La jueza da 15 días a los okupas de Pozuelo para abandonar 'sus casas'

Los okupas de Pozuelo tienen 15 días para abandonar las casas en las que residen de forma ilegal. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad madrileña, Carmen Neira, en la sentencia dada a conocer este miércoles, donde también condena a Diego G. S. M., Sergio P. T. y Carolina P. M. a abonar 180 euros de multa al considerar probado que los tres son autores de un delito leve de usurpación.

El fallo absuelve sin embargo a Álvaro J. C. y Jhormin G. B. O. al entender que ha quedado acreditado que el primero se encontraba de visita cuando apareció la Policía para identificar a los usurpadores y que el segundo, al no llevar documento nacional de identidad, no pudo ser filiado.

Aunque el Juzgado entiende que el desalojo como medida cautelar -reclamado por la Fiscalía y el denunciante (Inversiones Inmobiliarias Canvives)- tiene "dudoso encaje" en el presente caso, sí considera que debe aplicarse -vía ejecución provisional de la responsabilidad civil de la sentencia- porque existe una "circunstancia excepcional" derivada "del mal estado de las edificaciones" que supone un riego para los ilegales inquilinos.

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Paloma Esteban

"Se ha acreditado que nos encontramos ante una edificación compuesta por tres viviendas unifamiliares en construcción o que ésta no llegó a finalizarse debido a la crisis inmobiliaria, por lo que las viviendas se encontraban abandonadas por la propiedad", explica la sentencia, que añade que los inmuebles "llevaban años" en este estado ya "antes de producirse la primera ocupación en 2015". En concreto, la juez Neira destaca el mal estado de "las chimenas", que tienen el riesgo de desprenderse y, en el caso de que finalmente se cayeran, "podrían causar daños de extrema gravedad a los ocupantes de las viviendas".

La magistrada reprocha, de hecho, a la propia denunciante y dueña de la instalación que durante este tiempo no haya adoptado "medida alguna para la conservación y adecuado estado de las viviendas", a pesar de haber sido requerida por el ayuntamiento de Pozuelo. Asimismo, le ordena "acometer las medidas necesarias y requeridas por el Ayuntamiento" y "dar cumplida cuenta a este juzgado" de ellas y del estado en que quedan las viviendas.

Alarma vecinal y movilización del Ayuntamiento

El pasado febrero el asentamiento de este grupo de okupas en un chalé de la urbanización de la Colonia de los Ángeles desataba la alarma vecinal en el municipio con las rentas medias más altas de toda España. El malestar de los propietarios del barrio no respondía a una situación de ruido o violencia, sino a un documento que colgaba de la puerta principal del adosado. Un texto elaborado por los inquilinos que suponía un verdadero órdago y que anunciaba que no se marcharían de la propiedad del Banco Popular: "Este es —al menos provisionalmente— nuestro domicilio y no tenemos intención de marcharnos de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir la vía judicial. La entrada a este nuestro domicilio sería denunciada porque incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada”, aseguraban.

La situación preocupó seriamente a la corporación municipal del PP dirigida por Susana Pérez Quislant, máxime después de que la policía hubiera desalojado días antes a otros okupas que llevaban instalados en la vivienda alrededor de un año con la orden de lanzamiento del juez en la mano. El Ayuntamiento optó por desplegar tres patrullas de la Policía Municipal mañana, tarde y noche a las puertas de la casa para asegurar, en la medida de lo posible, la tranquilidad de los vecinos en un barrio completamente residencial, pese al coste adicional que supuso la iniciativa para las arcas municipales en efectivos y horas extra.

Será el propietario del inmueble — Aliseda, servicio que gestiona los activos del Banco Popular— el que tome las próximas medidas tras la sentencia de la jueza, que apuesta por que la vivienda se quede vacía en los próximos quince días. Los planes de Aliseda pasaban por proceder al cerramiento total de la vivienda en el transcurso de la medida cautelar para impedir nuevas okupaciones. La magistrada apunta también al deterioro de la vivienda y reprocha, de alguna manera, al propietario la dejadez del estado de la casa durante los últimos años. Si bien es cierto, el mal estado del chalé fue uno de los argumentos esgrimidos por la defensa del propietario en el juicio, apuntando directamente a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en su artículo 168, relativa al deber de conservación y rehabilitación.

Durante la vista celebrada el pasado mes de marzo, los cinco okupas acusados tomaron la palabra para reiterar su precaria situación —"no tenemos ingresos ni tampoco trabajo"— e insistir en la necesidad de "tiempo" para organizarse y encontrar otro lugar donde poder vivir. Solo uno de ellos alegó cobrar un subsidio de renta mínima —426 euros al mes—, mientras que el resto afirmó no tener ningún ingreso que les permitiera vivir. Los acusados apelaron a la estación del año, "es invierno", para insistir en que les permitieran permanecer en los chalés un periodo suficientemente largo como para encontrar una vivienda a la que marcharse.