Por tierra, mar y aire: viajes gratis sin justificar para los parlamentarios españoles

Los diputados y senadores españoles tienen derecho, como parlamentarios, a viajar gratis por todo el territorio nacional a cargo de los fondos públicos, como hizo José Antonio Monago cuando era senador, que viajó 32 veces a Canarias en año y medio y el Senado, que es el que paga, no le rinde cuentas. Pese a que tanto el Congreso como el Senado no detallan qué viajes hacen sus señorías ni por qué, los reglamentos de ambas Cámaras otorgan libertad a diputados y senadores para viajar por toda España sin justificar, en avión, tren, autobús, taxi o barco. Cada parlamentario tiene también a su disposición una tarjeta de taxi con un crédito de 3.000 euros al año para cubrir los desplazamientos en Madrid y aparcamiento gratuito en cualquier parking de la red de los aeropuertos de Aena. También a costa del contribuyente.

Las dos cámaras representativas facilitan el trabajo de sus parlamentarios poniendo a su servicio toda clase de facilidades par que el transporte entre su circunscripción y su escaño no sea nunca un problema. El Parlamento mantiene acuerdos con Renfe e Iberia para sufragar directamente esos viajes. En el caso de los vuelos, por ejemplo, la Cámara Baja tiene un convenio suscrito con Iberia según el cual los parlamentarios viajan en clase business si bien el precio que abona la Cámara es el de clase turista. La empresa cobra directamente el billete desde el Congreso, no pasa por las manos del diputado.

En 2013, las cuentas de la Cámara Baja preveían una partida de 6,7 millones de euros para sufragar los gastos en tren y la tarjeta Visa Corporate BBVA, válida para el pago en aviones y autopistas. En el Anteproyecto de Presupuesto del Congreso del ejercicio pasado se incluyó por primera vez el coste de aparcamiento de los diputados en los aeropuertos de la red de Aena, y se reservó para este punto 558.900 euros. La tarjeta personalizada permite controlar el gasto concreto que realiza cada parlamentario y que, después, se factura a las Cortes Generales.

Con la firma de este convenio, Aena ofrece unos precios con descuentos en función del número de abonados suscritos a estas tarjetas, como hace con otras grandes empresas. Al cierre de 2012, el gasto en aparcamiento de sus señorías ascendía a 155.000 euros. El Parlamento también se hace cargo de los gastos de kilometraje de aquellos diputados que viajen en coche propio en desplazamientos oficiales. Un gasto que, en 2013, estuvo presupuestado en 600.000 euros, la misma cantidad que se destinó en 2012.

Los diputados gozan, por último, de un bono de taxi con un gasto máximo de 3.000 euros al año. Un apartado al que se destina 850.000 euros anuales. Tanto el Congreso como el Senado se resisten a detallar cómo se elabora el presupuesto que se destina a que sus señorías viajen gratis por todo el territorio nacional. Asimismo, se limitan a asegurar a que se confía en el comportamiento ético de quienes son “servidores públicos”. Por eso, creen ciegamente en que todos hagan un uso responsable de los medios de transporte que utilizan para moverse y que costean las arcas públicas.

“Es el funcionamiento habitual”

El Parlamento modifica el gasto que se destina a este fin cada año, ya que se ajusta al gasto realizado en cada ejercicio, dependiendo de las necesidades personales de sus señorías. La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó ayer tras el Consejo de Ministros que ésta es la dinámica de funcionamiento habitual de las Cámaras y, de momento, no piensan hacer nada para modificarlo, cuando se le ha preguntado por los supuestos viajes privados del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, cuando era senador, a costa del erario público.

“A sus explicaciones nos atenemos y a la dinámica de funcionamiento normal de las cámaras durante todo este tiempo", añadió Santamaría, que admitió desconocersi la Ley de Transparencia, que entra en vigor en diciembre, permitirá que información sobre esos viajes sea pública, ya que será decisión de las Cortes, que son un poder independiente del Ejecutivo. “El poder legislativo se rige por sus propios reglamentos”, zanjó.