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Iglesias se enfrenta a una multa de 25 millones por medidas anticorrupción del PP
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Iglesias se enfrenta a una multa de 25 millones por medidas anticorrupción del PP

Los informes de la UDEF sobre el posible apoyo económico del régimen de Irán a Podemos, con Hispan TV en el punto de mira, abocan al Tribunal de Cuentas a una intervención inmediata

Foto: Pablo Iglesias presenta el programa 'Fort Apache' en HispanTV.
Pablo Iglesias presenta el programa 'Fort Apache' en HispanTV.

Los informes de inteligencia que maneja la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el posible apoyo económico del régimen islamista de Irán a Podemos abocan al Tribunal de Cuentas a una intervención inmediata si se confirma que hay financiación ilegal del movimiento que encabeza Pablo Iglesias. Los podemitas se enfrentarían al hecho de ser los primeros en sufrir las consecuencias del endurecimiento de las medidas anticorrupción aprobadas en la pasada legislatura por el Gobierno: sanciones que multiplican entre dos y cinco veces la cantidad recibida de forma ilegal, o pena de prisión de uno a cinco años para sus perceptores.

Las pesquisas de la UDEF elevan hasta los cinco millones la cantidad que ha podido recibir Podemos de Irán desde los orígenes del movimiento, en 2012, hasta finales del pasado año. Como reveló El Confidencial, la presunta financiación ilegal del movimiento de Iglesias llega a través de las empresas audiovisuales que administra en España el iraní Mahmoud Alizadeh Azimi. El eje de la operación está constituida por la sociedad 360 Global Media, que en los últimos cuatro años ha declarado unos ingresos totales de 7,2 millones de euros.

Iglesias factura a la productora de televisión iraní su programa ‘Fort Apache’ a cifras astronómicas, hasta 15.000 euros la unidad para el canal Hispan TV. Además, según los informes que maneja la UDEF, Iglesias en persona recibe periódicamente desde hace años cantidades de 2.000 o 3.000 euros.

Así se hace Fort Apache

La ley de financiación de los partidos políticos prohíbe su financiación por gobiernos o empresas públicas extranjeras. Durante la pasada legislatura, como respuesta a la acumulación de los casos de corrupción, se han endurecido las medidas preventivas, las condenas y las facultades del Tribunal de Cuentas para perseguir ese tipo de conductas irregulares y delitos. Primero, en octubre de 2012, se modificó la ley de 2007 para que el Tribunal de Cuentas impusiera una sanción “de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida”. Posteriormente, en marzo del pasado año, en la última reforma para endurecer las medidas contra la corrupción, y para el caso de infracciones muy graves, el importe de las sanciones se situó entre “el doble y el quíntuplo”.

La cuantía del flujo de fondos percibido por Iglesias y Podemos, según las indagaciones de la UDEF, está en los tramos más altos de las sanciones establecidas, siempre por encima de los 100.000 euros. Ahora queda por concretar en qué fechas se acumulan los pagos y las facturas ‘infladas’ para saber a qué multa se tendría que enfrentar Podemos en caso de confirmarse el delito.

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, puede y debe intervenir de oficio en caso de financiación ilegal de un partido, al margen de las actuaciones que realicen la Agencia Tributaria y la Fiscalía.

La gran reforma legal en la materia introducida por el Gobierno en la pasada legislatura es la tipificación de un nuevo delito, el de financiación ilegal de los partidos políticos, para castigar penalmente ese tipo de conductas hasta entonces solo objeto de sanciones administrativas.

El artículo 304 del nuevo Código Penal, que entró en vigor en julio pasado, establece que será castigado con pena de prisión de uno a cinco años “el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”. En manos de la UDEF queda establecer si Pablo Iglesias pudo incurrir en ese delito desde julio pasado si desvió fondos procedentes de Irán a Podemos.

Los informes de inteligencia que maneja la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el posible apoyo económico del régimen islamista de Irán a Podemos abocan al Tribunal de Cuentas a una intervención inmediata si se confirma que hay financiación ilegal del movimiento que encabeza Pablo Iglesias. Los podemitas se enfrentarían al hecho de ser los primeros en sufrir las consecuencias del endurecimiento de las medidas anticorrupción aprobadas en la pasada legislatura por el Gobierno: sanciones que multiplican entre dos y cinco veces la cantidad recibida de forma ilegal, o pena de prisión de uno a cinco años para sus perceptores.

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