La ausencia de Cataluña, primer paso en la escalada de enfrentamiento por el pacto fiscal

Lo único que tienen en común el Gobierno central y la Generalitat es que ninguno de los dos tiene un duro. En los demás, no hay acuerdo de ningún tipo, con lo que en medios políticos y económicos se entiende que la ausencia ayer del conseller de Economía Andreu Mas-Colell del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es sólo el primer paso de una escalada de enfrentamientos en torno al desacuerdo básico: el pacto fiscal.

La Generalitat quiere salirse del régimen común de las comunidades autónomas y tener un concierto económico similar al vasco. El Gobierno y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideran que ahora no es momento de plantear un cambio de sistema autonómico y que, al contrario, lo que se precisa es una recentralización del Estado para racionalizar el gasto.

En este panorama, un CPFF que aprueba por mayoría unas medidas de ahorro sin Cataluña, que supone el 18% del PIB español y el 16% de la población, resulta paradójico a los ojos de una Europa que está pendiente del Gobierno de Mariano Rajoy.

En todo caso, fuentes de la conselleria de Economía han señalado que la Generalitat sigue plenamente comprometida con el compromiso de déficit que aprobó el CPFF en su ausencia y que supone un límite de déficit del 0,7% para las CCAA.

En opinión del gobierno de CiU en la Generalitat, el ajuste se hace de manera asimétrica, castigando en exceso a las CCAA y pidiendo un esfuerzo a nivel autonómico mucho mayor del que está haciendo el propio Gobierno central.

El eje del desacuerdo

El pacto fiscal se convertirá en el eje para escenificar el nuevo clima de desacuerdo. La reclamación formal se hará a finales de agosto, aunque se espera que el Gobierno se cierre en banda. Entre las medidas previstas está la de aprobar una Ley de Consultas para convocar un referéndum sobre el pacto fiscal.

Mientras, Montoro exprime la caja de la Generalitat. Al dejar de abonar los avances a cuenta, la administración catalana se ahoga y no puede pagar los centros concertados para la tercera edad. La situación puede extenderse los próximos meses a hospitales, escuelas y otros servicios básicos.

Sin embargo, esta política puede resultar contraproducente si los catalanes se ven una situación límite pese a ser la comunidad autónoma       que hace un mayor esfuerzo fiscal.