El fiscal pide no imputar a la Infanta: “No se puede castigar a nadie por lo que es”

La Fiscalía Anticorrupción, culminado el plazo de cinco días dado por el juez Ruz, ha informado en contra de imputar a la infanta Cristina y acusa al juez de Palma José Castro de centrar su investigación en la hija del Rey y en la empresa Aizoón, de la que es titular junto a su marido, Iñaki Urdangarin.

En un duro escrito, el fiscal señala que "es un principio básico del Derecho penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho". El fiscal sostiene que de los últimos informes de la Agencia Tributaria y de la UDEF queda corroborada la conclusión de "inexistencia de indicios incriminatorios de los que pudieran derivarse la imputación" de Doña Cristina.

El Ministerio Público apunta que Castroha desarrollado durante los últimos meses una intensa actividad investigadora centrada "exclusivamente" en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados por Doña Cristina de Borbón a la misma. Sin embargo, "resulta cuando menos llamativo que dicha investigación no se haya extendido, en los mismos términos e intensidad", a las mercantiles Shiriaimasu, Virtual Strategy e Instituto Strategies Innovation, sociedades participadas por Ana María Tejeiro, mujer del socio de Urdangarin e imputado, Diego Torres, así como a los gastos personales imputados por esta a dichas mercantiles.

"Resulta igualmente llamativo que, al parecer, no se aplique la teoría del levantamiento del velo a Aizoon y sí a las mercantiles participadas por Tejeiro. Conviene recordar que, como consecuencia del levantamiento del velo, la Agencia Tributaria descartó la participación de aquella en un delito contra la Hacienda Pública al centrarse el presunto fraude fiscal en el IRPF de su cónyuge", apunta en su escrito.

EL fiscal insiste en que es todavía más llamativo que el juez haya ordenado la liquidación de la cuota íntegra del impuesto de sociedades de Aizoon y no se haya solicitado la liquidación fiscal por el mismo concepto respecto de las sociedades antes mencionadas, siendo así que todas ellas conforman el entramado societario vinculado al Grupo Nóos. "En un Estado de Derecho, ante circunstancias idénticas, la respuesta judicial debe ser idéntica, de modo que el objeto de la investigación penal sean las personas por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición".

Po otro lado,el fiscal pide que se abra una investigación a aquellos inspectores de Hacienda que han puesto en duda el papel de la institución, a la que han acusado de manipular facturas para evitar la inculpación de la infanta. "Acusar a los Inspectores de la AEAT en funciones de auxilio judicial de manipular los datos fiscales es una imputación grave, gratuita y falsa", destaca en su escrito.

Es"gratuita y falsa porque además de no corresponderse con la realidad no se halla refrendada por ningún elemento de prueba que la sustente" y por eso se ve en la obligación de amparar en las funciones de auxilio judicial a los profesionales que las desarrollan. "Lo contrario conllevaría un permanente estado de indefensión y tolerar conductas que interfieren y pervierten el proceso penal, haciendo del mismo el escenario perfecto para dar publicidad a intereses ajenos a él", recalca.

De ahí que interesela apertura de diligencias previas respecto al responsable de GESTHA, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales y sus autores en relación a la imputación de falsedades en el tratamiento de los datos fiscales de Aizzon y sus socios.

La Abogacía también se opone

Por otro lado, la Abogacía del Estado se ha opuesto a la imputación de la Infanta al considerar que de lo desprendido hasta ahora no se puede desprender que haya indicios de delito fiscal. La única acusación que ha pedido la imputación de la hija del Rey es el sindicato Manos Limpias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. Previsiblemente, el juez Castro decidirá a principios de enero si finalmente la imputa o, por el contrario, rechaza abrir una investigación contra ella.