libertad martínez era edil de arganda del rey

La 'topo' de González en TVE votó a favor de la parcela Gürtel donde su hija tiene un ático

Libertad Martínez votó a favor en 2006 del pelotazo de Arganda investigado en Gürtel. En ese suelo varias cooperativas construyeron. En una de ellas la hija de la exdiputada de IU tiene un piso

Foto: Libertad Martínez e Ignacio González.
Libertad Martínez e Ignacio González.

Libertad Martínez, exdiputada regional de IU y la periodista de "confianza" que Ignacio González habría enchufado en RTVE para que defendiese su imagen e intereses, votó a favor de que el Ayuntamiento de Arganda del Rey vendiera a la promotora Martinsa la famosa parcela UE-124, una operación que está siendo investigada dentro de la pieza del caso Gürtel que sigue en instrucción en la Audiencia Nacional. Los investigadores creen que con esta venta, presuntamente amañada, Francisco Correa fraguó uno de sus grandes pelotazos, pudiendo obtener 25 millones de euros en comisiones. En ese suelo, la mayoría hoy sin desarrollar, se levantaron unos pocos edificios. En uno de ellos, concretamente en un ático, vive la hija de la exdirigente política, Itziar Lora Martínez.

La coincidencia no es baladí. Ignacio González no solo está imputado en el caso Lezo, sino también por la compra de su lujoso dúplex en Estepona (Málaga). El polémico comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, ya aportó a esta última causa un informe que vinculaba la vivienda malagueña al caso Gürtel. El documento relata que González "pudo recibir un soborno" de dos millones de euros (abonado en parte con el mencionado inmueble, el resto en efectivo) por facilitar la adjudicación de la parcela UE-124 a Martinsa, que tras la aprobación del Pleno municipal necesitaba el visto bueno del Gobierno regional.

Todo empezó en 2004. El 25 de noviembre de ese año el Ayuntamiento de Arganda, gobernado por el PP, adjudicó a Martinsa la parcela por 77,2 millones de euros: 66 millones en efectivo y 11 en dotaciones para el municipio. Martinsa ganó el concurso a Sacresa y Alcosto. La edificabilidad permitía la construcción de 1.280 viviendas libres y 300 protegidas. Un año después, en mayo de 2005, Martinsa logró que la edificabilidad subiera y se pudieran construir 1.772 viviendas libres y 450 protegidas. ¿Cómo? Se anularon 28.378 metros cuadrados de edificación de uso mixto pasándolos a residencial, se redujeron otros 3.000 metros cuadrados de uso comercial y se incrementó el porcentaje de vivienda protegida.

Pero no era suficiente. En julio de 2006, Martinsa consigue más cambios: las viviendas libres pasan a 2.131 y las protegidas suben a 600. "Se pasó de una densidad de habitantes por hectárea de 141 a 173, cuando la ley del suelo recomienda un máximo de 100. Ayuntamiento y Comunidad se saltaron a la torera incluso la altura máxima de los edificios, ya que el plan general de ordenación urbana de Arganda permitía cinco y se iban a levantar bloques de 15 alturas", aseguró en una entrevista a El Confidencial el arquitecto Gilbert Barbany Fontdevila, contratado por Martinsa para estudiar la viabilidad urbanística del proyecto.

Ginés López, alcalde de Arganda del Rey.
Ginés López, alcalde de Arganda del Rey.

En un principio, la oposición en Arganda, PSOE e IU, se opuso al proyecto. Pero el 5 de julio de 2006 todo cambió y el Pleno municipal, con 19 votos a favor (entre los que estaban los de siete ediles socialistas y el de Libertad Martínez, edil entre 2003 y 2011) aprobó el plan parcial de la UE-124 que estimaba muchas de las alegaciones de Martinsa y varias alegaciones de los dos partidos de la oposición, que argumentaron su apoyo porque consiguieron que el proyecto incluyera la construcción de una nueva carretera, la reforma de una rotonda, un nuevo intercambiador de transportes y un parking municipal, además de la rehabilitación de dos barrios y el realojo de las familias que habían sido expropiadas.

Martinsa dividió la UE-124 en 21 parcelas, aunque solo consiguió vender tres antes de que entrara en concurso de acreedores en julio de 2008. La inmobiliaria Espais Promociones Inmobiliarias pagó 69 millones y dos cooperativas, otros 10,9 millones. Pradera de San Isidro, vinculada a Izquierda Unida, compró el 20 de diciembre de 2006 la parcela P-18 por 4,24 millones (IVA aparte) para levantar 90 viviendas. El 27 de junio de 2007 Progreso Arganda, promovida por el PSOE, adquirió la parcela P-20 por 6,69 millones (IVA aparte).

En concurso de acreedores

Las dos cooperativas están hoy en concurso de acreedores. El juez decretó la de Pradera de San Isidro en octubre de 2013 y la de Progreso Arganda un año después, en octubre de 2014. Todo fue un fiasco. Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, del ejercicio 2010, revelaba los graves incumplimientos de Martinsa a la hora de realizar los trabajos acordados y del Ayuntamiento de Arganda a la hora de fiscalizar que esos trabajos se estuvieran realizando. En el año 2010, el caso Gürtel ya se había destapado, Martinsa estaba quebrada y las obras en la parcela se había paralizado.

A pesar de ello las dos cooperativas siguieron adelante. Familias de dirigentes locales del PSOE y de IU se apuntaron y obtuvieron piso. Es el caso de la hija de Libertad Martínez, que según el registro de la propiedad tiene un ático en la parcela 18, la que compró Pradera de San Isidro. Un piso de 81 metros cuadrados con plaza de garaje cuya titularidad comparte con otra persona. Hoy, once años después de que el Pleno municipal aprobara la venta de la parcela, la Audiencia Nacional mantiene imputados a varios excargos públicos del municipio: el exalcalde Ginés López (acusado de cobrar 523.000 euros de la trama) y Benjamín Martín Vasco, el exconsejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, la empresa pública que vendió la parcela a Martinsa. También fue diputado regional, como Libertad Martínez.

Según publicó la revista ‘Interviú’, Martín Vasco se vengó. "Él cobró, pero Ignacio González se llevó dos millones: le pusieron un ático". Dos personas que dijeron hablar en nombre del exdiputado hicieron llegar ese mensaje a la policía, aunque nunca lo ratificaron ante el juez de la Audiencia Nacional. Tres sumarios judiciales, Lezo, Púnica y el del ático de Estepona, que se entremezclan irremediablemente.

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