Se busca abogado de prestigio 'low cost'. Razón: Generalitat Valenciana

Hace un par de semanas, cuando Ximo Puig aún no había sido investido presidente pero ya estaba cerrado el pacto con Compromís, el entonces candidato se fue a hablar con un abogado valenciano de renombre para proponerle que dirigiera la Abogacía de la Generalitat. Cuando llegó el momento de hablar del sueldo, Puig le dio la cifra: 55.000 euros. "Eso es lo que le pago yo a mi pasante…".

La escena la cuenta a El Confidencial uno de los colaboradores de Puig, que reconoce que no pudieron convencerle. "Es el problema de haber hecho demagogia con los sueldos públicos… Es prácticamente imposible convencer a un profesional de prestigio para que se incorpore a la administración pública", lamenta.

Los 55.000 euros no son una cifra escogida al azar por Puig y su entorno. Se trata del techo salarial que se impuso en la pasada legislatura para los altos cargos de la Generalitat. El ya expresidente Alberto Fabra marcó el límite: nadie podía cobrar más que el presidente de la Generalitat. Y el sueldo del presidente valenciano es uno de los más bajos del Estado: alrededor de 60.000 euros.

La cuestión es que para determinados puestos de la administración se requieren perfiles que en el ámbito privado superan de largo esa cantidad. "Y apelar a la responsabilidad del servicio público no es suficiente para superar la brecha salarial", explica el colaborador de Puig.

El puesto de abogado de la Generalitat es uno de ellos. A su cargo está el cuerpo de letrados del Consell, compuesto por 61 miembros. Aunque su tarea inicial es dar forma legal a las decisiones que se adoptan en el seno del Gobierno autonómico, en los últimos años sutrabajo se ha multiplicado de forma notable. Y todo apunta a que el nuevo Consell aumentará esa carga.

"Es un puesto esencial para el nuevo Gobierno", explica un portavoz oficial de Presidencia. "La intención es que decisiones complejas que se van a adoptar en los primeros meses cuenten con el respaldo legal", añade. Sólo en el pleno del pasado martes, el recién estrenado gobierno de Puig aprobó reclamar informes jurídicos para anular el copago en servicios sociales, para una moratoria de grandes superficies, para saber la situación de la liquidación de RTVV…

Pero además, la Abogacía de la Generalitat también representa los intereses de la Comunitat Valenciana en los numerosos juicios que hay abiertos por corrupción (en algunos son acusación particular), en los de violencia contra las mujeres o en los que la oposición ha denunciado que no le entrega documentación. La propia vicepresidenta, Mònica Oltra, reconocía la paradoja que se da ahora: "He pasado de ser demandante a demandada", señala.

Un perfil de alto nivel

Puig quiere que todo este entramado de pleitos -o los que puedan llegar en el futuro si se topan con casos denunciables ahora que están en el Gobierno- sea dirigido por un abogado de cierto prestigio y sin tener que recurrir a bufetes externos. "Si queremos recuperar lo que se ha robado de la Generalitat tendremos que presentarnos como parte en los casos", dijo Oltra.

El problema es que con la limitación salarial, el margen de maniobra es limitado. "En todo caso, el tema salarial no es el único que puede motivar a un abogado a dar el salto al sector público", explica un socio de un bufete valenciano que prefiere no ser identificado. "Desde ampliar la red de contactos a ganar proyección personal o incluso reducir la presión, sobre todo relativa a la obligación de facturar que existe en los despachos privados", explica.

La Abogacía de la Generalitat también representa los intereses de la Comunitat Valenciana en los numerosos juicios que hay abiertos por corrupción

Según este abogado, "el rechazo a asumir un cargo en la administración pública tiene al sueldo como un elemento importante, pero también hay que tener en cuenta la dedicacióna la que te obliga o la exposición pública, más en un sitio como la Generalitat Valenciana, donde muchos funcionarios, por haber firmado determinados contratos, han acabado procesados", explica.

Según un informe de la consultora Hays, el salario medio de un abogado partner en Valencia es de 200.000 euros anuales. Un senior alcanza los 75.000 euros. Un asociado estaría en el margen de la Generalitat, mientras que para un letrado junior la cifra cae por debajo de los 38.000 euros.

De momento Puig, de cuya Presidencia depende la Abogacía, sigue buscando el nombre, un abogado de prestigio pero low cost . "De momento estamos concentrados en la constitución del segundo escalón. Pero aunque no hay una urgencia sí que lo queremos nombrar pronto porque la intención es que tenga un protagonismo importante, explican desde el Palau de la Generalitat.