empezará a reunirse este mismo mes. A esto cabe sumar que se han mantenido algunos encuentros con estas plataformas para advertir de la necesidad de que cumplan la ley pero, pese a ello, todavía registran irregularidades.

Ahora, las empresas disponen de quince días desde la recepción de este acuerdo para realizar alegaciones. En este sentido, el acuerdo de iniciación que han recibido es únicamente una fase preliminar de un proceso que puede ser largo y en el que “cabe también la posibilidad de que las empresas decidan colaborar y atender el requerimiento que se les hace y eliminar de su web los alojamientos no inscritos”. Si esto sucede, esta circunstancia se tendría en cuenta como atenuante en la tramitación del expediente, que podría terminar así en un apercibimiento y evitar la sanción, explican las mismas fuentes.

“No vamos a apostar por la competencia desleal, el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas”, dice el secretario de Turismo, Francesc Colomer

“No vamos a apostar por la competencia desleal, el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas”, ha señalado Colomer, al tiempo que ha insistido en que “es una cuestión de entender la economía y el turismo de una forma correcta”. Por eso, ha insistido también en que “debemos hacer un gran esfuerzo de pedagogía y conseguir un gran acuerdo para que todos los operadores turísticos compartamos un modelo basado en la transparencia, la calidad y la legalidad”.

No es la primera vez que plataformas de este estilo se enfrentan a sanciones administrativas por no vigilar la legalidad de su oferta inmobiliaria. Ha ocurrido también en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau ha multado a Airbnb. Este portal ha sido acusado de manipular sus datos parta engañar a medios y autoridades en Estados Unidos sobre el número de propiedades ilegales que alberga en su web. Un nuevo informe de Inside Airbnb señala que la web eliminó 1.000 propiedades ilegales en la zona de Nueva York justo antes de publicar estadísticas sobre su negocio.

El problema de la oferta turística ilegal preocupa mucho al sector en la Comunidad Valenciana. La Agencia Valenciana de Turismo estima que por cada plaza registrada conforme a la ley hay otra en el mercado que no cumple la normativa. La cifra de inmuebles irregulares alcanza los 185.000. Colomer ha incrementado las inspecciones en colaboración con la Agencia Tributaria y la Agencia de Seguridad y Respuestas a las Emergencias. Municipios turísticos como Peñíscola, Oropesa, Benicàssim, Benidorm, Oliva, Dénia, Torrevieja o Calpe, entre otros, tendrán una vigilancia especial. Algunas patronales como Hosbec (de Costa Blanca) han llegado a estimar en cinco puntos la pérdida de ocupación como consecuencia de los apartamentos ilegales.