Las viviendas que no quieren ni los guardias civiles: a 40.000 euros en 'el Bronx' de Parla

El céntrico, amplio, lujoso y reformado piso que se está montando el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en dependencias de la Guardia Civil dista llamativamente de las viviendas que 'consigue' el Ministerio del Interior a sus funcionarios de base. Estas últimas tienen tan poco atractivo para un comprador que ni siquiera al irrisorio precio de 40.000 euros por casi 200 metros cuadrados construidos consiguen 'colocarse' en subasta pública.

Se trata de cinco inmuebles que fueron construidos en 2008 en un barrio desfavorecido de Parla dentro de una zona residencial promovida por el Ayuntamiento de la localidad madrileña, que llegó a un acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil para ubicar a funcionarios en estas viviendas. La mayoría de los agentes, sin embargo, renunciaron a la concesión, debido fundamentalmente al lugar en el que se encontraban los pisos.

No en vano, la promotora no vendió ni un solo inmueble tras construir los edificios y sacarlos a la venta en un primer momento. Tuvo que adjudicarlas posteriormente a un precio más bajo, aunque también sin éxito en el plano comercial. En algunas de ellas se metieron ocupas de todo tipo, entre los que había incluso bandas organizadas procedentes de otros países que se dedicaban a revender o realquilar las casas.

La mitad de las viviendas reservadas para guardias civiles, de hecho, salieron a subasta pública a poco más de 60.000 euros, pero ningún ciudadano concurrió a la oferta, lo que provocó que todas ellas fueran puestas posteriormente de nuevo en el expositor. Actualmente su precio oscila entre algo más que los 40.000 y los 67.000 euros por piso, un valor realmente bajo para el precio que todavía hoy alcanzan inmuebles de similares características en otras zonas incluso del mismo municipio. No parece, sin embargo, que ni siquiera este importe atraiga el interés de los compradores.

Algo similar tuvo lugar también en Barcelona hace unos años. Interior acordó con el consistorio catalán ubicar a 20 guardias civiles y sus familias en viviendas situadas en el conflictivo barrio de La Mina. El plan, por supuesto, resultó fallido, dado que ningún funcionario se prestó a residir allí, por lo que la veintena de pisos reservados a los agentes del instituto armado se quedaron sin ser colocados.

Este tipo de planes para ubicar a miembros del instituto armado contrasta con el reciente escándalo del piso de la Guardia Civil entregado al director general de Tráfico, que ha provocado que el mismo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tenga que dar explicaciones públicas. La última se la dio al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le había preguntado sobre cómo paga Serrano su estancia en un hotel hasta que se termina la reforma de la polémica vivienda. Zoido respondió que el responsable de Tráfico abona su residencia en Madrid "con cargo a las dietas de alojamiento a las que tiene derecho".

El conflicto ha llegado al Congreso de los Diputados, donde la práctica totalidad de los grupos parlamentarios ha mostrado su interés por interpelar al ministro al respecto, incluso después de que el propio Serrano hiciera una rueda de prensa para negar la mayor. Tras el comunicado emitido por Interior que negaba haber entregado vivienda alguna al director general, éste último rechazó la acusación. "No me he escondido jamás de nada, no he tenido necesidad; no he hablado antes porque el ministro no estaba y no podía comparecer sin darle las explicaciones correspondientes", indicó antes de insistir en que "nunca" había ocupado "una vivienda de la Guardia Civil y mucho menos de forma gratuita".