el documento no deja títere con cabeza

Villarejo revela en el juzgado que la Policía ya sospechaba del ático de González desde 2011

Presenta un informe policial que califica al Canal de Isabel II como "herramienta de corrupción" para pagar sobornos y vincula al expresidente regional con la Púnica y la Gürtel
Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2015. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2015. (EFE)

El comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional José Manuel Villarejo ha aportado a la causa que investiga el ático de Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, un informe que vincula las diligencias con el caso Gürtel o la trama Púnica. En concreto, el documento, que fue elaborado en 2011, ha sido entregado a la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, a través de la asociación Transparencia y Justicia, que maneja el comisario y que está personada en la causa.

El informe alerta ya un año antes de que salieran a la luz las primeras informaciones periodísticas sobre el ático (el escrito policial es de julio de 2011 y la noticia apareció en el diario El Mundo en marzo de 2012) de que Ignacio González "pudo recibir un soborno" de dos millones de euros -abonado en parte con el mencionado inmueble y en otra parte en efectivo- por facilitar la adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de 100.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la constructora Martinsa. 

Según el documento policial, Fernando Martín, propietario de Martinsa, habría pagado 15 millones de euros a Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, quien a su vez de ahí habría abonado una cantidad a otros conseguidores, como el alcalde de Arganda, Ginés López (medio millón de euros), el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco (otro medio millón) y el propio Ignacio González, que se llevaría el mayor trozo del pastel con los mencionados dos millones. 

El escrito insinúa que el pago del dinero pudo ultimarse en el viaje que González realizó a Colombia del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008 junto al consejero de Martinsa José Manuel Serra, travesía que fue grabada por unos detectives y que dio origen al caso del espionaje de Madrid'. "Fuentes de las defensas" de estos detectives, explica el informe policial, "insinuaron" que fue la compañía OHL la que contrató a estos profesionales del seguimiento para llevar a cabo el trabajo. "Las informaciones que han dado origen a las gestiones que se practicaron a través de la Comisaría de Marbella -añade el documento- señalan sin duda que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio González recibiría por la operación de Arganda". "A la vuelta", de hecho, prosigue el texto, "se entregó a IG el ático".

El documento asegura también que, según fuentes del PP, la cúpula del partido tuvo conocimiento de la mencionada operación de Arganda y que el propio presidente del Gobierno en funciones, entonces aún líder de la oposición, Mariano Rajoy, convocó a la que por aquella época era responsable del partido a nivel regional, Esperanza Aguirre, que puso la mano en el fuego por todos los implicados. El propio Ginés López fue llamado también para dar explicaciones y dijo que él había seguido indicaciones de Ignacio González, quien había dado "instrucciones concretas y precisas sobre cómo gestionar el suelo municipal".

Vista de la urbanización Alhambra del Golf 3 donde se encuentra el ático de Ignacio González.
Vista de la urbanización Alhambra del Golf 3 donde se encuentra el ático de Ignacio González.

Pocos días después de estos encuentros, que el escrito policial califica como "fingidas gestiones de la dirección nacional del PP para aparentemente evitar la operación", "la adjudicación a Martinsa -apunta el documento- se realizó tal y como había pactado Correa".

El Canal de Isabel II, "herramienta de corrupción"

El escrito indica además que es el Canal de Isabel II -cuyos contratos están siendo investigados por la UCO en el marco del caso Púnica- "la herramienta para cobros y pagos de difícil justificación" y "el sistema de enriquecimiento ilícito" de "ciertos dirigentes de la Comunidad de Madrid", que "se quedarían con parte del dinero recaudado para financiar al PP mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública". El Canal, continúa, "sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto a la firma valenciana Tecvasa", un consorcio formado por varias empresas de la Comunidad Valenciana y la CAM que poseen el 25% restante".

Canal de Isabel II.
Canal de Isabel II.

Esta estructura societaria, explica el informe policial, tiene "vocación off shore". Se trata de una trama "controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo la de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control". La Policía admite que habría que indagar más a fondo la estructura del Canal en el extranjero para tener más certeza de estos extremos, pero añade que "fuentes del entorno del PP contactadas señalan que es la herramienta perfecta de corrupción que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".

"A través del Canal, se realizan suculentos pagos para asegurar fidelidades a medios de comunicación mediante la adjudicación de publicidad institucional sin control alguno ni justificación ni licitaciones", asegura el escrito entregado por Villarejo al Juzgado número 5 de Estepona, que también acusa a los dirigente del PP regional de utilizar el organismo para "corromper a tertulianos y periodistas que, mediante pagos, modularían la opinión pública ensalzando a su benefactores". Entre estos últimos, el policía señala a Hermann Tertsch, Isabel San Sebastián o Antonio Martín Beaumont

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid también "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones pactadas"

El informe, que no deja títere con cabeza, afirma que "similar función" a la del Canal haría también la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que también "adjudicaría contratos millonarios mediante aparentes licitaciones previamente pactadas con los adjudicatarios, elaborando facturas falsas, engordando contratos y/o liberando fondos en efectivo, parte del cual iría a la caja B del partido controlador y parte se quedaría en manos de quienes estarían manejando dichas operaciones".

El escrito, que recomienda que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga tanto al Canal como a ICM, aconseja comenzar a investigar el "desmesurado incremento" del patrimonio de Ildefonso de Miguel, gerente de la gestora del agua de Madrid hasta 2009, mano derecha de Ignacio González y espiado también junto al expresidente regional en el viaje a Colombia de 2008. "Adquirió sin control incluso bodegas de vino e inmuebles de muy alto nivel, bien a su nombre o al de familiares o firmas" que constituía. También sugiere indagar los bienes de Cándido Cerón, "que estaría recibiendo importantes suma de dinero en efectivo por el pago de sobornos de los adjudicatarios de proyectos" informáticos.

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicitó el pasado 26 de febrero que el Juzgado número 5 de Estepona tome declaración en calidad de investigados tanto a González como a su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en relación con el ático que los dos primeros tenían arrendado en la localidad malagueña.

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