La Junta exige a los empresarios andaluces 1,8 millones; UGT sólo ha devuelto 25.000 €

Dos presuntos fraudes con diferentes varas de medir. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y UGT, el sindicato más poderoso de la comunidad autónoma, con 200.000 afiliados, se sitúan en el objetivo de la Junta de Andalucía. Mientras el Gobierno andaluz exige a los empresarios andaluces la devolución de 1,8 millones de euros a la CEA por 583 VPO no construidas, la UGT sólo ha restituido 25.000 euros correspondientes a dos facturas del escándalo sin fin de las comilonas y fiestas en la Feria de Sevilla. La cifra global del supuesto fraude del sindicato se podría elevar a más de un millón de euros, aunque el sindicato lo niega.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla admitió la pasada semana a trámite una denuncia penal por una presunta estafa presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En la denuncia figura el nombre del presidente de la CEA, Santiago Herrero, varios dirigentes de la misma institución y los responsables de la empresa Dolmen, entre ellos Juan Manuel Sanz.

Como ya publicó El Confidencial el pasado 21 de febrero, los compradores de 583 viviendas de VPO (viviendas de protección oficial) de una promoción inmobiliaria de tres fases en Sevilla siguen a la espera de la contestación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Bankia, la entidad financiera que concedió el préstamo a esta confederación bajo la denominación Caja Madrid por un valor de 41 millones de euros.

La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, liderada por la CEA en la etapa presidida por el fallecido Rafael Álvarez Lele Colunga, pariente de Javier Arenas, impulsó una promoción inmobiliaria con suelo del Ayuntamiento de Sevilla. De las tres fases que estaban previstas construir, tan sólo una ha terminado su edificación y se encuentra a la espera de los trámites administrativos. Todavía hay dos que no están terminadas.

La Junta de Andalucía en ningún caso pidió a UGT-A la devolución de ninguna factura, según aseguró el secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla. “Ha sido el sindicato motu proprio el que devuelve las cantidades que no nos corresponden", señaló Fernández Sevilla, que desvincula el supuesto fraude con la presunta financiación irregular de hasta 7,6 millones de euros, a través de las pólizas de prejubilaciones en el escándalo de los ERE falsos (la juez Mercedes Alaya demostró cómo se enriquecieron dirigentes de UGT y de Comisiones Obreras). El Mundo desveló que el sindicato le cargó a la Junta 700 maletines falsificados en Asia que supusieron una facturación de 81.000 euros como “publicidad para planes formativos a desempleados”.

UGT lo niega todo y Díaz presiona

La comisión de investigación abierta para analizar la contabilidad y la gestión financiera de UGT-A negó que existiera "ni fraude ni ninguna trama ni malversación" en las cuentas del sindicato. “La comisión ha sido única y transparente", destacó, tras analizar 1.500 documentos contables, facturas, contratos y albaranes, entre otros, de forma que la comisión determina que "no se ha detectado ninguna trama ni sombra de corrupción ni ocultación ni malversación; las acusaciones son totalmente falsas, tendenciosas y ridículas".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tuvo ayer más remedio que propinar un tirón de orejas a UGT. "Yo no sé lo que van a hacer los sindicatos, yo sé lo que vamos a hacer nosotros [el PSOE-A y la Junta de Andalucía], y vamos a ser implacables", declaró Díaz a Cuatro TV. "A los sindicatos les interesa ser muy firmes y muy transparentes frente a la corrupción, porque su papel no puede estar en cuestión".