Convergència denuncia presiones políticas para investigarla durante la campaña electoral

“En la vida existen casualidades, pero a tres semanas de las elecciones es una casualidad muy casual”. Con esta frase se refirió el diputado de Convergència Jordi Turull a la decisión de la fiscalía de solicitar al juzgado de instrucción número 30 de Barcelona que investigue a CDC por presuntos cobros de comisiones ilícitas desviadas de Ferrovial a través del Palau de la Música cuando Fèlix Millet presidía el organismo. Turull fue todavía más lejos: afirmó que la petición de imputar, de momento, al responsable de inmigración de CDC, àngel Colom, y al tesorero del partido y de la Fundación Trias Fargas, Daniel Osàcar, responde a intereses de rivales políticos. Se negó a dar nombres, pero señaló a “gente o partidos interesados en que no haya cambio en Cataluña. No hay que tener demasiada imaginación para saber quién puede ser”.

El fiscal pidió ayer al juez Juli Solaz que se investigue, por un lado, el enriquecimiento ilícito de Millet y de su mano derecha, Jordi Montull, y que se abra una pieza separada para investigar el supuesto desvío de dinero hacia Convergència o hacia su fundación. Para Turull, el escrito de la fiscalía “no aporta nada nuevo, que todo se basa en suposiciones o indicios que hace falta investigar más”.

“Nos había llegado hace tiempo que se intentaría, por todos los medios, que este tema apareciera en campaña y que se hablara mucho para distraer la atención”, manifestó también Turull. Todo ello, claro, para sembrar dudas sobre CiU, que es la formación que, según las encuestas, ganará las próximas elecciones del 28 de noviembre. O, como él mismo dijo, crear una “cortina de humo” para tener distraída a la gente.

El diputado convergente aseguró que su formación tiene la “máxima voluntad de colaborar con la justicia porque somos los primeros interesados en que se aclare de una vez por todas todo esto, ya que CDC jamás se financió de manera irregular”. Y añadió que su partido mantiene toda su confianza en Àngel Colom, que según la documentación que obra en el juzgado, recibió de manos de Millet 12,5 millones de pesetas (más de 75.000 euros) como pago de un supuesto convenio de colaboración entre el Palau y la Fundación Espais, que ni siquiera estaba constituida. El dinero, según el propio Colom, sirvió para pagar deudas de su antiguo partido, el Partit per la Independència, que liquidó para integrarse en Convergència. El tesorero, por su parte, mantenía fluidas relaciones con Jordi Montull, aunque negó siempre ser un tal Daniel que aparecía en papeles privados como receptor de varios millones de euros durante los últimos años.

“Agarrarse a un clavo ardiendo”

Desde Convergència se acusa también a sus rivales políticos de “agarrarse a un clavo ardiendo” para sacar provecho de la situación. De esta manera, acusa a las demás formaciones de culpabilizar a CDC “sin respectar la presunción de inocencia. Les pedimos que se lean bien el documento de fiscalía, porque todo son indicios que habría que investigar más antes de hacer según qué suposiciones”.

Tiempo le faltó, sin embargo, a ICV para salir a la palestra y exigir a Convergència y a su líder, Artur Mas, que aclare el asunto. Laia Ortiz, portavoz de ICV, fue muy dura. Calificó de “impresentable” la actitud de CiU ante el caso Millet y subrayó que “se están quedando sin argumentos por negar lo que cada vez es más evidente: la financiación irregular de Convergència”. Ortiz, que pidió celeridad al juez para resolver el caso, señaló también: “Primero, el señor Mas mintió diciendo que no conocía al Daniel que aparecía en los documentos del Palau. Posteriormente, se descubrió que es el gerente de CDC y ahora la fiscalía pide imputar al responsable de las finanzas del partido de Mas. Es incomprensible que tanto él como Convergència miren hacia otro lado como si no estuviese pasando nada mientras las pruebas se acumulan y todas apuntan hacia CDC”.

Incluso la consejera de Justicia y número 2 de Montilla en las elecciones, Montserrat Tura, calificó la petición del fiscal de “razonable”, pero recordó que eso sólo puede decidirlo el juez. Sólo pidió que éste “finalice la instrucción lo más rápidamente posible”. Pero todo apunta a que el culebrón se mantendrá en el tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que el magistrado no es dado a tomar decisiones precipitadas ni instantáneas.