Juicio oral contra Chaves y Griñán e impone a éste una fianza de 4,2 millones

Al banquillo. El juez ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción en la democracia española. Además, impone al segundo una fianza de 4.214.702 euros.

Los delitos los tendrá que juzgar la Audiencia Provincial de Sevilla, que pondrá fecha al juicio. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió seis años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para Chaves. El Ministerio Público consideró a Griñán autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En total, son 26 los acusados a los que se les enjuiciará por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita. Además, 18 de ellos serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación. La pena para el exconsejero de Empleo José Antonio Viera se eleva a ocho años.Para la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda de Chaves, se reclamaba por parte de la Fiscalía Anticorrupción, igual que para Chaves, una condena de 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. En total, son 26 los acusados, entre los que se encuentran otros exconsejeros en el Gobierno andaluz, como Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo o Francisco Vallejo.

El juez, que abre juicio oral por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a Martínez Aguayo para que presten una fianza de 4.214.702 euros; a Viera para que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que a Vallejo le pide una fianza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas, se procederá a decretar el embargo de bienes.

Según explica el juez, "para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario".

En el escrito se dejó claro que los fondos públicos se gestionaron “a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad". Hasta el ejercicio 2002, los acusados movilizaron supuestamente los fondos públicos al IFA mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por la Junta o por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

Las modificaciones se recogían en los anteproyectos de Presupuestos desde dicho ejercicio y hasta 2009 la aplicación 'transferencias de financiación al IFA en materia de relaciones laborales'. En el ejercicio 2010, se aprobó una encomienda de gestión, sistema distinto que, si bien dio una mayor apariencia de formalidad en la tramitación de la ayudas, no supuso cambio alguno en la gestión presupuestaria de los fondos.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial.

Un “régimen” y “red clientelar”

El Partido Popular andaluz va un paso más allá que la Fiscalía y pide penas de cárcel para los dos expresidentes: ochos años para Griñán y dos para Chaves. Los ‘populares’ andaluces tildan de "régimen" establecido en la Junta la concesión de ayudas a discreción supuso un perjuicio para las arcas públicas de 1.280 millones de euros. A su juicio, durante, al menos una década, hubo una "red clientelar" que concedió "de forma caprichosa" los fondos públicos a empresas y personas cercanas al PSOE o a cargos del propio ejecutivo.

La Junta de Andalucía, mientras tanto, solicitó al juez que archivara la causa contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos por el caso ERE. El Ejecutivo andaluz exige que no se celebre juicio oral. Los servicios jurídicos de la Junta no aprecian prevaricación o malversación y señalan que "no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones".

Para la Junta no hay “trama criminal”, aunque admite “múltiples irregularidades administrativas”

“Ni hay una trama criminal ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE”, señaló "múltiples irregularidades administrativas" que tienen "indiciariamente" trascendencia penal, pero que por afectar al procedimiento de concesión de ayudas, sus posibles responsabilidades penales han de dilucidarse en el seno de cada uno de los procesos que afectan a esos expedientes”.

El auto del pasado mes de junio del magistrado Álvaro Martín sostiene que se instauró un procedimiento específico y absolutamente particular, desde 2000 a 2011, que permitió el reparto de “una partida indeterminada no inferior a 854,4 millones de euros” destinados a empresas en crisis y trabajadores víctimas de ERE. Esas ayudas sociolaborales, tal y como señaló Mercedes Alaya y suscribió el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, se repartieron sorteando los controles, sin fiscalización previa, saltándose la ley de subvenciones y la de Hacienda pública, de forma discrecional, sin convocatoria pública y pagando sobrecomisiones a las aseguradoras e intermediarios.