Un soborno en Guinea lleva a la primera condena por corrupción internacional

La editorial española Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial (Apyce) es la primera empresa condenada en España por corrupción internacional. Dos directivos de esta firma aceptaron el lunes en la Audiencia Nacional una condena de un año de cárcel para cada uno y una multa por sobornar a un viceministro de Guinea Ecuatorial, donde la empresa tenía buena parte de su negocio. Se trata de la primera condena por el delito de corrupción internacional, por el que se investiga a la empresa pública Defex, entre otras. Fuentes jurídicas destacan la relevancia del fallo porque, aunque el delito está incorporado a la legislación desde 2000, no había habido ningún fallo y la OCDE empezaba a señalar a España.

España firmó el convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (Convenio de la OCDE) el 17 de diciembre de 1997, y lo ratificó mediante instrumento depositado el 4 de enero de 2001. En su última redacción, el Código Penal castiga a "los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos" corrompan a una autoridad o funcionario público "para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales".

A pesar de que España ratificó el convenio hace años, las investigaciones que ha llevado con éxito son pocas. La Fiscalía Anticorrupción, que es la encargada en exclusiva de estos casos, llegó a investigar un polémico contrato de Iberdrola en Letonia y ha impulsado la investigación a la empresa pública Defex por comisiones en Angola, Egipto, Brasil, Camerún y Arabia. El caso que más cerca estuvo de llegar a juicio fue el de Eurofinsa, pero fue archivado por la Audiencia. Ninguno había llegado todavía a juicio y mucho menos a condena. La OCDE comenzaba a sacar los colores a España por esta falta de sentencias, al ser además un país con mucha contratación pública en el exterior.

El primer caso, sin embargo, no ha sido de ninguna gran constructora. La primera en caer ha sido una pequeña editorial creada en 2006 y que operaba en Guinea Ecuatorial. El pasado lunes, se celebró la vista oral en la Audiencia Nacional y los dos acusados, Antonio Leal Parra y Basiliso Martínez Abril, aceptaron la condena. Según el escrito de conformidad del fiscal anticorrupción Carlos Yáñez, al que ha tenido acceso El Confidencial, "desde su constitución, la mercantil mantuvo relaciones comerciales con el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes de la República de Guinea Ecuatorial". En esos contactos, participaron Leal y Martínez. Entre julio de 2006 y noviembre de 2008, Apyce obtuvo cinco contratos de Guinea Ecuatorial para entregar 1.132.000 libros a cambio de 6.726.600 euros (casi seis euros por libro).

La transferencia fue directamente a la cuenta del viceministro de Educación y no a la del ministerio

En 2009, el negocio bajó y entonces decidieron realizar "una transferencia por importe de 70.000 euros destinada a altos cargos del Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial con el fin de que por estos se facilitase que la mercantil acusada mantuviese la relación comercial y así conseguir la celebración de nuevos contratos de edición de libros con dicho Estado", según el escrito de conformidad de Anticorrupción.

El 7 de octubre de 2009, la Apyce y el viceministro de Educación de Guinea, Miguel Esono Mansogo, firmaron un "contrato de financiación para la capacitación curricular de inglés y francés de la República de Guinea Ecuatorial". Apyce aceptaba pagar 70.000 euros como donación para formación de los profesores. En el documento daban una cuenta del banco SGBGE a nombre del ministerio. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2009, la transferencia se realizó a una cuenta personal de Esono Mansogo, siempre según el escrito de conformidad, que tras aceptar los acusados los hechos se convertirá en una sentencia. El aviso a la Fiscalía llegó del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La editorial se llevó contratos por 23,3 millones en libros de texto en Guinea entre 2006 y 2013

Según el escrito que han aceptado los acusados, fue Basiliso Martínez, que tenía participaciones en la editorial, quien "se encargó directamente de concretar los términos y cuantías de las retribuciones destinadas a cargos públicos". Tras las transferencias, "Apyce incrementó sustancialmente su relación económico mercantil con el Estado de Guinea Ecuatorial y realizó nuevos contratos". Entre mayo de 2010 y abril de 2013, firmaron cuatro nuevas adjudicaciones de libros de texto. En total, fueron 746.000 libros y 106.000 guías metodológicas por un total de 16.653.000 euros (19,5 euros por unidad). En 2011 consta una transferencia de 200.000 euros, pero esta vez sí fue a la cuenta del ministerio, por lo que antes del acuerdo de conformidad la Fiscalía retiró la acusación respecto a ese pago.

La Fiscalía llevó el caso a juicio aunque Guinea no había contestado a los requerimientos para colaborar. Esa es una de las dificultades de perseguir estos delitos, que a menudo los países en los que se han cometido no cooperan. En este caso, estaban citados funcionarios de la Agencia Española de Cooperación para testificar sobre cómo se pueden ganar concursos públicos en Guinea Ecuatorial. Según Transparencia Internacional, la antigua colonia española ocupa el lugar 142 de los 176 países con mayor percepción de que hay corrupción. En la instrucción, los acusados señalaron que el concurso lo ganaron en una reunión con altos cargos de Guinea en un hotel en Madrid. Hay rastros de visitas de Esono a Madrid, como la que en 2012 le llevó a reunirse con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno.

Por todo ello, "los acusados son responsables del delito de corrupción en transacciones comerciales internacionales", que conlleva para cada uno un año de prisión (hubo rebaja por confesar y aceptar los hechos, y lo previsible es que se suspenda el ingreso en prisión). Además, incluye una multa de seis euros al día durante seis meses y la imposibilidad de recibir subvenciones durante tres años y medio. La editorial Apyce no devolvió ayer la llamada de este diario.

Fuentes jurídicas destacan el valor de la sentencia en conformidad, no por la cuantía sino por abrir el camino y porque España podrá esgrimirla en foros internacionales. "En la OCDE había preocupación de que España no perseguía la corrupción en transacción internacional y no había sentencias condenatorias", señalan, y muestran su satisfacción ante el primer fallo.