El TS reduce a una multa y diez años de inhabilitación la condena al juez Urquía

El magistrado asturiano Miguel Colmenero, que actuó como ponente en la polémica sentencia que ha apartado de la carrera judicial a su compañero Baltasar Garzón, ha conseguido destapar de nuevo la caja de los truenos al rebajar a una multa y diez años de inhabilitación la pena de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impuso al juez Francisco Javier Urquía por pedir dinero a uno de los imputados en la 'Operación Hidalgo'.

La Sentencia del TS condena a dos años de cárcel al que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, pero en el escrito condenatorio del polémico ponente se explica que la Sala de lo Penal rebaja la pena por prevaricación al entender que no fue continuada. De esta manera, el togado Colmenero estima solo  parcialmente el recurso del juez contra la resolución del TSJA, que le condenó a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada y cohecho y a pagar una multa de más de 54.000 euros por el primero de los delitos.

En el último mes, el ponente del Tribunal Supremo se ha visto en la tesitura de tener que juzgar a dos compañeros de profesión. Una tarea que se ha observado con lupa.

El rostro de Colmero

El rostro de Miguel Colmenero Menéndez empezó a ser famoso el día que leyó ante la prensa el fallo que inhabilitó al juez Baltasar Garzón durante once años. El togado llegó al TS en enero de 2002, en medio de un vaivén político en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces cubría en ese momento las cuatro plazas vacantes que había en el Supremo, entre las que se encontraba la de Penal que ocuparía Colmenero, con candidatos de la mayoría conservadora. Desde entonces, su nombre se ha visto envuelto en numerosos casos aparecidos en los medios de comunicación. Ahora, aunque el magistrado Colmenero ratifica la sentencia del TSJA respecto al delito de cohecho, no lo hace en el caso de la prevaricación y rebaja la multa al juez Urquía hasta los 9.125 euros.

Esto es porque entiende que la decisión “de poner en libertad a Azam Khan, Jan Nadir y Khadija Dahamany fue adoptada en una única acción" y que, por tanto, “no puede calificarse de continuada”. Para este magistrado, "el delito continuado exige una pluralidad de acciones u omisiones", según uno de los párrafos de la providencia, en la que explica que el hecho de que Urquía dictara el mismo día tres autos distintos para acordar la libertad de los imputados "no permite apreciar la existencia de acciones autónomas dotadas de individualidad suficiente".

Una declaración que concuerda "con el hecho de que el recurrente acordó la libertad de los tres presos, sin que concurrieran razones objetivas de clase alguna para ello", indica el Supremo, que considera que la decisión del TSJA al condenar a Urquía fue razonable.

De juez a abogado

Urquía fue condenado en agosto de 2008 por el TSJA a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800 euros como autor de un delito de prevaricación. Pero en abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800 euros, la mínima que contempla la ley. Los firmantes de la sentencia fueron los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado. Después, en mayo de 2010, en un juicio plagado de irregularidades que recoge la misma sentencia, es nuevamente juzgado. Con el escrito de Miguel Colmenero de hoy terminan sus causas judiciales.

Mientras tanto, Francisco de Urquía ha fundado un despacho profesional de abogados, para lo cual se ha asociado con otros dos compañeros de Marbella. También colabora con otros letrados en Granada. El año pasado entró como director del departamento procesal en un despacho de gran prestigio. Su carrera profesional como abogado progresa gracias a su perseverancia, pues no se  conoce ningún caso que haya perdido en los últimos cinco años. Paralelamente a su labor como letrado, colabora con los departamentos de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga y de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, donde su padre Faustino de Urquía Gómez, ejerció como presidente de la Audiencia Provincial.