El Gobierno deja el futuro de los etarras en manos de los tribunales españoles

El Gobierno va a dejar toda la responsabilidad sobre la interpretación del fallo de Estrasburgo contra la doctrina Parot en manos de los tribunales españoles. Según los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el veredicto no deja ningún margen de maniobra al Ejecutivo para evitar que los reclusos a los que se les ha prolongado la estancia en la cárcel gracias al cómputo del Tribunal Supremo puedan solicitar inmediatamente la revisión de su condena y lograr su libertad.

Ambos ministros han comparecido este lunes en rueda prensa en el Ministerio de Justicia. Aunque el dictamen de Estrasburgo se centra en el caso de la etarra Inés del Río, tanto Ruiz Gallardón como Fernández Díaz han coincidido en admitir que tendrá efectos en todos los reclusos que se encuentran en la misma situación. “España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto se trata de una decisión que obliga a todos los poderes del Estado”, ha afirmado el ministro de Justicia. Además, “el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias del TEDH que afecten al cumplimiento de una sentencia deben de ser observadas por los tribunales españoles”, ha recordado Ruiz Gallardón.

El proceso para el estudio de la situación de cada uno de los reclusos no entraña mayor dificultad. Sus defensas sólo tendrán que presentar recursos de revisión ante los tribunales que les condenaron. El ministro de Justicia ha adelantado que “el Ministerio Fiscal va a hacer un estudio profundo de cada uno de los casos para estudiar si es de aplicación la resolución de Estrasburgo” aunque, en último término, será “la Audiencia Nacional y en su caso las respectivas audiencias provinciales las que” tengan la última palabra sobre el futuro de estos presos.

El ministro del Interior ha preferido no dar la cifra de reclusos que podría lograr ahora la excarcelación “porque depende de los tribunales”, ha insistido. Pero Fernández Díaz ha admitido que puedebeneficiarse del fallo un número “significado de delincuentes”, entre los que figuran más de un centenar de etarras, casi una decena de miembros de los Grapo y una veintena de violadores y asesinos en serie.

En su día, Fernández Díaz prometió que en caso de una sentencia desfavorable de Estrasburgo como la que se ha conocido este lunes su departamento trabajaría para aplicar algún tipo de “ingeniería legal” que impidiera una excarcelación masiva de criminales. Sin embargo, el ministro del Interior asegura ahora que el Gobierno no dispone de ninguna herramienta legal para impedir la salida a la calle de Inés del Río y del resto de reclusos que intente seguir sus pasos. No obstante, el máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha asegurado que está “vigilante para evitar que puedan producirse actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas” como resultado de la aplicación del dictamen del TEDH.

Sí habrá más margen, según Ruiz Gallardón, en el pago de las indemnizaciones a los presos que recurran. El fallo de Estrasburgo condena a España a pagar a la etarra Inés del Río una compensación de 30.000 euros y otros 1.500 euros en concepto de costas procesales. Pero, según el ministro de Justicia, el Estado no abonará esa cantidad porque la terrorista tiene una deuda superior con las arcas públicas. En el momento de la sentencia, Inés del Río se declaró insolvente y no sufragó a sus víctimas el importe por responsabilidad civil que le impuso la Justicia. El Estado corrió subsidiariamente con esos gastos. Ahora, según el ministro de Justicia, “se aplicará directamente la compensación”, restando a la deuda que la etarra aún tiene contraída con el erario la indemnización que ha impuesto Estrasburgo. Lo mismo ocurrirá en el resto de casos.

Ambos ministros han admitido que los reclusos que logren la libertad no podrán ser sometidos a ningún tipo de control especial, una situación que también afecta a los violadores o asesinos en serie no reinsertados que puedan salir ahora a la calle.

“El Gobierno no va a variar un ápice la política antiterrorista, al margen de cómo la apliquen los tribunales de Justicia”, ha defendido Ruiz Gallardón. “No altera la intención del Gobierno de conseguir la disolución total de ETA”, ha concluido igualmente Fernández Díaz.