El portavoz de Ausbanc, condenado a dos años de prisión por una estafa inmobiliaria

El expresidente de Ausbanc, Luis Pineda, investigado en el marco de la operación Nelson que dirige la Audiencia Nacional, contaba con un grupo de colaboradores más cercanos que conformaban lo que dentro de la entidad denominaban el directorio. Entre ellos se encontraba el director de publicaciones y portavoz de la asociación, Luis Suárez Jordana, que dirigía las revistas en las que se insertaba la publicidad contratada por las entidades bancarias. Este último, además de estar imputado en la causa que dirige el juez Santiago Pedraz contra Pineda y el responsable de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión por una estafa inmobiliaria.

La Sección Cuarta del alto tribunal regional considera que Suárez Jordana es culpable de un delito continuado de estafa al engañar a los compradores de dos inmuebles a los que él les vendió las viviendas. En concreto, según relata la sala, el portavoz de Ausbanc, en calidad de administrador único de la mercantil Grupo Inmobiliario Arcediano, vendió en junio y en noviembre de 2007 dos fincas diferentes a un matrimonio asegurando en las escrituras que ambas se encontraban libres de cargas.

Según declaró el vendedor en el contrato suscrito con los compradores, las viviendas –localizadas en el mismo edificio– se encontraban gravadas con una hipoteca de 173.800 y 173.500 euros que ya había sido amortizada, afirmación que resultó ser del todo falsa. "El crédito garantizado con la hipoteca que gravaba la finca vendida, del que era titular la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, no había sido amortizado y la deuda subsistía en gran parte de su importe, extremo que era perfectamente conocido por el acusado, que lo ocultó deliberadamente a los compradores", reza la sentencia en referencia a uno de los inmuebles, una conclusión que reitera para el caso de la otra casa.

El portavoz de Ausbanc vendió en junio y en noviembre de 2007 dos fincas a un matrimonio asegurando que ambas estaban libres de cargas

"Tal y como había sucedido en el contexto de la firma de la escritura de fecha 27 de junio de 2007, también en esta segunda escritura otorgada en noviembre de ese año, pese a la información que el acusado había trasladado a los compradores y que se reflejaba fielmente en el referido documento público en los términos literalmente expuestos dentro del capítulo de cargas, el crédito garantizado con la hipoteca que gravaba la finca vendida, no había sido amortizado y la deuda subsistía en la mayor parte de su importe, extremo que era perfectamente conocido por el acusado, el cual nuevamente lo ocultó de modo deliberado a los compradores", relata el fallo judicial.

La Audiencia Provincial considera acreditado que el matrimonio que adquirió los inmuebles pensando "en todo momento" que adquirían dos fincas "realmente libres de cargas, aunque subsistieran formalmente las hipotecas en el Registro de la Propiedad". Para el tribunal, los testimonios de los compradores "son persistentes, no adolecen de incredulidad subjetiva y están corroborados por los inequívocos términos de ambas escrituras", subraya la sentencia, que deja muy claro que el acusado "ocultó la existencia económica de una carga real" sobre las viviendas.

Este comportamiento por parte de Suárez Jordana, añade la resolución, es constitutivo de un delito previsto en el artículo 251.2 del Código Penal, que castiga la ocultación al comprador de un inmueble de la verdadera cuantía de la carga hipotecaria haciendo constar una cantidad inferior a la que pesaba sobre la finca. "Se hizo creer a los adquirientes que los respectivos créditos garantizados con hipoteca estaban pagados y amortizados y que las hipotecas estaban solo pendientes de cancelación registral; es decir, se creó la falsa representación de que las hipotecas estaban económicamente canceladas como consecuencia del pago de los créditos, lo cual no era cierto", resume el fallo.

El procesado se libra de una condena mayor por las "dilaciones indebidas" del procedimiento judicial, que ha durado siete años y medio

Como consecuencia de este engaño, los compradores "se vieron privados de su propiedad" sobre las viviendas que habían adquirido, ya que, al no hacer frente a la hipoteca que pesaba sobre los inmuebles por entender que estaban pagadas, las fincas fueron reclamadas por la caja de ahorros, que ejecutó la garantía hipotecaria. A pesar de haber abonado el precio en la transacción que firmaron con Suárez Jordana, la entidad financiera les exigía el abono de la hipoteca. "La única alternativa que les quedaba era abonar el crédito hipotecario judicialmente ejecutado", señala la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que insiste en la conciencia con la que el acusado planeó todo.

"Suárez Jordana era plenamente consciente de la ocultación y del riesgo de pérdida de las cosas vendidas que objetivamente causaba a los compradores", que de hecho posteriormente perdieron las dos viviendas que habían comprado como consecuencia del engaño del que habían sido víctimas, asegura el tribunal, que, además de condenar al directivo de Ausbanc a dos años de prisión, le obliga a indemnizar al matrimonio con "el valor equivalente a las cantidades que estos le abonaron en concepto de precio de ambas compraventas". En concreto, 243.200 euros, cuantía a la que deberá sumar los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el valor de las costas procesales, que la sala también carga en las espaldas de Suárez Jordana.

El procesado se libra sin embargo de una condena mayor debido a las "dilaciones indebidas" que ha sufrido el procedimiento judicial, que ha durado siete años y medio, un retraso que el tribunal califica de "extraordinario y manifiestamente injustificado", que "no es imputable al acusado". El ingreso efectivo en la cárcel del condenado podría ser inevitable, ya que -aunque las penas inferiores a dos años suelen eludir la prisión- Suárez Jordana tiene otra sentencia en contra que se suma a la reciente resolución. En concreto, según contó Facua, fue condenado en 2015 a 18 meses de prisión por estafa.