El lío inmobiliario de la CEOE andaluza provoca un estallido social

No tienen respuesta. Los compradores de 583 viviendas de VPO (viviendas de protección oficial) de una promoción inmobiliaria de tres fases en Sevilla siguen a la espera de la contestación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Bankia, la entidad financiera que concedió el préstamo a esta confederación bajo la denominación Caja Madrid por un valor de 41 millones de euros.

La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, liderada por la CEA en la etapa presidida por el fallecido Rafael Álvarez Lele Colunga, pariente de Javier Arenas, impulsó una promoción inmobiliaria con suelo del Ayuntamiento de Sevilla. De las tres fases que estaba previsto construir, tan sólo una ha terminado su edificación y se encuentra a la espera de los trámites administrativos. Todavía hay dos que no están terminadas.

Al no cumplirse los plazos previstos (la finalización de las obras estaba prevista para el último trimestre de 2010), los propietarios de estas viviendas se han hartado y decidieron iniciar una serie de protestas delante del Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y del edificio de la CEA, situado en la isla de la Cartuja. Los dueños de estos inmuebles exigen una explicación a los empresarios andaluces, a pesar de que la confederación no fue la constructora del proyecto, sino Dolmen. Ahora es Nazarit quien ha asumido la promoción.

Eso sí, como el préstamo promotor lo concedió Bankia y esta promoción ha pasado a manos de la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, la solución se ha ralentizado. La Sareb ha anunciado una auditoría para conocer los detalles de la operación. Santiago Herrero, presidente de los empresarios andaluces, anunció delante de Griñán, el día de la puesta de largo del llamado Pacto por Andalucía, que la situación quedará solucionada “antes del verano”.

Los adjudicatarios del edificio Isbylia han entregado hasta la fecha 10 millones de euros. Los ciudadanos que han comprado las viviendas, ya han pagado entre 18.000 y 20.000 euros. “¿Dónde está nuestro dinero?, ¿Por qué no están acabadas las obras?, ¿Para cuándo la entrega de nuestros pisos? Viviendas, ¿de protección oficial? Nos sentimos completamente desamparados. Exigimos una solución ¡¡Ya!!”, lamentan el grupo de vecinos unidos en un grupo de Facebook.

“Tenemos cierta esperanza, pero llevamos más de dos años escuchando palabras y queremos hechos”, manifestó la portavoz de este colectivo, tras manifestarse durante varios Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo socialista también subvencionó en 2011 con 1,7 millones de euros esta promoción inmobiliaria. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta se ha erigido (hasta ahora sin éxito) en árbitro para solucionar este conflicto.