El próximo Gobierno deberá pagar 1.000 millones más en armamento en 2016

El próximo Gobierno, el Ejecutivo que salga de las urnas o los pactos posteriores a las elecciones generales del otoño, tendrá que pagar alrededor de 1.000 millones las empresas de armamento en el próximo ejercicio, cantidad que no figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Es la cuota anual prevista por el Ministerio de Defensa para hacer frente a los llamados programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas (cazas, helicópteros, fragatas y carros de combate) que ahora cuestiona la oposición socialista por no figurar en las cuentas del Estado.

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, explicó este jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso que no podía precisar la cifra de los citados pagos porque el detalle depende de las negociaciones con las empresas y las propias entregas del material, pero sí ha dejado claro que la intención de su departamento es “seguir haciendo frente a esas obligaciones el año que viene”.

El actual Gobierno mantiene pues la fórmula establecida en el verano de 2012 para abonar las facturas de los planes especiales de armamento (Peas), cuando tuvo que recurrir a mitad del ejercicio a aprobar un crédito extraordinario para hacer frente a una demora casi dos años de impagos decidida por el Ejecutivo socialista saliente. Las empresas suministradoras, la mayoría multinacionales europeas, amenazaron con acciones legales por las facturas sin abonar y exigían cobrar por lo entregado antes de entrar en cualquier renegociación de los contratos.

El Ministerio de Defensa sigue con esa práctica de pagos a mitad de año con créditos extraordinarios. El último, correspondiente a 2015, se tramita todavía en el Senado y asciende a los 846 millones de euros para pagar los programas de los cazas Eurofighter, helicópteros Tigre y NH-90 o carros Pizarro. Son cifras que, de incluirse en los presupuestos ordinarios del departamento (5.785 millones para 2016) desequilibrarían todas sus cuentas.

Desde 2012, el Ejecutivo lleva abonados por ese procedimiento un total de 3.542 millones de euros. Argüelles explicó en el Congreso que dentro de la “reprogramación” de los Peas lograda hace dos años Defensa logre ahorrar otros 200 millones de euros de la factura total.