El juez de Palma José Castro lleva meses meditando la decisión que tomó ayer. Desde que en mayo de 2013 la Audiencia Provincial de Baleares le ordenara retirar la imputación de la infanta Cristina de Borbón como cooperadora necesaria de todos los delitos presuntamente cometidos por su marido, el instructor no ha cesado para recopilar todos los datos posibles para poder volver a imputarla y que ha expuesto uno a uno en el auto. En esa ocasión, el tribunal le dijo que si encontraba indicios de delitos fiscales o blanqueo de capitales podría actuar de nuevo contra ella. Dicho y hecho. Ocho meses ha tardado en conseguir todas las pruebas que necesitaba para poder volver a citarla, y finalmente lo ha hecho. Eso sí, con el único apoyo de una de las acusaciones (Manos Limpias) y la total oposición del fiscal del caso, con el que ha trabajado codo con codo en toda la investigación.

El instructor no alcanza a comprender por qué tiene que dar tantas explicaciones a la hora de imputar a la hija del Rey ya que entiende que el trato judicial debe ser el mismo. Pero lo cierto es que a la mayoría de los imputados de esta pieza separada desgajada del Palma Arena los ha citado con una simple providencia, mientras que con la Infanta ha tenido que emplear 227 folios. Todo un auténtico tratado de Derecho, como él mismo señala en su resolución. (Lea aquí la segunda parte)

Se ha visto obligado después de la oposición del fiscal, de la Abogacía del Estado, de las críticas exteriores y del anterior auto de la Audiencia Provincial a redactar un auto motivando cada detalle. Y hace una reflexión: “Cuando finalice la instrucción de esta pieza separada y se vuelva a la normalidad procesal, quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, trámite éste que por millares se viene llevando a cabo de cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal”.

Entre otras cosas, se ha visto obligado a tan extenso dictamen ante el último escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que informaba en contra de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin. Le acusa de querer actuar contra ella por motivaciones ajenas a la legalidad perdiendo, según el juez, las formas “y eso no es deseable”. Le reprocha que dijera que tenía expectativas personales, pero Castro indica que ha preferido no prestar atención a esas acusaciones porque su expectativa no va más allá de su “forzosa y tediosa” jubilación.

Hace otra contundente declaración al fiscal: en caso de existir esas expectativas personales, no habría suspendido la primera vez que la imputó la fecha del interrogatorio para que decidiera la Audiencia Provincial ni habría dado ahora dos meses hasta la declaración para que el mismo tribunal resuelva antes de la fecha.

Cuando acusa el fiscal de querer imputar a la Infanta por lo que es y por su condición de miembro de la Casa Real, Castro, con un evidente enfado, le señala que en todo caso el trato desigual se está dando a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, porque desde el principio ha estado imputada mientras veía que la mujer de su socio, en condiciones similares, no lo estaba.

Además, reprocha la actitud del Ministerio Fiscal de oponerse a la imputación de la Infanta porque, a su juicio, no hay pruebas contra ella. Para Castro, el fiscal “se empecina en el debate de si en este momento Doña Cristina de Borbón es culpable o inocente, que en una esfera competencial sería tanto como calibrar si los elementos de juicio con que hoy cuenta posibilitarían el dirigir o no contra ella la acusación, cuando ese trámite, si es que ha de llegar, ya se verá tras su declaración, y en su caso, la práctica de diligencias indispensables que de la misma pudieran derivarse”.

Toda la carne en el asador

Castro sabe que esta es la última opción que tiene para poder interrogar a la Infanta porque la instrucción de esta pieza está a punto de concluir. Por eso, ha puesto toda la carne en el asador. No se ha dejado ni una coma para explicar, principalmente a la Audiencia Provincial de Baleares, por qué debe ser imputada. La mercantil Aizoon fue creada como empresa pantalla para desviar parte de los beneficios obtenidos de contratos públicos adjudicados al Instituto Nóos. Urdangarin ha cometido delitos fiscales y de blanqueo de capitales en Aizoon, que se ha utilizado para pagar los gastos personalísimos del matrimonio. Y si Urdangarin lo ha podido cometer, su mujer también, porque tiene el 50% de la compañía.

El juez se opone radicalmente a la idea de que Cristina de Borbón era una mujer florero que desconocía totalmente lo que hacía su marido. Tiene formación suficiente para preguntarse de dónde salía el dinero que se gastaba, por qué se alquilaba su propio domicilio como oficina si la empresa no tenía actividad real o por qué Aizoón tenía el mismo domicilio social que una cantidad de empresas del entramado de su marido y el socio de este.

El juez Castro llega a los juzgados de Palma. (EFE)El juez Castro llega a los juzgados de Palma. (EFE)No se puede permitir, según el instructor, la afirmación de la defensa de la Infanta acerca de que el dinero del que se lucró para su exclusivo beneficio y el de su marido era justo el que provenía de única actividad regular que tenía Aizoon “por la sencilla razón de que, siendo notorio que los dispendios superaron a los muy escasos ingresos, es matemáticamente imposible sostener tal afirmación”.

Línea de interrogatorio

En su auto el magistrado ya deja entrever cuál va a ser la línea del interrogatorio, en caso que la Audiencia Provincial se lo permita. Dice Castro que sería conveniente que la hija de los Reyes explicara, entre otras muchas cosas, por qué en diciembre de 2006 Aizoon transfiere a una cuenta del matrimonio dos pagos, uno de 125.000 euros y otro de 25.000, para ese mismo día transferir la cantidad total a otra cuenta cuyo titular es Urdangarin, a la que ella puede acceder libremente. Para el instructor eso es una simulación de compra-venta de acciones, cuyo conocimiento debía tener necesariamente la imputada.

Sea cual sea el objetivo real por el que se creó Aizoon, lo que para el juez es incuestionable es que no podría haber tenido lugar sin la decisiva intervención de los dos únicos socios porque la sola disidencia de cualquier de ellos “la hubiera hecho jurídicamente imposible”.

Castro ha puesto encima de la mesa todos los informes de la Agencia Tributaria, todas las declaraciones de imputados que reconocen la participación de la Infanta, hasta su servicio de limpieza, a quien pagaba en ‘negro’; todas las facturas cargadas a Aizoon, y hasta llega a recordar cómo se ha consentido que un préstamo de 1,2 millones de euros que le hizo el Rey se declarara como donación, algo que no será investigado porque está prescrito. Es decir, no sólo han utilizado para sus gastos personales el dinero conseguido por contratos del Instituto Nóos, supuestamente una fundación sin ánimo de lucro, sino que se el matrimonio se desgravó de Hacienda todo lo que pudo.

Las incógnitas no resueltas

El juez busca una respuesta a todas esas sospechas. Se ha quedado al descubierto y ahora la Infanta sabe perfectamente lo que el instructor quiere de ella. En el auto especifica claramente este particular: con qué conocimientos contables o fiscales cuenta; si al margen de que la administración formal de Aizoon la ostentara su esposo, ella tenía o no alguna intervención fáctica en la gestión cotidiana de la entidad que al 50% compartían; el grado de confianza que depositara en su cónyuge o los recelos que pudiera abrigar sobre sus actividades; y dada la fungibilidad del dinero del que se lucraban, si el concreto efectivo que incorporaba a su patrimonio era el derivado de las muy escasas actividades lícitas del Instituto Nóos y Aizoon o de las incomparables mayores supuestamente delictivas.

También deberá aclarar qué tipo de dinero era del que estaba en cada momento disponiendo en su beneficio; y, si en los momentos lúdicos que a buen seguro compartiera el matrimonio Urdangarin-Borbón con el de Torres-Tejeiro cualquier comentario que se deslizara sobre los negocios en los que se afanaban determinaba a Doña Cristina de Borbón a ausentarse inmediatamente de la reunión para así quedar al margen de cualquier conversación al respecto. “Inopia, en palabras de Diego Torres”, destaca el instructor.